Guatemala.- El gobierno guatemalteco se esforzó por convencer a la población de respaldar la consulta popular , con miras a una solución definitiva del antiguo diferendo territorial con Belice .
El propio presidente Jimmy Morales encabezó la tarea de convocar a los guatemaltecos a participar en la consulta sobre el “diferendo territorial, insular y marítimo” –como denomina al tema de desencuentro con Belice- a efectuarse este domingo.
El mandatario
, en medio de una serie de temas fundamentales del país en agenda que fueron postergados, realizó una gira por numerosas localidades del país para invitar a la población a pronunciarse sobre el centenario conflicto fronterizo con el vecino Belice .
Según analistas, el gobernante habría fallado en su intento de involucrar a la población de la zona rural del país, indiferente al tema Belice y más preocupado por problemas “más próximos” como la falta de hospitales, escuelas, carreteras y apoyo para las cosechas.
Habría generado más dudas e inquietudes en una población que ahora tendría expectativas sobre una “anexión” de territorio y población beliceña, lo que el presidente Morales sin embargo desestimó en cada oportunidad.
El viernes, en un acto organizado por distintas dependencias del Ejecutivo, hasta con campesinos “acarreados” a la capital, según denunciaron emisoras capitalinas, el presidente Morales cerró su trabajo de convocatoria sobre la consulta popular con un acto “masivo” en el deportivo “Erick Barrondo”.
Expresidentes, excancilleres y representantes de sectores políticos y académicos han señalado que en términos generales la consulta popular es un primer paso para llegar a la solución definitiva del diferendo territorial con Belice.
El exvicepresidente y excanciller Eduardo Stein, consideró que a grupos del crimen organizado como narcotraficantes y dedicados a la trata de personas, entre otros, no les conviene que se definan las fronteras.
Delimitar la zona fronteriza es un tema que se ha postergado por más de 150 años y “para los intereses de los carteles –del crimen- que se benefician -con la indefinición de la frontera-, pues obviamente esperan que esto no se resuelva”, añadió.
El costo de la Consulta Popular 2018 de 300 millones de quetzales (42 millones de dólares), es también criticado por la oposición, que considera que el asunto Belice y el referéndum serían una manera de desviar la atención de los problemas “reales” del país.
El gobierno ha llamado a la población –siete millones 522 mil 920 personas inscritas en el padrón a utilizarse para la consulta- a pronunciarse “para resolver el reclamo de Guatemala sobre Belice”.
“Existe un reclamo de Guatemala sobre el territorio de Belice desde hace más de 200 años”, originado en la acción “usurpadora” de los británicos, de acuerdo con la posición oficial. “Los ingleses tomaron poco a poco territorio que por ley nos pertenecía”.
El gobierno justificó la consulta popular en la necesidad de “pedir a la Corte Internacional (de Justicia –CIJ-) que haga justicia y resuelva los derechos de Guatemala respecto de Belice”.
Al enumerar los “beneficios” de la definición de la delimitación fronteriza destacó que se evitarán más muertes de campesinos guatemaltecos en la llamada Zonta de Adyacencia entre ambos países.
Tras fijarse en forma definitiva la frontera, por el fallo inapelable y de cumplimiento obligatorio dictado por la CIJ, se propiciará un “mayor desarrollo económico” de los departamentos de Petén e Izabal y se incrementarán las relaciones comerciales y las inversiones.
El gobierno guatemalteco aspira también a una “mayor coordinación en materia de seguridad” y al “mejor aprovechamiento del turismo” entre Guatemala y Belice.
En la consulta de este domingo se presentará a los ciudadanos inscritos en el padrón una sola pregunta. Deberán responder entonces si están o no de acuerdo en que jueces internacionales resuelvan el diferendo y así “se definan las fronteras y territorios de ambos países”, indicó el Tribunal Supremo Electoral.
Añadió que “se contestará únicamente una pregunta que sirva al propósito de decidir si el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas resuelve el caso” del diferendo con Belice.
