El presidente regional catalán , el independentista Quim Torra , nombró este sábado un gobierno que incluye a dos políticos en prisión preventiva y a otros dos instalados en Bélgica y reclamados por la justicia española , según el decreto de nombramiento.
La formación del nuevo ejecutivo catalán
podría verse bloqueada por el gobierno central español , que mantiene la región bajo tutela desde el pasado octubre. El gabinete de Mariano Rajoy ha manifestado sus dudas sobre la legalidad de investir a políticos encarcelados o instalados en el extranjero , e insistido en que el gobierno catalán debe ser "legal y viable".
Según el decreto de nombramiento recibido por AFP, Torra restituyó en sus cargos a cuatro consejeros del anterior gobierno de Carles Puigdemont, cesado en su totalidad por Madrid el 27 de octubre de 2017, horas después de que el Parlamento de Cataluña proclamara unilateralmente la independencia de España.
Entre esos cuatro están Jordi Turull (consejero de Presidencia) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), ambos en prisión preventiva cerca de Madrid por su papel en el fallido intento de secesión unilateral del año pasado.
Los otros dos son Toni Comín (Salud) y Lluís Puig (Cultura), instalados en Bruselas y cuya extradición reclama España dentro de la misma causa. En su caso la justicia española sufrió un revés este miércoles, ya que su homóloga belga rechazó extraditarlos por "irregularidades" en las euroórdenes de entrega cursadas.
Los cuatro están acusados de rebelión, un cargo pasible de hasta 25 años de cárcel. Sus nombramientos anuncian un choque con el gobierno de Rajoy, que mantiene tuteladas las amplias competencias de la región de Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución, aplicado desde el mismo 27 de octubre pasado.
En teoría, la vigencia de dicho artículo debía levantarse en cuanto hubiera gobierno en Cataluña.
Pero ante la posibilidad de que se nombrara a políticos encarcelados o en el extranjero, los servicios jurídicos del gobierno se han activado y se han puesto a analizar la legalidad de dichos nombramientos, que podrían verse recurridos y bloqueados.
"Un consejero o ministro no puede ejercer las funciones como tal estando en prisión", apuntó en ese sentido el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, este viernes. "Factualmente no es posible", insistió.
Entre los demás integrantes del nuevo ejecutivo catalán hay varios estrechos allegados del ex presidente Puigdemont, actualmente en Alemania e igualmente reclamado por la justicia española.
Uno de ellos es Elsa Artadi, una de las líderes de su lista de derecha Juntos por Cataluña, nombrada consejera de Empresa, o Miguel Buch, nuevo consejero de Interior y por tanto responsable de la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra.
Como vicepresidente del gobierno catalán y consejero de Economía fue nombrado Pere Aragonès, dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que sucede así en el cargo al líder de este partido, Oriol Junqueras, en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión.
En la consejería de Exteriores fue nombrado otro dirigente de ERC, Ernest Maragall, hermano del socialista Pasqual Maragall, que fue presidente de Cataluña entre 2003 y 2006.
