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San José. – Los cárteles mexicanos y colombianos del narcotráfico, que abastecen cuatro quintas partes del consumo mundial de cocaína , enfrentarán en 2021 una reducción de la disponibilidad en Colombia de la materia prima vital para su multimillonario negocio: la hoja de coca.
Colombia, principal productor global de cocaína con el 80% de su generación, erradicó 130 mil hectáreas de hoja de coca en 2020 por vía manual, forzosa o voluntaria en una labor militar y policial, tras registrar 177 mil hectáreas en agosto de 2018.
Las cifras, suministradas a EL UNIVERSAL por el Ministerio de Defensa de Colombia, precisaron que en 2019 fueron eliminadas 100 mil hectáreas. Una práctica recurrente mostró que los campesinos colombianos volvieron a sembrar luego de que sus arbustos fueron eliminados, a la fuerza o por pago.
La reducción observada desde que Iván Duque asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2018 impactará en la actividad —sembrar y recolectar hojas y producir, almacenar, transportar y vender cocaína— de los cárteles mexicanos con mayor presencia en Colombia: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el remanente de los Beltrán Leyva.
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Aliados a colombianos, ecuatorianos, peruanos y brasileños y atados a la producción de Colombia, los cárteles mexicanos surten a los grandes y más costosos centros de consumo del alcaloide en Estados Unidos y Europa, a los más pequeños y baratos en América Latina y el Caribe y a los intermedios en África, China y Oceanía.
El efecto de la disminución de hectáreas en la oferta de cocaína “no va a ser probablemente despreciable”, adujo el economista colombiano Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, de Bogotá.
“La pasta que se obtiene de esas hojas se puede guardar un tiempo. Se conoce muy poco si ha habido fluctuaciones importantes en el precio de la hoja, pero estaba muy barata hasta hace poco tiempo: eso indica cierta abundancia en la oferta”, dijo Restrepo a este diario.
Si disminuye la superficie, dijo, “no necesariamente significa que habrá escasez del insumo (hojas) y reducción en producción y oferta de cocaína. (El negocio) tiene gran cantidad de poleas que operan en simultáneo”.
Presión
Ante la imparable multiplicación de siembras y de cocaína desde 2013, el gobierno de Estados Unidos presionó a Bogotá y en junio de 2018 advirtió que, según sus cálculos, los cultivos crecieron en Colombia de 188 mil hectáreas en 2016 a 209 mil en 2017. “Inaceptable”, sentenció Washington.
Por el asedio de Estados Unidos, “Duque se sintió obligado a bajar la cantidad de hectáreas”, explicó la periodista venezolana Maibort Petit, radicada en Nueva York, investigadora de casos de corrupción y veterana de la cobertura de los juicios a los más importantes narcotraficantes latinoamericanos y caribeños en esa ciudad.
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“En Colombia se redujo la materia prima y en Bolivia se incrementó. Bolivia toma espacio del mercado, mientras los cárteles compiten con las drogas sintéticas, que vienen de China”, describió a EL UNIVERSAL.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó el 20 de julio pasado que Bolivia aumentó en 10% en 2019 sus cultivos de hoja, al pasar de 23 mil 100 hectáreas en 2018, a 25 mil 500 el año pasado.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), ligada a la Organización de Naciones Unidas, aseguró en febrero de 2020 que Colombia produjo mil 120 toneladas de cocaína en 2019.
Con medición distinta, los datos de la JIFE y de EU nunca calzan. Un reporte que el gobierno de Costa Rica recibió en 2017 de la DEA, agencia antidroga de EU, y que compartió con este diario, reveló que la producción de cocaína de ese año llegó a tres mil 300 toneladas, en un pronóstico inicial de dos mil 400, y a mil 700 en 2016 y mil 200 en 2015.
Ataque
Por el Plan Colombia de Washington y Bogotá, pactado en 1999 para la lucha contrainsurgente, antidroga y anticrimen e impulso social y ejecutado de 2000 a 2015, se bajó de 180 mil hectáreas en el primer año a unas 40 mil en 2010 y a unas 48 mil en 2013, mediante fumigación aérea, según datos oficiales.
“El error histórico inmenso” ocurrió en 2013 en el diálogo de Cuba entre el gobierno colombiano y la entonces guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar con una guerra que estalló en 1964, aseveró el ministro de Defensa de ese país, Carlos Trujillo.
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En la negociación de 2012 a 2016 en Cuba para elaborar el acuerdo de paz que rige desde diciembre de 2016, las FARC pidieron en 2013 al gobierno suspender la fumigación aérea con glifosato, lo que se concretó entre ese año y 2014. Un fallo constitucional de Colombia ordenó en 2015 cancelar el uso de ese herbicida por riesgo a la salud.
“Íbamos bien cuando se suspendió la aspersión aérea y le dio vida a un discurso justificativo de la siembra de cultivos ilícitos y se puso en práctica una política de incentivos perversos que hizo creer a los campesinos que recibirían más beneficios si tenían más hectáreas sembradas”, adujo Trujillo.
Al reprochar que con el pacto se indemnizó a los campesinos por la erradicación voluntaria y por sustituir plantaciones ilícitas por lícitas, el ministro alegó que así empezó un “crecimiento exponencial” de 48 mil hectáreas en 2013 a más de 177 mil en 2018. La cantidad de hace dos años se aproximó a dos mil.
Lamentó que se cambió una política “buena” que redujo “sustancialmente” la cantidad de hectáreas de hoja, por una “mala” que las “subió exponencialmente”.
jabf/ ed