Bruselas.— Naciones como Liberia, Mozambique y Venezuela están mejor capacitadas que México para afrontar la problemática de la privación de la libertad por desaparición forzada, sostiene un estudio elaborado por la Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos (HRMI, por sus siglas en inglés).
La investigación realizada por expertos en derechos humanos de la organización con sede en Nueva Zelanda fue entregada al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para su consideración en el examen que realiza a México en Ginebra.
“En lo que respecta al derecho a no sufrir desapariciones forzadas, México obtiene actualmente una puntuación de 3.0 sobre 10, con lo cual se sitúa en el rango de "muy mal". Esto significa que muchas personas en México corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada”, indica el estudio.
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“En comparación con 30 países de todo el mundo, México es uno de los países con peor puntuación en el derecho a no sufrir desapariciones forzadas, por debajo de Mozambique, Arabia Saudí y Venezuela”, agrega.
Naciones como Kazajistán, Brasil, República Democrática del Congo y Jordania, duplican en sus notas el resultado obtenido por México, con puntajes que van de 5.9 a 6.8 de 10, en una escala de menor a mayor.
Del conjunto de países, las mejores cifras las sacan Taiwán, Corea del Sur, Nepal y Malasia, con resultados que van de 8.6 a 8.1, respectivamente. Detrás de México, que se encuentra en el fondo de la clasificación, aparece China con 3.5 y Bangladesh, con 4.3 puntos.
“Preguntamos a expertos en derechos humanos de México qué personas corren especial riesgo de sufrir desaparición forzada. El 67% de los expertos afirmaron que todas las personas corren riesgo de desaparición en México”.
Aunque mucho más riesgo corren los defensores de los derechos humanos, los migrantes, las personas detenidas y los indígenas, detalla el estudio.
El documento sostiene que las malas notas de México no han cambiado significativamente desde 2017, lo que sugiere que el Gobierno no está tomando medidas eficaces para prevenir efectivamente las desapariciones forzadas.
La HRMI opera con financiamiento de actores filantrópicos como la Open Society Foundation, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda y los Ministerios de Comercio Exterior y Desarrollo del Reino Unido y Países Bajos.
La ONG está especializada en la evaluación del progreso realizado por los países en derechos humanos. Los datos generados por sus investigadores están dirigidos a impulsar mejoras en el trato del gobierno a las personas.
El documento fue elaborado en el contexto de la evaluación a México por parte del Comité de la ONU. El examen inició el miércoles y concluirá este viernes.
En la segunda sesión, los relatores de Naciones Unidas, Juan Albán Alencastro y Carmen Rosa Villa Quintana, pusieron los reflectores en el gran aumento de las desapariciones de menores.
Alarma aumento de niños desaparecidos
“Las cifras son muy preocupantes en términos de niños y niñas desaparecidos, en los últimos tiempos ha crecido enormemente en el Estado de México, Tamaulipas, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Sonora, Michoacán y Baja California”, declaró Quintana.
También resaltaron la disparidad entre el número de cadáveres no identificados en el país, 54 mil, y los indicadores actualizados presentados por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en forma de progreso y con la participación de la Guardia Nacional en lo que va del sexenio: 642 servicios en campo, 107 con caninos especializados y 71 sobrevuelos para el establecimiento de 655 perfiles genéticos y 18 personas identificadas.
“Lamentablemente las desapariciones se siguen registrando, más de 111 mil, y no me cuadran los números de desaparecidos con el número de investigaciones, siguen siendo mucho menor, no hay una proporción con los hechos”, sostuvo la relatora.
Enumeró a Jalisco como la entidad con mayor número de personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, seguido por Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán, Sonora y Guerrero.
Los expertos cuestionaron además la falta de recursos humanos y materiales para permitir la operación de las 32 comisiones locales de búsqueda, y la demora de 5 años para dotar de protocolos a la Comisión Nacional de Búsqueda y la Ley General de Búsqueda.
En la minuta, dejaron asimismo asentado que no se puede considerar como “algo bueno” la renuncia de miembros de la Comisión de la Verdad del periodo 1965-1990 por falta de apoyo.
La delegación mexicana, encabezada por la Embajadora ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Francisca Méndez Escobar, reiteró que el país avanza en la materia.
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Las autoridades de gobierno aseguraron que, contrario a los datos en poder de la Comisión, los familiares sí tienen acceso a información y los expedientes de las fiscalías, así como participan en las diligencias de campo realizadas por los ministerios públicos y otras autoridades del Estado. También las instituciones tienen capacidad de custodia de los recursos de investigación.
Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, afirmó que el fortalecimiento de las capacidades del Estado ha sido progresivo.
En forma de ejemplo, señaló que el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda pasó de 468 millones de pesos en 2018 a mil 97 millones en 2023, en tanto que la planilla aumentó de 43 elementos en 2019 a 243 en 2022.
La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, informó que atiende aproximadamente a 400 personas al mes.
En el banquillo
La primera jornada de evaluación sobre la situación mexicana, el miércoles, se centró en Política Nacional de Prevención y Erradicación de Desapariciones Forzadas.
El encuentro inició con la intervención de la Jefa de la Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Francisca Méndez Escobar, quien usó la palabra para afirmar que desde la visita del Comité “ha habido avances clave”.
Destacó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana en Morelos, la publicación de protocolos y programas, la adopción de lineamientos, la actualización del registro de personas desaparecidas y la puesta en marcha del Banco Nacional de Datos Forenses en mayo pasado.
Además dijo que hay más dinero destinado al fortalecimiento institucional, de 2018 a la fecha se incrementó en 135% el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda; para este año alcanza 63 millones de dólares y suma 200 puestos más en comparación a 2019.
En nombre del Comité tomó la palabra su Vicepresidente, el argentino Horacio Ravenna, quien dijo que “nosotros hemos notamos con preocupación que el fenómeno de la desaparición forzada sigue en aumento”.
Otra preocupación, continuó, es la crisis forense, las dificultades en la investigación, la falta de desarrollo de una ciencia y el enfoque de la militarización de la seguridad pública.
“Según la información que nosotros hemos recibido todavía existen 52 mil cadáveres no identificados, y nos parece que eso muestra que los esfuerzos, que reconocemos que el gobierno ha realizado, porque nos consta la existencia de los convenidos, el trabajo, no está dando resultado”, sostuvo Ravenna.
Por su parte, el Relator Juan Albán Alencastro, dijo que el Comité tiene información de que el índice de impunidad para el delito de desaparición forzada llegaba al 98.9% en 2021; en delitos como el secuestro superaba el 80% y al día de hoy hay 111 mil 540 desaparecidas.
“Con todos estos antecedentes, ¿cuántos casos de desaparición se encuentran en investigación? ¿Cuántos de esos casos son de desaparición forzada? ¿Qué medidas se han implementado para investigar conductas que sean obra de personas del Estado? ¿En qué medida se ha investigado las cadenas de mando dentro de las estructuras del Estado que pudieran estar involucradas en este delito?”, preguntó el profesor de la Universidad San Francisco de Quito.
Los integrantes del Comité hicieron énfasis en el ataque con explosivos registrado en julio en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, y en el que fallecieron seis personas y 14 resultaron heridas, entre ellas niños de 9 a 14 años de edad. Para Ravenna, el riesgo que enfrentan las madres buscadoras y quienes investigan las desapariciones quedó plasmado en este atentado.
Enrique Irazoque, Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el atentado en Tlajomulco fue directo contra funcionarios públicos, y no tuvo lugar en el contexto de una búsqueda.
Por su parte, al abordar el progreso en el tema de la impunidad, Martha Lidia Pérez, de la Fiscalía General de la República, informó que de los mil 833 expedientes en manos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, se emitieron 11 causas penales entre 2018 a 2021, mientras que de 2022 a 2023 “hubo un avance” de 20 carpetas de investigación judicializadas por el delito de desaparición forzada y otras cinco causas penales por distintos delitos.
Para la evaluación, el Comité recibió previamente contribuciones de organismos no gubernamentales con larga experiencia en la documentación y litigio de casos de desaparición forzada en México.
Entre la documentación enviada a Ginebra, hay un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dirigido a los integrantes del Comité con fecha del 11 de agosto.
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El texto sostiene que lamentablemente lo único que ha cambiado es la apertura del Estado mexicano a recibir a los integrantes del Comité.
Sostiene que esa apertura no ha sido acompañada de cambios, ni de la adopción de medidas para el cumplimiento de las recomendaciones. ”Por el contrario, en la cotidianidad, la situación que enfrentan las familiares de personas desaparecidas continúa siendo la misma que el Comité constató en su visita hace cerca de dos años”.
Subraya que los esfuerzos estatales no han significado que se cuente con una política estatal adecuada y efectiva para atender la crisis de desapariciones en México, como demuestra la falta de implementación de herramientas como el registro de desaparecidos y el Banco Nacional de Datos Forenses, cruciales para afrontarla.