Bruselas.— A la magistrada Socorro Flores Liera se le ve contenta a su arribo a la capital de la justicia, La Haya, en donde como primera mexicana jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), tiene la encomienda de procesar a personas que hayan cometido genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad desde 2002.
“Es un enorme honor el haber sido electa jueza de la CPI. He tenido una carrera en la que una gran parte de mi vida ha estado dedicada a estos temas, derechos humanos, derecho internacional humanitario”, dice a EL UNIVERSAL la jueza Socorro Flores.
“Tuve el gran privilegio de ser parte de la delegación de México que negoció el Estatuto de Roma y hoy estar en la Corte es un gran privilegio y una culminación de una carrera que ha estado encaminada al campo de la justicia internacional”.
En la primera entrevista concedida a un medio desde su nombramiento, la egresada en Derecho de la Universidad Iberoamericana habla de su aportación, los desafíos que enfrenta la instancia judicial, así como de la determinación que existe para actuar ante la omisión de un Estado frente a los crímenes más graves del derecho internacional.
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¿Para México, como uno de los principales promotores del Estatuto de Roma, qué representa su nombramiento?
—Tanto para mí como para México ha sido un verdadero honor la elección. Las muestras que he recibido por parte de muchas comunidades en México han sido muy positivas. Creo que para México también es una buena noticia. Al iniciar mi función como jueza terminé la relación con el gobierno mexicano, ahora soy una jueza independiente, pero sin duda, ha sido un gran gusto para el país. Todos estamos muy contentos y con una misión muy importante que llevar a cabo en mi caso personal.
Estuvo involucrada en el caso “Avena” (juicio en el que México enfrentó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a derechos de connacionales condenados a muerte) y en la creación de la Corte. ¿Cuál será su contribución?
—Espero contribuir a lo que es la justicia penal internacional. La Corte tiene un mandato muy concreto, que es la erradicación de la impunidad por los crímenes más graves, eso ha sido lo que motivó su establecimiento y eso es precisamente a lo que quiero contribuir. En eso voy a poner toda mi dedicación y esfuerzo.
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A pie de calle pocos saben de la Corte. Refrésquenos la memoria: ¿Por qué es relevante?
—La Corte tiene un objetivo muy concreto, que es erradicar la impunidad por la comisión de los crímenes más graves de trascendencia internacional. No es cualquier crimen, estamos hablando de una magnitud muy particular. Además esta Corte lo que busca es complementar los sistemas judiciales nacionales. Es importante que todos conozcan qué es lo que hace esta institución, porque lo que se busca es hacer justicia para las víctimas. Cuando hablamos de crímenes de trascendencia internacional, estamos hablando de crímenes en donde hay una gran cantidad de víctimas, y no podemos olvidar que uno de los objetivos es la justicia para las víctimas. Ciertamente esta institución no puede conocerse del todo, los juicios internacionales son complejos; sin embargo, el mensaje de la erradicación de la impunidad es algo que debe estar en la mente de todos. Esto es lo que busca hacer la Corte y yo quiero contribuir a ello.
La Corte vio luz en 2002 y al día de hoy sólo ha emitido 10 condenas. ¿Por qué la lentitud?
—Los juicios internacionales son complicados. La Corte está en La Haya, las conductas se cometen en otros países; se requiere del apoyo de los Estados y la comunidad internacional para llevar a cabo las investigaciones. Hablar con las víctimas, los testigos, poder traer a los acusados a La Haya para ser juzgados, son aspectos sumamente complicados que dificultan el trabajo de la Corte. Pero si vemos los tiempos, el Estatuto se adoptó en 1998 y entró en vigor en 2002, un tiempo récord si vemos lo que tardan los tratados internacionales para poder entrar en vigor. Esto demuestra que hay un apoyo importante de los Estados; hoy son 123 los que son parte. En ese sentido, los juicios que tiene, las 35 órdenes de arresto emitidas, 17 personas en La Haya y sus primeras sentencias, es algo importante. Lo relevante es que a lo largo de los años de funcionamiento la misma Corte ha venido perfeccionando su dinámica de trabajo para tratar que los tiempos sean más cortos, pero para que tenga éxito necesita de la colaboración de los Estados y esa no siempre es tan clara como sería deseable.
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¿Más bien la dinámica no la marca la Fiscalía? Desde 2011 ha recibido comunicaciones por supuestos delitos de lesa humanidad en México. Al día de hoy los demandantes no tienen respuesta. ¿Por qué la lentitud?
—Voy llegando y no conozco el trabajo detallado que lleva la fiscalía. Tampoco puedo mencionar sobre situaciones complejas, pero lo que sí puedo decir es que es un esfuerzo complejo porque son involucradas muchísimas partes en el marco de los procedimientos.
¿Pero si la fiscalía decidiera atraer un caso, sea Bolivia, Venezuela o México, la Corte estaría dispuesta a examinarlo?
—Por supuesto, el Estatuto es muy claro y las reglas que ha aprobado la Corte claramente definen que hay un deber de investigar, y cuando hay elementos suficientes es cuando se inicia los procedimientos propiamente dichos. La Corte es muy transparente en el trabajo que va haciendo, todo va en conformidad con las propias normas que rigen su funcionamiento.
¿Esos son los desafíos de la Corte, y como juez?
—El mayor desafío es acelerar los procedimientos y contar con la colaboración de los Estados para poder llevar a cabo ese trabajo. La colaboración de los Estados es fundamental para que cualquier institución internacional pueda tener éxito en su trabajo.
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Y hablando de cooperación, vemos que en algunos países de América Latina hay un esfuerzo por controlar el sistema judicial, incluyendo la Suprema Corte, colocando jueces a modo del Ejecutivo. ¿Es algo que preocupa en la Corte?
—La Corte hace su función judicial y no puede estarse pronunciando sobre lo que hacen los Estados, se pronuncia sobre los casos que son llevados a su consideración sobre la base de las disposiciones que están en su estatuto. Hay una figura muy importante dentro del estatuto; la Corte es complementaria, la Corte complementa los sistemas judiciales nacionales, eso significa que la responsabilidad primordial por sancionar conductas está en los Estados.
Cuando los Estados no llevan a cabo esta tarea, sea porque no quieren o no pueden, corresponde a la Corte llevar a cabo las investigaciones y procesar a los responsables. Aquí el objetivo es la erradicación de la impunidad, y esa es la guía y orientación clara de la Corte, la fiscal y los jueces. La tarea es compleja, larga, pero el fin es claro, erradicar la impunidad.
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¿Entonces intervendrán ante crímenes atroces si los Estados no actúan por omisión o falta de voluntad?
—Le corresponde a los Estados hacer su parte, cuando no la hacen, habrá una institución encargada de ello, de contribuir a erradicar la impunidad. Porque lo que no se puede permitir es que conductas como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o agresión ocurran y no pase nada.
¿Está sirviendo la Corte como herramienta disuasoria para que no se cometan esos crímenes?
—Voy llegando a La Haya y no tengo elementos para contestar con claridad, pero lo que sí puedo decir es que la Corte está lista, dispuesta y haciendo su función.