El líder independentista catalán Carlos Puigdemont, huido de la Justicia española desde hace tres meses, fue propuesto hoy por el Parlamento de esa región como candidato para presidir el nuevo Gobierno autonómico, cargo que se votará en un debate a celebrarse a finales de mes.
La candidatura de Puigdemont fue anunciada mientras el expresidente regional catalán participaba en un debate en la Universidad de Copenhague, ciudad a la que viajó desde Bruselas con la incertidumbre de si el Tribunal Supremo de España activaría una orden europea de detención en su contra, una posibilidad que se había barajado desde este domingo y que finalmente no se produjo.
El líder secesionista (PDeCAT, centroderecha independentista) huyó a Bruselas el 30 de octubre, tres días después de que el Parlamento autonómico catalán aprobara una declaración ilegal de independencia, que supuso el cese del Ejecutivo que presidía y la disolución de la Cámara regional.
Desde entonces ha permanecido en la capital belga junto a los cuatro consejeros que viajaron con él para evitar comparecer ante la Justicia española, que les imputa los presuntos cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, por lo que serían detenidos si regresaran a España.
El de hoy era el primer viaje de Puigdemont fuera de Bruselas y la Fiscalía española, tal y como avisó este domingo, solicitó al Tribunal Supremo la reactivación de la orden europea de detención en su contra, que fue rechazada por el Alto Tribunal.
En un primer momento, la Justicia española dictó sendas órdenes europeas contra Puigdemont y sus cuatro colaboradores, pero el magistrado Pablo Llanera decidió retirarlas el 5 de diciembre pasado.
Llarena consideró que se debían retirar las órdenes emitidas por la Audiencia Nacional en su día porque podrían condicionar la evolución de la investigación y los posibles delitos por los que se pueda procesar a los imputados.
Los delitos de rebelión y la sedición no están recogidos en el ordenamiento jurídico de Bélgica , lo que impedía que Puigdemont fuera entregado por las autoridades belgas para su procesamiento en España por estos motivos.
Llanera rechazó hoy cursar de nuevo esa euroorden al considerar que Puigdemont busca precisamente ser detenido para encontrar un resquicio legal que le permita delegar su voto en el Parlamento de Cataluña, del que es diputado elegido en los comicios regionales del 21 de diciembre pasado.
El magistrado alega también, que una petición de entrega precipitada podría limitar los delitos por los que en un futuro podrá ser juzgado en España.
En las elecciones regionales los partidos independentistas lograron 70 de los 135 escaños de la Cámara, lo que les garantiza la mayoría absoluta, aunque en número de votos las elecciones fueron ganadas por Ciudadanos (36 escaños), partido defensor de la unidad de España.
Puigdemont es el aspirante que cuenta con "más apoyos" tras la ronda de contactos realizada en los últimos días con los diferentes partidos representados en la cámara regional, según dijo hoy su presidente, el independentista Roger Torrent (ERC, republicanos de izquierda).
El candidato huido sopesa la vía de una investidura a distancia o delegada, de modo que intervenga a través de videoconferencia o que su discurso sea leído por otro parlamentario afín.
El Gobierno español rechaza esa opción y la recurrirá ante la Justicia, a la vez que los letrados jurídicos de la Cámara regional catalana también han asegurado que esa posibilidad no es conforme a derecho.
Torrent ha enviado una carta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy (PP, centroderecha), al que ha pedido una reunión para abordar la "situación anómala que vive el Parlament" por tener diputados en prisión o en Bélgica, acusados de delitos como rebelión, sedición o malversación de fondos.
Además de a Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos con él en Bruselas, otros tres diputados electos están en prisión preventiva en España por los mismos supuestos delitos, entre ellos el anterior vicepresidente catalán Oriol Junqueras (ERC).
El magistrado Llanera permitió delegar su voto a los encarcelados en la sesión constitutiva del Parlamento catalán, el pasado 17 de enero, algo que no hizo con Puigdemont, quien deberá regresar a España si quiere participar en la formación del nuevo gobierno.
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