San José.— Sin importar ideologías, la persecución contra la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer+ (LGBTTTIQ+) siempre proliferó en América Latina y el Caribe y los ejemplos abundaron desde hace más de 60 años.
En 2024, el presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, desató una política para desmontar en su país lo que definió como “marxismo cultural”, prohibió el lenguaje inclusivo y con perspectiva de género y cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
En 1963, el entonces primer ministro de Cuba, Fidel Castro (1926-2016), desencadenó una batida contra lo que identificó como “pepillos, hijos de burgueses” a los que reprochó que “andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos”. “Algunos de ellos”, narró Castro en un acto público con un mensaje que también perjudicó a los roqueros, “con una guitarrita en actitudes ‘elvispreslianas’ y han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre”.
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En 2022, Honduras registró el año más violento contra la comunidad LGBTTTIQ+ con el asesinato de 41 personas, frente a 29 en 2021; 20 en 2020; 40 en 2019; 30 en 2018 y 34 en 2017, según el (estatal) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
En 2023, un comando de la policía gubernamental de Venezuela irrumpió a un baño sauna autodefinido como gay en Valencia, en el área central de ese país, y arrestó a 33 hombres por ultraje al pudor, agavillamiento o asociación ilícita y contaminación sónica.
Al conmemorarse ayer el Día Internacional del Orgullo, que rememoró una redada policial en 1969 en un barrio de Nueva York contra los colectivos homosexuales y comenzó a festejarse hace más de 50 años, los ejemplos de Argentina, Cuba, Honduras y Venezuela exhibieron una realidad: América Latina y el Caribe mostró avances y retrocesos en los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, al lograr reformas legales o sepultarlas.
“En Argentina, la violencia se exacerba en un contexto en el cual se incrementaron los discursos que incitan al odio, discriminan y deshumanizan a las personas por su identidad de género u orientación sexual”, advirtió ayer Amnistía Internacional (AI), organización mundial no estatal de derechos humanos con sede en Londres.
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En un documento que envió a EL UNIVERSAL, precisó que “preocupa profundamente que estas narrativas son realizadas y avaladas por el gobierno nacional, lo que profundiza un caldo de cultivo para los crímenes de odio”.
En defensa de sus políticas, el gobierno de Milei alegó que el Instituto clausurado entró a la lista de los que “no sirven para nada”. Cuba mantuvo sus leyes restrictivas hasta 2022, cuando las modificó para permitir cambios como autorizar la unión civil entre personas del mismo sexo.
El cuestionado gobierno autodenominado socialista de Nicaragua, que asumió en 2007, usó el fuerte hostigamiento a los grupos LGBTTTIQ+ como otra vía de represión política al menos desde hace 15 años.
A partir de 2018 en Nicaragua “se vio una oleada de represión contra cualquier expresión opositora y las personas LGBT claramente estábamos dentro de su lista negra”, aseguró la activista nicaragüense La Damaso Vargas, gestora de casos para la (no estatal) Mesa de Articulación LGBTIQ+ Capítulo Costa Rica.
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“La dictadura nicaragüense (…) nunca demostró un compromiso real por los derechos humanos de personas LGBT. Por el contrario, en 2013 en Nicaragua se aprobó un código de la familia en el que literalmente se expuso que familia es sólo hombre, mujer e hijos”, relató Vargas a este diario.
“Son patrones de violencia de la dictadura exacerbados por la orientación sexual e identidad de género” y por ser opositores, subrayó.
En otro extremo político, el gobierno del presidente de El Salvador, el derechista Nayib Bukele, eliminó en su primer periodo, de 2019 a 2024, una Secretaría de Inclusión Social y una dirección de diversidad sexual sobre salud, seguridad o educación. Bukele se convirtió desde al menos 2022 en símbolo de la represión criminal, sin discriminar en las calles a inocentes.
Al advertir de un retroceso de 10 años con Bukele, la (no estatal) Federación Salvadoreña LGBTI denunció desde 2022 que las demandas de su comunidad están fuera de la agenda oficial en una sociedad violenta y “homolesbobitransfóbica” y reprochó que el gobierno cerrara las negociaciones sobre discriminación laboral o abuso policial a su colectivo.