San José.— Indefensos y temerosos, dos peligrosos emisarios colombianos del brazo financiero del narcotráfico de Colombia fueron linchados a latigazos por una maya guatemalteca en septiembre de 2021 en una aldea del centro-occidente de Guatemala, por amenazar de muerte a un comerciante para que pagara la cuota diaria de un préstamo “gota a gota”, un temible mecanismo de usura, extorsión, lavado de dinero y crimen organizado.
Un cobrador colombiano del riesgoso método de circulación —fácil entrega y cobro fulminante— de dinero de origen ilícito en Perú fue asesinado a balazos en mayo de este año en una calle de Lima. En ese mismo mes, y en un ajuste de cuentas del sistema “gota a gota”, el cadáver descuartizado de un adolescente venezolano, de 16 años, fue hallado dentro de una bolsa también en la capital peruana.
De México o Guatemala a Perú o de Honduras y El Salvador a Costa Rica, Argentina, Chile, Bolivia o Colombia, la modalidad del “gota a gota”, activada desde hace más de 30 años por organizaciones colombianas de la delincuencia organizada y copiada de mafias de Rusia y de Japón, se infiltró con rapidez en la década de 2010 en América Latina y el Caribe.
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“Las cosas malas y los delitos se propagan con rapidez en nuestra región”, lamentó el sociólogo peruano Fernando Rospigliosi, exministro del Interior y expresidente del (estatal) Consejo de Inteligencia de Perú.
“Este tipo de delito ha invadido a todo el continente, como el sicariato. En Perú hay venezolanos que actúan como sicarios y amenazan y asesinan a las personas que incumplen con sus pagos. Es un fenómeno muy peligroso que se está extendiendo”, dijo Rospigliosi a EL UNIVERSAL.
Con una red de prestamistas y matones que capta a personas urgidas de obtener dinero a cualquier costo, el procedimiento consiste en entregar los recursos en efectivo de manera inmediata y a elevadas tasas de interés, que podrían llegar al menos a 40%, y bajo la condición de que el pago se haga todos días o “gota a gota”. Si el deudor falla, queda expuesto a un variado menú de violentas amenazas, con asedio constante.
Acorralados por las permanentes crisis económicas en sus países, centenares de miles de latinoamericanos y caribeños lubricaron el negocio ilícito del “gota a gota” desde antes de 2020, cuando se confirmó la presencia del coronavirus en la zona.
Por el impacto negativo de la pandemia, que incrementó la pobreza, provocó una parálisis productiva y agudizó el desempleo y el subempleo, el número de víctimas de los colombianos y sus socios locales siguió creciendo durante más de 26 meses.
El aparato financiero de Colombia alertó en mayo de 2020 que unos 6.3 millones de colombianos, en unos 48.2 millones de habitantes, y numerosas microempresas son vulnerables a caer en el “gota a gota”, porque carecen de requisitos esenciales, como historial de créditos y garantías reales, para acceder al mercado formal de financiamiento.
Redes sociales como Facebook, sitios de internet y aplicaciones telefónicas son usadas para ofrecer préstamos con trámites rápidos y sencillos, pero el costo real será totalmente distinto.
Insight Crime, agrupación no estatal de Colombia que indaga sobre la delincuencia organizada transnacional, alertó en 2021 que “este problema se extiende por toda la región” y recordó que “las prácticas de préstamos a usura han prevalecido por largo tiempo”, con los “grupos criminales colombianos” como promotores de su expansión.
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El golpe del Covid-19 “ha hecho florecer más esta economía criminal, pues los proveedores y pequeños negocios que quedaron sin trabajo por las prolongadas cuarentenas están desesperados por un alivio financiero”, por lo que “se ven obligados a elegir entre la ruina financiera o préstamos con tasas de interés abusivas”, destacó.
“Los colombianos se aprovechan de pequeñas localidades”, relató, por su parte, el abogado Andrés Muñoz, expresidente del Colegio de Criminólogos de Costa Rica y analista de criminología del Organismo de Investigación Judicial, cuerpo policial del Poder Judicial de este país.
“La víctima fue inicialmente beneficiaria del dinero al asumir el riesgo de que le costaría pagar. Por necesidad, acepta y sabe que eso le puede costar la vida. Pero si carece de requisitos de crédito formal se involucra y cree que podrá pagar, pero cuando esto se le convierte en inalcanzable, los matones cobradores llegan por lo que sea”, explicó Muñoz a este diario.
“Esto es legitimación de capitales. La víctima paga en cuentas encubiertas del sistema financiero formal de las organizaciones criminales. El dinero es ilegal, del narcotráfico y de otras actividades”, precisó.
El filósofo guatemalteco Fernando Jiménez, exministro de Gobernación de Guatemala, exdirector de inteligencia civil de ese país e investigador especialista en seguridad, confirmó que el negocio proliferó en un inicio en mercados agropecuarios y de otros bienes de consumo masivo en ese y otros países de Centroamérica. Los mercados se convirtieron en bases operativas claves de los colombianos para captar clientes.
Una ley contra el blanqueo de dinero en Guatemala eliminó unas cajas bancarias oficiales que, a diario, surtían de efectivo a los comerciantes de esos mercados.
“Se les daba un préstamo que pagaban en la tarde. Al prohibirse esto, el comerciante quedó imposibilitado de obtener efectivo inmediato. Así entran estos criminales, que se aprovechan de esta circunstancia y proporcionan el préstamo inmediato con intereses altísimos”, puntualizó Jiménez.
“Pero el cobro de los préstamos está generando mucha violencia”, advirtió.
Por lo menos cuatro cobradores colombianos fueron asesinados este año en Guatemala.
Sin esperar a la justicia “de los blancos”, una aldea maya de Guatemala se tomó la ley en sus manos y retuvo y azotó a latigazos a dos cobradores colombianos que amenazaron a un comerciante para que pagara: sin mucha fuerza en sus brazos, una indígena guatemalteca los castigó y la comunidad los expulsó.
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