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Beijing.— Hong Kong protagonizó ayer una gran manifestación contra una ley auspiciada por el gobierno, que pretende aprobar la extradición de personas a China para afrontar cargos en dicha nación.
Desde que la isla dejó de ser una colonia británica (1997) no se había registrado una movilización tan amplia. La policía informó que 240 mil personas participaron, mientras el diario South China Morning Post reportó hasta 500 mil. En la concentración, no obstante, uno de los organizadores detalló que se encontraban más de un millón.
Entre las estrechas calles, decenas de miles de personas se movilizaron hacia el parque central. Esta protesta ocurre tres días antes de que el gobierno hongkonés lleve la propuesta al Poder Legislativo en un intento de avalarla el fin de mes.
Pese al rechazo general de la ley que permitiría a Beijing acceder a los casos judiciales de “fugitivos” en territorio hongkonés, Carrie Lam, jefa del Ejecutivo en Hong Kong, insistió en seguir adelante con el proyecto de ley. Los críticos afirman que el sistema legal chino no garantizaría los mismos derechos que en Hong Kong, una región semiautónoma, además de que la nación restaría sus avances en independencia y podría afectar muy negativamente a la economía local.
“¿Qué podemos hacer para que Carrie Lam nos escuche, cuánta gente tiene que salir para que se replantee escuchar al público?”, preguntó Miu Wong, un oficinista de 24 años que se sumó a la protesta.
Otro manifestante, cuyo nombre no quiso exponer, agregó: “Es nuestra última oportunidad de defender nuestro hermoso país”, al tiempo que resaltó la importancia de esta manifestación, la primera a la que acude. Más noche, los inconformes chocaron con la policía hongkonesa sin que se haya reportado ningún lesionado de gravedad.
Entre las consignas coreadas por los manifestantes estaban: “¡Opónganse a la extradición a China!”, “¡Desechen la malvada ley!” o “¡Carrie Lam, dimite!”. A Hong Kong se le garantizó el derecho a conservar sus propios sistemas sociales, legales y políticos durante los 50 años posteriores a su traspaso del gobierno británico al chino en 1997, en el marco llamado “un país, dos sistemas”.
Sin embargo, el gobernante Partido Comunista de China ha sido visto como cada vez más renegado de ese acuerdo al forzar cambios legales impopulares. Actualmente, la isla limita tales extradiciones a las jurisdicciones con las que tiene acuerdos de extradición existentes o a otros en forma individual, según una ley aprobada antes de 1997.
China fue excluida debido a las preocupaciones sobre su historial en materia de independencia legal y derechos humanos.
La opositora del Consejo Legislativo de Hong Kong, Claudia Mo, dijo a la radio-televisión de RTHK que el gobierno chino busca “asimilar a Hong Kong y convertirla en una de sus numerosas ciudades”.
“Hong Kong se está hundiendo rápido, como un pequeño bote, pero no vamos a dejar que esto suceda: vamos a luchar contra eso”, agregó.
Con la ley aprobada, en teoría, los tribunales locales revisarían los casos de manera individual y podrían usar poder de veto para impedir ciertas extradiciones, pero para el Ejecutivo hongkonés la iniciativa intenta tapar un vacío legal.
El profesor de la Universidad de Hong Kong y miembro del Comité de Leyes Fundamentales, Albert Chen explicó que el gobierno hongkonés ha introducido una serie de salvaguardas para casos sensibles a nivel político.
Según Chen, Beijing “seguramente se contenga mucho a la hora de solicitar la extradición de gente involucrada en casos políticamente sensibles”.
“Bajo estos supuestos, creo que no quedan dudas de que la gente involucrada en los eventos del 4 de junio de 1989 la masacre de Tiananmen] recibirá la protección de estos artículos y no sería extraditada aunque el gobierno central lo solicitara”, indicó.
