Bruselas.— La organización Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anticipa una escalada de la violencia contra autoridades locales de gobierno y funcionarios de la administración pública en México con motivo de la carrera electoral rumbo a 2024.

El centro de análisis de datos, cuya actividad cuenta con el financiamiento de instancias como el Ministerio de Exteriores de Holanda, sostiene en una investigación que hay sólidos indicadores de que la violencia contra autoridades públicas está asociada a ciclos electorales.

Indica que algunos de los niveles más altos de violencia se registraron en 2018, durante las elecciones generales de México, y en 2021, en las elecciones federales, estatales y municipales. Desde 2018, ACLED contabiliza el asesinato de más de 200 exfuncionarios electos a nivel regional y local.

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“Los motivos de los perpetradores siguen siendo desconocidos en la mayoría de los casos, en medio de una alta tasa de impunidad. A falta de responsabilidad oficial, la violencia suele etiquetarse como obra de grupos de delincuencia organizada”.

Las alarmas están encendidas rumbo a la próxima disputa de cargos públicos, incluyendo la Presidencia de la República. El panorama ya es preocupante: entre enero y mayo de 2023, ACLED suma más de 100 hechos violentos, lo que supone un aumento de 32% en comparación con los niveles registrados durante el mismo periodo de 2022.

“Es probable que las próximas elecciones generales, previstas para junio de 2024, exacerben las tensiones y aumenten los riesgos de violencia”, indica el análisis. Sostiene que los funcionarios y candidatos locales están especialmente en riesgo, y la competencia por asegurarse un escaño electoral podría agravar aún más estas amenazas. Indica que las reformas al Instituto Nacional Electoral podrían crear un terreno fértil para el descontento y los conflictos electorales en torno a los resultados de la votación. En particular, la reforma de febrero de 2023 establece disposiciones para recortes presupuestarios y de personal, lo que conllevará a una reducción de la capacidad de supervisión y arbitraje.

“El presidente López Obrador ha impulsado la reforma y ha criticado abiertamente a la institución, acusándola de parcialidad y de no haber abordado anteriores denuncias de fraude en elecciones en las que él participó. Es probable que estas críticas deslegitimen aún más al INE como recurso institucional en caso de conflicto electoral”. La advertencia es resultado de un nuevo proyecto destinado a medir la violencia contra oficiales locales. El programa arrancó examinando los casos de México, Ucrania, Brasil, Sudáfrica, Filipinas y la Unión Europea.

El análisis sobre México fue elaborado por Sandra Pellegrini, especialista para América Latina de ACLED y fue presentado el miércoles en un foro celebrado en formato virtual.

Durante su intervención, Pellegrini destacó las limitantes para identificar a los responsables detrás de la información recaudada. Señaló que la impunidad, la falta de capacidades de investigación y la autocensura, son algunos de los obstáculos por los que no se puede señalar a los autores, y por tanto, impartir justicia.

Entre 2018 y 2022, ACLED contabilizó alrededor de mil sucesos de violencia dirigidos contra funcionarios locales en México. Los ataques directos representan alrededor de 62%, seguidos por agresiones durante manifestaciones, 15% del total; turbas violentas, 7%; desapariciones forzadas y saqueos, 6%, respectivamente.

Tan sólo el año pasado, el país registró 182 incidentes, muy por encima de los 167 identificados en Ucrania, país sumergido desde febrero de 2022 en una guerra a gran escala provocada por el presidente ruso Vladimir Putin.

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Reemplazo de funcionarios

El reporte indica que ningún estado está libre de violencia, aunque no se trata de una problemática uniforme. En Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Veracruz, hay más probabilidad de que los incidentes estén asociados a la delincuencia organizada, mientras que en Chiapas y Oaxaca, dos de las entidades con los niveles más elevados de violencia en la materia, influyen otros factores, como las disputas locales, la competencia entre élites y la debilidad de los mecanismos de protección de los funcionarios públicos.

“En Oaxaca, ACLED registra más de 100 eventos de violencia dirigidos a funcionarios locales entre 2018 y 2022, pero el estado no figura entre los más violentos cuando se analizan los eventos de violencia política probablemente relacionados con la actividad de las bandas criminales. Más que relacionada con bandas criminales, la violencia en este estado puede atribuirse en parte a disputas políticas”.

Durante la presentación del informe, los expertos resaltaron que detrás de las agresiones se persiguen múltiples objetivos, como el reemplazo del funcionario y el control sobre la población.

Reiteraron que estos hechos no deben desestimarse, pues impactan en el funcionamiento del Estado, dañan la credibilidad de la autoridad local y desaniman la participación en la vida pública. Para poner alto al fenómeno, Sandra Pellegrini propone abordar los altos niveles de impunidad realizando investigaciones, identificando y procesando a los responsables de la violencia; reforzando la cooperación a todos los niveles y fortaleciendo los mecanismos de protección a través de la identificación de riesgos para prevenir futuros incidentes.