Ocho estados de Estados Unidos presentan este lunes una demanda para bloquear una decisión de la administración de Donald Trump que permite fabricar armas de plástico con impresoras 3D, las cuales, según los críticos, serán casi imposibles de controlar.
Los fiscales generales del Partido Demócrata de Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Oregon, Washington y el distrito de Columbia se han unido en la petición , que se presenta ante un tribunal federal en Seattle.
La demanda, que buscará lograr una orden de restricción temporal a nivel nacional, argumenta que la decisión viola los derechos de los estados a regular las armas de fuego, dijeron las autoridades.
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"Esta decisión es inconstitucional. Es ilegal. Francamente es aterradora", dijo Bob Ferguson, fiscal general del estado de Washington.
"Esta medida sin precedentes no solo es desastrosa para la seguridad pública, sino que socava nuestras leyes estatales destinadas a mantener las armas de fuego lejos de personas peligrosas", agregó.
Luego de una larga batalla legal, el gobierno llegó a un acuerdo el mes pasado con Cody Wilson, un militante defensor del derecho a las armas de Texas .
Wilson argumentó con éxito que la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a la posesión de armas de fuego, debería extenderse al derecho de las personas a fabricar armas en el hogar, sin control por parte de las autoridades, ya que no tendrán número de serie.
Esto implica que cualquiera con una impresora 3D - que cuesta alrededor de 2 mil dólares y puede programarse para construir objetos de casi cualquier forma- podrá comenzar desde la próxima semana a fabricar armas con cuerpo de plástico en su casa, por unos pocos cientos de dólares cada una.
Los expertos en seguridad temen que estas armas puedan evadir los detectores de metales usados en edificios públicos y aeropuertos.
Pero los entusiastas de las armas dicen que sin algunas partes metálicas, las armas no serán confiables, e incluso podrían explotar en la cara de un usuario.
Los legisladores demócratas han criticado el acuerdo y demandado una explicación de la administración republicana, que ha apoyado los derechos de los propietarios de armas.
lsm