Ginebra.— Las fuerzas de seguridad venezolanas son sospechosas de la muerte de cientos de manifestantes y los acusados de los crímenes disfrutan de inmunidad judicial, lo que indica una ausencia del Estado de derecho en el país, dijo ayer la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La oficina de derechos humanos de la ONU pidió al gobierno que lleve a los perpetradores ante la justicia y dijo que enviaría su informe a la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal abrió en febrero una investigación preliminar sobre supuestas violaciones.
El informe de la ONU mencionó relatos “creíbles e impactantes” de asesinatos extrajudiciales de hombres jóvenes durante operaciones de lucha contra el crimen en barrios pobres, llevados a cabo sin órdenes de arresto. Las fuerzas de seguridad habrían manipulado la escena para que pareciera un intercambio de disparos, dijo.
El gobierno venezolano rechazó el informe y aseveró que fue realizado con “una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad”. Aseguró que la información que el gobierno suministró fue intencionalmente descartada para “construir una grotesca farsa mediática en esta materia, en alianza con otros actores multilaterales al servicio de Washington”.
125 personas murieron en protestas en 2017, y “el fracaso a la hora de responsabilizar a las fuerzas de seguridad por violaciones de los derechos humanos sugiere que el Estado de derecho está ausente en Venezuela”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien refirió que “la impunidad debe terminar”. Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pidió establecer una comisión de investigación sobre presuntas violaciones en Venezuela.
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, aseguró que el informe de la ONU implica un “reconocimiento” a la “violación sistemática” de las libertades civiles en la nación suramericana. “Parece que en Venezuela es política de Estado la violación permanente de los derechos humanos”, dijo el parlamentario Francisco Sucre.
