El periodista hondureño Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advirtió que para la libertad de expresión es peligroso que los gobiernos intenten regular a los medios de comunicación tradicionales, al igual que sean los aparatos gubernamentales los que pretendan transformarse en controladores de redes sociales.
En entrevista con EL UNIVERSAL sobre la controversia de regular o no a esas plataformas, Canahuati explica que la SIP, organización hemisférica con unas mil 300 publicaciones americanas afiliadas y con sede en Miami, Florida, emitió en 2019 en Argentina la Declaración de Salta para pronunciarse acerca del manejo de información en internet.
Canahuati se muestra preocupado por la decisión de Twitter de censurar a Donald Trump, siendo todavía presidente de Estados Unidos, y bloquear sus cuentas.
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La medida fue adoptada luego de que, el 6 de enero pasado y en un hecho sin precedentes en Estados Unidos, una multitud instigada por mensajes de Trump en internet penetró a la fuerza al Congreso, en Washington, en protesta por el supuesto y denunciado fraude que el entonces mandatario habría sufrido en los comicios de noviembre de 2020.
Canahuati preside la Organización Publicitaria, S.A. (OPSA), que edita en Honduras los periódicos El Heraldo y La Prensa, revistas y otros medios.
¿Deben regularse las redes?
—Este es un asunto nuevo e inconcluso. Es tan equivocado que alguien, a través de redes sociales y peor, un líder como un presidente de un país, incida sobre los ánimos y promueva acciones como las que pasaron el 6 de enero en Estados Unidos, como malo es bloquear permanentemente una voz, estemos de acuerdo o no con esa voz.
Es tan malo lo segundo como lo primero. La pregunta es por qué no se tomó otra medida. Se pudo borrar los mensajes de incitación, filtrarlos o un bloqueo temporal de la cuenta y luego restablecerla.
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¿Corresponde a los gobiernos asumir la regulación?
—No, estamos en total desacuerdo. Eso sería un paso para que los gobiernos controlen la libertad de expresión. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos vinculados a la libertad de expresión en un entorno digital y en uno tradicional? Básicamente es lo mismo, pero en diferentes plataformas.
No hay duda de que los gobiernos no deben controlar ni siquiera la libertad de expresión digital. Jamás deberán ser los reguladores de las redes sociales.
¿Qué piensa de que en las redes hay libertinaje y se incita al odio, a la violencia y a la pornografía?
—Es preferible exceso de libertad que restricción. No hay ninguna duda de la libertad de una persona de poder leer artículos que para otros puedan ser ofensivos. Pero esa es la libertad que debe tener esa persona, de expresar y de consumir
Debe haber alguna protección para gente vulnerable. Uno está en desacuerdo con la pornografía y la pornografía infantil, que es un delito. En principio, el derecho de una persona a expresarse, comunicar de diferentes maneras lo que piensa, debe protegerse. Y está el derecho de esa persona a consumir [esa información], con los controles de tipificación de lo que son delitos.
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Un taxi se puede usar para salvar una vida o para traficar droga. Las redes sirven para aportar información valiosa o para explotación sexual. Tampoco, por una u otra razón, deben eliminarse los taxis o las redes. ¿Cómo equilibrar esta situación?
—Los principios de libertad de expresión deben prevalecer, con el respeto al derecho de la gente a informar o a informarse, y a expresarse o a escuchar otras expresiones. Las plataformas ya son múltiples y no son una o dos, como hace unos años. Son campos nuevos que, sin duda, todavía no sabemos cómo discernir.
En la SIP defendemos que los principios y los valores de la libertad tienen que regir, sin importar cuál sea la tecnología. Hay que tomar muy en serio este debate, porque esto puede significar un cambio muy importante de cómo se informará el mundo en el futuro ante el gran poder y la gran fortaleza de las redes.
¿Cree que deberán seguir operando como hasta ahora?
—Lo sucedido a Trump remite a lo que pasó en Australia. En algo que no tiene que ver con libertad de expresión, el gobierno australiano definió (en 2020) las reglas para que Facebook opere en ese país. Esto sí tiene que ver con asuntos financieros, con el nexo de Facebook con medios de comunicación, con derechos de autor de medios y con el dinero que hace Facebook con el trabajo de un periodista de un medio al que Facebook no le paga nada.
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En respuesta, Facebook desconectó las noticias de Australia [en febrero pasado y durante cuatro días] (...) Ese es el verdadero debate. ¿Cuál es la limitación y el poder que tienen que tener estas plataformas de controlar la información? ¿Por qué una plataforma que tiene tanto impacto mundial, y no sólo en Australia o en Estados Unidos, decide qué publicar y qué no publicar? Es un asunto de libertad de expresión.