.- El presidente de Bolivia, Luis Arce , anunció este sábado la abrogación de la ley 1386 que motivó un paro, marchas y bloqueos en diferentes regiones del país por parte de gremios y comités cívicos desde hace seis días.
En una conferencia de prensa esta noche desde la sede de Gobierno, el presidente dio a conocer la decisión porque "el país no quiere más zozobra".
"Escuchando las demandas del pueblo boliviano, las demandas sectoriales, hemos tomado la decisión de abrogar la ley 1386 a objeto de, primero, allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía, una economía que hoy está siendo dañada", dijo Arce.
El Gobierno boliviano sostuvo este sábado un diálogo con algunos sectores con el fin de desarticular las movilizaciones iniciadas el lunes por comerciantes informales, transportistas, comités cívicos y plataformas ciudadanas contra la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
El jefe de Estado afirmó que se hizo una "distinción de hechos" en torno a la ley, por una parte con los factores que estaban "inquietando a ciertos sectores sociales como transporte, o gremiales", pero consideró que "también quedaba claro que hay una agenda política en ese cuestionamiento que se ha hecho" a la norma.
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Según Arce, los transportistas y comerciantes informales que cumplieron la huelga "se han visto perjudicados en sus ingresos" y sostuvo que el Ejecutivo tiene que velar por que la economía continúe recuperándose y también "quiere paz y tranquilidad en la sociedad".
"Tenemos la obligación de cuidar la economía, la democracia y a nuestras familias bolivianas porque todo lo que ha pasado está generando miedo, zozobra e incertidumbre innecesariamente en el país producto de que hay sectores que tienen otros intereses más allá de los que marcan las necesidades e inquietudes de los sectores sociales", insistió.
El paro se inició el pasado lunes y coincidió con el primer año de Gobierno de Luis Arce. A lo largo de la semana se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía y grupos afines al oficialismo que intentaban disipar las protestas dejando un centenar de detenidos y varios heridos.
En esta jornada se cumplieron seis días de huelga en regiones como Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, el motor económico de Bolivia y donde el paro fue seguido con mayor contundencia.
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Arce compareció junto al vicepresidente David Choquehuanca y varios dirigentes sindicales afines a su Gobierno.
Su declaración estuvo precedida por los discursos de los sindicalistas, quienes lanzaron advertencias de movilizaciones para evitar el "segundo golpe de Estado" que, según el oficialismo, se estaba gestando en este conflicto similar al que consideran que sucedió durante la crisis política de 2019 .
"Pedirles que depongan la actitud a (los de) la derecha, si hasta el lunes no levantan su paro, nos obligan (a que) nosotros con nuestras propias manos vamos a levantar", dijo el dirigente campesino Ever Rojas, quien también consideró que "debe haber un análisis político coyuntural" para no permitir la "desestabilización" del Gobierno.
"No son las leyes el objetivo es desestabilizar a nuestro Gobierno, el objetivo es dar un segundo golpe de Estado (...) las organizaciones sociales no lo vamos a permitir, estamos en estado de emergencia, estamos listos a salir a las calles, pero no para ir a confrontar", señaló el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Juan Carlos Huarachi.
Más temprano, el canciller Rogelio Mayta denunció "ante la comunidad internacional" un supuesto "proceso de desestabilización" del que acusó a la oposición y comités cívicos.
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"Saludamos la decisión de nuestro hermano presidente @LuchoXBolivia de abrogar la Ley 1386 junto a las organizaciones sociales que son la base del Proceso de Cambio. Nuestra política es gobernar obedeciendo al pueblo y proteger la vida y la economía ante los aprestos golpistas", escribió en Twitter el expresidente Evo Morales.
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