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Un juez federal de Brasilia ordenó ayer la retención del pasaporte del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado el miércoles a 12 años de prisión por corrupción, y le prohibió salir de Brasil, informaron fuentes oficiales.
La determinación, que ya fue comunicada a la Policía Federal, responsable por el control en las aduanas de los aeropuertos, se produjo pocas horas antes del viaje que el ex jefe de Estado tiene planeado a Etiopía para participar en un evento sobre el combate al hambre en el mundo organizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco de la Trigésima Cumbre de la Unión Africana.
La orden fue dictada por el juez décimo federal de Brasilia, Ricardo Leite, en un proceso diferente al que concluyó el miércoles con la condena de Lula, y confirmada por la Policía Federal y el Ministerio de Justicia.
“El director general de la Policía Federal, Fernando Segovia, comunicó por teléfono en la noche del jueves al ministro de Justicia, Torquato Jardim, la decisión de la Justicia Federal de impedir que el ex presidente abandone el país”, según la asesoría de prensa del Ministerio.
De acuerdo con la misma fuente, el ministro le pidió al director de la Policía Federal que comunique a Lula de la decisión en su residencia para evitarle situaciones embarazosas.
La orden de retención del pasaporte fue emitida por el juez de Brasilia que investiga las acusaciones contra Lula por supuesto tráfico de influencias en el proceso que concluyó con la decisión del gobierno de Brasil de adquirir 36 caza bombarderos de la empresa sueca Saab. Lula fue imputado en este proceso en diciembre de 2016 luego de que el juez considerara como procedentes las acusaciones de que el ex presidente intervino en la elección del vencedor de la millonaria licitación en su condición de ex jefe de Estado y gracias a influencia que tenía en el gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff.
Este es uno de los siete procesos judiciales que afronta Lula, en su mayoría por corrupción y en uno de los cuales fue condenado el miércoles en segunda instancia a 12 años y un meses de prisión.
La decisión, aunque es apelable, complica las opciones del ex mandatario (2003-2010) para disputar las elecciones presidenciales de octubre próximo.
Pese a la decisión judicial, la dirección ejecutiva nacional del Partido de los Trabajadores (PT) anunció ayer de forma unánime la decisión de postular a Lula como su candidato en las presidenciales de octubre.
“No hay un plan B a la candidatura de Lula”, indicó la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann. “Lula es el plan A al Z”.
“Yo acepto la designación de precandidato del Partido de los Trabajadores”, respondió el ex líder sindicalista, de 72 años, quien precisó que la candidatura “no puede depender sólo de Lula” e instó al partido a seguir luchando ante “un hecho indeseado”, como una inhabilitación política o su ingreso en prisión.
El apoyo internacional al ex dirigente brasileño continuó. La cancillería de Cuba reiteró vía Twitter su “respaldo y solidaridad con el compañero Lula, objeto de la más feroz persecución política y judicial para impedir su candidatura”.
El ex presidente uruguayo José Mujica dijo que lo ocurrido en Brasil confirma la intención de mantener un sistema conservador, mientras que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo que “¡Elecciones sin Lula son un fraude!”.
