Washington.— Los ataques al Poder Judicial, en específico a la Suprema Corte, así como a periodistas y organizaciones civiles por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador son motivo de preocupación para Estados Unidos, que en su Informe Anual 2023 sobre Derechos Humanos resaltó el enfrentamiento con la presidenta de la Corte, Norma Piña, así como las críticas lanzadas desde la conferencia matutina, además de la impunidad que prevalece en la persecución de delitos en México.
“El presidente López Obrador y otros actores del gobierno atacaron verbalmente al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte, criticando en numerosas ocasiones a jueces que fallaron en contra de la administración”, señala el informe emitido ayer por el Departamento de Estado. En particular, señaló el caso de la presidenta del Tribunal Supremo, Norma Piña, y recordó que “en marzo [de 2023], durante una manifestación multitudinaria en Ciudad de México, partidarios del gobierno quemaron una efigie” de ella. Asimismo, aludió a otra manifestación, en mayo de ese año, encabezada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en la que “simpatizantes portaron ataúdes con los nombres de siete de los 11 magistrados del Tribunal Supremo y los acusaron de ponerse del lado de los opositores conservadores y fallar en contra de las prioridades de la administración”.
En el rubro del respeto a las libertades civiles, el reporte señaló que si bien los medios de comunicación independientes “expresaban una amplia variedad de opiniones sin restricciones”, a menudo “se autocensuraban por temor a represalias de funcionarios del gobierno y organizaciones delictivas transnacionales”.
Como en otros informes, el Departamento de Estado lamentó que se mantuvo “el descrédito oficial de los trabajadores de la prensa” y se refirió a la conferencia matutina de López Obrador, en particular al segmento Quién es quién en las mentiras. Retomó datos de la ONG Artículo 19, que en 2022 registró al menos 176 comentarios despectivos de la Oficina del Presidente dirigidos a medios de comunicación, periodistas y organizaciones civiles.
Sin cambios “significativos”
En su resumen, el reporte sobre México señala que “no hubo cambios significativos en la situación de derechos humanos” en 2023 respecto al informe del año anterior.
Entre las principales problemáticas del país que se encontraron destacan los siguientes:
— Informes fidedignos de homicidios ilegítimos o arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas.
— Tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad.
— Graves problemas con la independencia del Poder Judicial.
— Graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales sobre difamación para limitar la expresión.
— Grave corrupción en el gobierno, con “numerosos reportes de casos”, pese al esfuerzo del gobierno por “aplicar la ley”.
— Violencia de género generalizada y violencia o amenazas contra la comunidad LGBTTTIQ+.
“Los elementos delictivos, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que se tradujo en altos niveles de violencia y explotación”, indicó el documento, según el cual, a pesar de que “el gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, la mayoría quedaron sin investigar ni enjuiciar”.
De acuerdo con el reporte, en muchas partes del país las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando con connivencia con las autoridades locales.
De hecho, organizaciones internacionales y medios de comunicación informaron de casos de persecución a migrantes y solicitantes de asilo por parte de grupos delictivos y en algunos casos también por parte de la policía, funcionarios de inmigración y agentes de aduanas.
Entre los aspectos positivos que destaca sobre México están los avances en la aplicación de reformas laborales. También se incluyó la detención del exdirector de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho por poner al descubierto en 2005 la implicación del exgobernador de dicho estado, Mario Marín, en una red de trata sexual de menores de edad.
El informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo se publica desde 1977 y sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.
Sobre Rusia, se lamentó “el desprecio del Kremlin por los derechos humanos” y los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en la guerra contra Ucrania.
También se expresó preocupación por la muerte de decenas de miles de civiles palestinos en la ofensiva de Israel en Gaza, y criticó la existencia de “presos políticos” en Cuba y Nicaragua.
