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La furia se apoderó de las calles cuando el gobierno de Iván Duque propuso una reforma tributaria para financiar las arcas fiscales tras el impacto económico de la pandemia.
Esa reforma, duramente criticada por opositores y partidarios del gobierno, no logró ni el apoyo político ni el apoyo popular que pretendía conseguir, y terminó detonando un gigantesco estallido social.
Bajo la presión de las protestas, el ejecutivo se vio forzado a sepultar una reforma que, entre otras cosas, afectaba a la clase media y subía el gravamen a algunos productos de primera necesidad.
Así fue como las riendas del Ministerio de Hacienda quedaron en manos de un nuevo ministro, José Manuel Restrepo, quien ahora está a cargo de lograr el mayor consenso posible para sacar adelante una nueva reforma tributaria que no encienda la hoguera del descontento social.
Difícultades
Pero el camino está difícil. No solo por las distintas visiones sobre quiénes deben pagar la cuenta fiscal que ha dejado la pandemia, sino también porque el país lleva dos semanas sumido en el caos.
En las protestas han muerto al menos 27 personas, según la Defensoría del Pueblo, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que hay más de 40 víctimas fatales y cientos de heridos desde que comenzaron las movilizaciones.
Sindicatos y organizaciones sociales agrupadas en el Comité Nacional del Paro han participado en una reunión con el presidente Duque, la cual no generó ningún acuerdo.
Y como falta menos de un año para las elecciones parlamentarias y presidenciales, los políticos de todos los sectores están jugando sus cartas con mucho cuidado para no perder a su base electoral.
En ese contexto, agravado por una tercera ola de contagios que tiene a las Unidades de Cuidados Intensivos de los Hospitales casi al límite, el país buscará avanzar en la creación de una nueva reforma tributaria que le permita aumentar la recaudación fiscal tras un año de pandemia en quebajaron los ingresos y se dispararon los gastos.
Con la pandemia se disparó la deuda
Aunque no hay consenso sobre cómo debería ser una nueva reforma, en lo que sí está de acuerdo la mayoría de los actores sociales, políticos y empresariales es que el país necesita "con urgencia" aumentar sus ingresos fiscales tras una histórica contracción económica de 6,8% del Producto Interno Bruto, PIB, en 2020.
Como aumentó el gasto fiscal para responder a la emergencia y no subieron los ingresos que llegan a las arcas fiscales, el país incrementó su nivel de deuda desde un 52% del PIB hasta un 65% del PIB.
Y el déficit fiscal escaló de un 2,5% a un 7,8% del PIB. Para Colombia, ese nivel de déficit y ese nivel de deuda son altísimos.
Hay otras economías desarrolladas como Japón o Estados Unidos que están mucho más endeudadas, pero como se trata de países sólidos frente a los ojos de los mercados internacionales, no les afecta mayormente.
En cambio, para los países latinoamericanos, es un problema cuando sube la deuda porque las agencias calificadoras de riesgo inmediatamente los castigan.
Eso significa que cuando resultan mal evaluados, el crédito se encarece y terminan pagando tasas de interés más altas.
Es por eso que muchos economistas colombianos argumentan que es necesario sacar dinero de alguna parte para cumplir con los compromisos adquiridos y, al mismo tiempo, seguir financiando el gasto.
"Hay que conseguir los recursos suficientes para estabilizar la deuda en el largo plazo", dice en diálogo con BBC Mundo Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol.
"Si no se hace una reforma tributaria y se mantienen los gastos actuales, la deuda aumentaría", apunta.
Desde su perspectiva lo ideal habría sido proponer una reforma mucho más simple y moderada, que buscara recaudar solo el 1% del PIB y con el foco puesto en aumentar el gravamen a las empresas.
"No hay que subirle los impuestos a la clase media. Eso fue un grave error", sostiene el economista.
La reforma de Duque buscaba recaudar cerca de un 2% del PIB. En cambio ahora el gobierno ha tenido que bajar sus expectativas y se ha abierto a la posibilidad de conseguir recursos equivalentes a un 1,4% del PIB.
El nuevo ministro de Hacienda ha dado señales de que esta vez no estaría sobre la mesa la idea de ampliar los gravámenes a un grupo más amplio de la población, es decir, aparentemente los tributos a la clase media podrían quedar fuera de la nueva propuesta.
"Quienes sí pagan, seguirán pagando. Y quienes ganan más, pagarán más", afirmó Restrepo, en un mensaje que podría ser visto como un giro significativo respecto a la iniciativa anterior.
"Está claro que sin recursos no hay programas sociales. Necesitamos una reforma para esto y para estabilizar las finanzas públicas", apuntó.
"Una olla a presión"
Si a los efectos de la recesión se suma el descontento por la desigualdad que históricamente ha afectado a Colombia y el profundo dolor de las familias por los 78.000 muertos que ha dejado pandemia, las posibilidades de un estallido estaban latentes.
"Era una olla a presión sin válvula de escape", sostiene Salomón Kalmanovitz, profesor emérito de Economía en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
Según el académico, el país necesita una nueva reforma tributaria, pero una reforma que sea "menos agresiva".
"Si no hace una nueva reforma, no tendremos cómo financiar la necesidades de la población". Por eso, explica, "la carga fundamental debería estar en las empresas y las personas más ricas".
El desafío actual es que las demandas sociales han escalado mucho más allá de la discusión sobre qué impuestos subir.
Representantes del Comité Nacional del Paro han presentado una lista de peticiones que incluyen el retiro de un proyecto de reforma de salud; renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual, subsidios a las pequeñas empresas, matrícula educativa gratuita, fin de las privatizaciones y defensa de la producción nacional, entre otras.
Los manifestantes han propuesto financiar las peticiones con préstamos al Banco de La República, así como el uso de reservas internacionales, renegociación de la deuda externa y eliminación de exenciones tributarias a las grandes empresas y los capitales individuales, además de los recursos que puede generar el control de la evasión, los paraísos fiscales y la corrupción.
Con este nuevo escenario, si el gobierno tenía un problema de financiamiento antes de presentar la reforma tributaria, ahora tiene uno mucho mayor con la presión de las huelgas, bloqueos y protestas callejeras.
En este tenso ambiente, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, presentó su propio plan de reforma tributaria, que considera un mayor aporte de las empresas a las finanzas públicas.
En concreto, el gremio planteó aplazar una reducción de la tarifa de renta corporativa; suspender el descuento del Impuesto de Industria y Comercio, ICA, en renta; y mantener por dos años un impuesto al patrimonio.
"Una reforma minimalista"
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, Minas y Energía, Transporte y Desarrollo Económico, asegura que es urgente hacer una reforma tributaria para evitar que las firmas calificadoras de riesgo le quiten a Colombia el llamado "grado de inversión", que le permite al país acceder a condiciones de crédito más favorables.
El segundo elemento, agrega en diálogo con BBC Mundo, es que producto de la pandemia se han creado gastos adicionales que "no será facil desmontar" en el corto plazo.
"No será facil echar para atrás algunos de los subsidios que se han entregado, especialmente las transferencias monetarias". Entonces, explica en conversación con BBC Mundo, el reto es cómo financiar ese gasto social adicional y cómo disminuir el déficit fiscal.
"La única salida es que los sectores con mayor capacidad económica de Colombia asuman ese esfuerzo". Lo ideal, agrega, es "hacer una reforma minimalista, que sea progresiva y que tenga un carácter redistributivo".
Según Luis Fernando Mejía, director ejecutivo del centro de estudios Fedesarrollo, exdirector del Departamento Nacional de Planeación y exdirector de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, el país necesita una reforma fiscal para disminuir el déficit fiscal y la deuda.
"La pandemia ha sido la última gota que rebosó la copa de las finanzas públicas", le dice el economista a BBC Mundo.
Si no se hace una reforma, sostiene, se encarecería el crédito y podría haber una salida de capitales. Sin embargo ahora, "la principal preocupación de los inversionistas es que se aclare el panorama político y social".
El acuerdo que se podría lograr en las conversaciones actuales sobre una futura reforma, agrega, es que sea menos ambiciosa y más focalizada en cambiar los tratamientos preferenciales que se habían entregado a las empresas.
Al problema de sostenibilidad fiscal, dice Marcela Eslava, decada de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, se suma un descontento generalizado con el actual sistema tributario actual.
"Tenemos un sistema poco progresivo en un país con una desigualdad muy elevada y que está lleno de ineficiencias", sostiene.
Esos dos factores hacían que la reforma tributaria fuese muy importante le dice a BBC Mundo, pero con las movilizaciones actuales, se ve más difícil conseguir un acuerdo.
"Hoy la reforma tributaria no es la fuente de la movilización social, creo que es más bien un detonante". Por eso, argumenta, los potenciales no pueden desconocer el descontento social.
"Pero si no hacemos una reforma, el riesgo es que tendremos una deuda más costosa, una posible depreciación del peso, y no se podrán financiar algunos de los programas sociales", señala la economista.
Programas sociales que surgieron para mitigar algunos de los efectos de la pandemia, que ha disparado la pobreza a un 42,5% y la extrema pobreza a un 15,1% en 2020, según el Departamento Administrativo de Estadística Nacional, DANE.
El riesgo político de los ajustes fiscales
Es posible, dicen analistas, que las protestas detonadas por la reforma tributaria en Colombia marquen el inicio de nuevas manifestaciones en otras naciones de América Latina.
El fundamento detrás de esta hipótesis es que el estallido social que comenzó a fines de 2019 en varios países de la región, solo quedó en pausa debido a la pandemia.
Por lo tanto, cuando los gobiernos comiencen a hacer ajustes fiscales, la gente volverá a las calles. El problema de fondo es que los paquetes de estímulo fiscal no van a durar para siempre, pero el hambre y la miseria desatadas por la pandemia no desaparecerán de la noche a la mañana.
Estos rescates fiscales para enfrentar la crisis alcanzaron, en promedio, un 7,9% del PIB en América Latina, según el Fondo Monetario Internacional, aunque con una gran variación entre países.
Colombia, por ejemplo, gastó un equivalente al 4,1% de su PIB. Brasil (8,8%), Chile (8,2%), Perú (7,3%) y Bolivia (5,1%) inyectaron más recursos.
Pero países como Argentina (3,9%) México (0,7%) y Ecuador (0,7%) gastaron menos.
La mayor parte de esos estímulos fiscales fueron financiados con deuda. Y las deudas, más tarde o más temprano, hay que pagarlas. Es por eso que uno de los retos que enfrentarán las economías de la región será resolver el problema del financiamiento fiscal.
¿Cortar gastos?, ¿subir impuestos? En el fondo, la gran pregunta es quién va a pagar el costo de la pandemia.
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