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Ginebra.- Desde que hace un año el Tribunal Supremo de EU derogara la protección federal del derecho al aborto, hasta 14 estados lo han prohibido y millones de mujeres están en riesgo ante el "alarmante deterioro del acceso a la salud reproductiva y sexual", advirtieron hoy expertos en derechos humanos de la ONU.
"Han desmantelado 50 años de protección previa del derecho al aborto en el país, poniendo en grave riesgo a millones de mujeres y niñas", subrayaron los expertos en un comunicado.
Agregaron que estas prohibiciones podrían derivar en "violaciones de los derechos de las mujeres a la privacidad, la integridad y autonomía física, la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión y creencia", entre otras.
Los colectivos más afectados por estas normas antiabortistas son las mujeres y niñas de comunidades marginadas, minorías raciales y étnicas, inmigrantes, con algún tipo de discapacidad, de hogares con rentas bajas, así como aquéllas que se encuentran en relaciones abusivas o en áreas rurales, según recalcaron los expertos.
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Criminalizar el aborto; ven consecuencias legales para médicos
Además, doctores y sanitarios estadounidenses se pueden enfrentar a consecuencias legales incluso si participan en procesos relacionados con abortos médicamente necesarios o que salvan vidas o la mera extirpación de tejido fetal de mujeres que han sufrido abortos espontáneos incompletos, denunciaron.
También se mostraron particularmente alarmados por los crecientes informes de amenazas de muerte a los proveedores de servicios de aborto en diversas partes de Estados Unidos.
Además, agregaron, los intentos de criminalizar el aborto en muchos estados ha disuadido a muchas mujeres y niñas a la hora de acudir al sistema sanitario en busca de cuidado prenatal.
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Por otro lado, según los expertos, las autoridades encargadas de hacer cumplir estas medidas restrictivas tienen cada vez un acceso más fácil a los datos electrónicos de aquellas personas que buscan clínicas que practican abortos, sin necesidad de contar con una orden judicial.
"Instamos a los gobiernos federal y estatales a tomar medidas para revertir la regresión que está sufriendo el sistema legislativo y promulgar medidas positivas para garantizar el acceso a un aborto seguro y legal", concluyeron.
Entre los firmantes del comunicado figuran los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra la Mujer, y los relatores especiales de libertad de credo (Nazila Ghanea), contra la tortura (Alice Jill Edwards), o de protección de los derechos de los migrantes (Felipe González Morales), entre otros.
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mcc
