Mérida, Yuc.— Aunque el gobierno mexicano tiene derecho a establecer las políticas de control migratorio que quiera, también debe brindar asilo y defender los derechos humanos de las personas que huyen de sus países por contextos de violencia, consideró Mark Manly, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR, por sus siglas en inglés).
Luego de su presentación en la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz que se celebra en Mérida, Yucatán, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL que “en los últimos años México se ha convertido en un país de destino para los migrantes, no sólo de tránsito, y hace falta adaptar las políticas a esa nueva realidad”.
Puso de ejemplo las solicitudes que ha recibido la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en el último año —más de 39 mil, según cifras oficiales— para enmarcar la necesidad que tienen las personas de salir de sus naciones en busca de una mejor vida.
“Nuestra apuesta es ayudar a la Comar para asegurar que tengan los cursos y la capacidad para atender esta nueva realidad. También hay otras dependencias que se tienen que responsabilizar, por ejemplo, el DIF, el Instituto Nacional de Migración (INM) y las procuradurías de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes”, dijo.
Para apoyar a la Comar a realizar su trabajo de forma más efectiva, ACNUR puso a su disposición a al menos 110 trabajadores; sin embargo, el representante de ese organismo añadió que las autoridades no sólo deben preocuparse por recibir a los solicitantes de refugio de manera más ágil, sino que deben integrarlos al sistema educativo y laboral.
“Por las personas que se acercan a México y que están viviendo una situación de violencia, hay que trabajar para asegurar la capacidad en las escuelas. Hay que hacer la vinculación de esa gente con posibilidad en el mercado laboral, esto compete a instituciones estatales y federales que ya deberían estar trabajando”.
Manly estuvo presente en Yucatán para hablar en nombre de la ACNUR, que ha sido galardonada con dos premios Nobel de la Paz en 1954 y 1981 debido a su trabajo humanitario. El defensor de los derechos de los migrantes aseveró que el aumento en el flujo migratorio hacia México se debe a motivos económicos, por reunificación familiar, por el cambio climático que altera los periodos de siembra y cosecha, y por el contexto de violencia e inseguridad que prevalece en países como Nicaragua y Venezuela.
Aunque consideró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puede desplegar a la Guardia Nacional en las fronteras del país, las acciones que realice el cuerpo de seguridad deben respetar la integridad de los extranjeros en México.
“El gobierno mexicano tiene el derecho de poner medidas de control migratoria, debe controlar la frontera, pero en ese contexto lo más importante es que las personas que están huyendo de escenas de violencia tengan acceso a territorio mexicano y accedan al procedimiento de determinación de condición de refugiado que maneja la Comar”, expresó el representante de la ACNUR.
A pesar de que no refutó la labor de la Guardia Nacional en las fronteras, compartió que le han hecho llegar al gobierno de López Obrador algunas preocupaciones que tienen, especialmente las relacionadas con niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio.
“Un tema que les hemos hecho saber es la detención. Aunque es una política heredada de administraciones anteriores, tenemos que asegurar que las familias, niños y adolescentes no acompañados no estén en estaciones migratorias. Eso requiere construir otro modelo de atención en los que debe colaborar el DIF”, dijo el funcionario.
Recordó que las mismas medidas que debe tomar México las tienen que efectuar otras naciones, puesto que en 2018 alrededor de 25 millones de personas salieron de sus países por conflictos y violaciones a derechos humanos, además de que otras 40 millones fueron desplazadas internamente en sus países.
