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Nueva York y otros 15 estados pueden demandar al presidente estadounidense Donald Trump para impedirle eliminar gradualmente el programa que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños, revelaron ayer medios nacionales.
El juez federal de Distrito Nicholas Garaufis determinó el jueves que la decisión del gobierno de Trump de eliminar gradualmente el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) puede ser objeto de una revisión judicial, permitiendo que se mantengan vigentes dos demandas en contra de la medida, en lo que se decide una apelación.
El gobierno anunció el pasado mes de septiembre el fin del programa implementado en la administración de Barack Obama, y que concede permisos temporales de residencia legal en EU a unos 800 mil jóvenes, a quienes además les da permiso de estudiar y trabajar. El DACA verá su fin el 5 de marzo.
De inmediato diversos estados interpusieron demandas, pero el Departamento de Justicia solicitó que dichas demandas fueran desestimadas bajo los argumentos de que el DACA era “inconstitucional” porque se aprobó en 2012 por decreto y de que por ese mismo hecho de ser decreto, la decisión de cancelarlo no era “revisable”.
Garaufis determinó que este argumento no era convincente y que, en cambio, sí lo es el de los estados demandantes en cuanto a que el fin del DACA afectaría a empresas y universidades.
En tanto, activistas expresaron ayer en el estado de Arizona, fronterizo con México, su rechazo al programa federal “Streamline”, diseñado como estrategia contra la inmigración indocumentada y al que tildaron de “símbolo tangible de la militarización” y “criminalización” en la frontera.
En 2005, el gobierno de Estados Unidos estableció la “Operación Streamline” como una estrategia de “cero tolerancia” para la inmigración indocumentada y por la que los migrantes detenidos son procesados en una corte federal por haber cruzado la frontera de manera ilegal. Eduardo García, del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA Watch), dijo que el operativo revela “las fallas al debido proceso para las personas que vienen a buscar asilo en EU”.
Concentrados en los exteriores de una corte federal en Tucson, Arizona, los manifestantes portaron carteles que pedían un alto a la militarización de la frontera, a la construcción de un muro fronterizo y la criminalización de los inmigrantes.
La administración de Donald Trump anunció que en el sector Tucson, específicamente en el área de Nogales, todos los indocumentados arrestados serán procesados bajo los protocolos de Streamline, sin importar si no cuentan con antecedentes penales o si es la primera vez que intentan cruzar la frontera de manera ilegal. Hoy y mañana habrá otra demostración masiva en Nogales, Arizona.