Alrededor de 300 personas llegaron el domingo a la Plaza de la Constitución para manifestarse contra el gobierno de Guatemala, luego de los disturbios y la quema de una parte del Congreso en medio de protestas contra la aprobación de un presupuesto nacional que recortó fondos a la educación, salud y lucha por los derechos humanos.
El presidente Alejandro Giammatte i no había formulado comentarios tras los hechos de violencia y la masiva protesta del sábado. La que sí lo hizo fue la Alianza por las Reformas —que aglutina a 40 organizaciones sociales— para exigir la salida del ministro de Gobierno, Gendri Reyes , debido al uso de la fuerza policial contra los manifestantes.
“Exigimos la destitución inmediata del ministro Gendri Reyes y del director de la Policía Nacional Civil, José Antonio Tzubán, quienes dieron las órdenes para reprimir a la población y que el Ministerio Púbico inicie una investigación penal en su contra”, pidió Alianza.
El sábado, un grupo de manifestantes incursionó al Congreso e incendió una parte de sus oficinas. Posteriormente, la policía disolvió con gases lacrimógenos alrededor de 10 mil personas que protestaban pacíficamente a unas cuadras en la Plaza de la Constitución.
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La protesta dejó un saldo de al menos 12 policías heridos, así como 15 de los manifestantes, dos de ellos de gravedad, más de una treintena de detenidos. La represión policial en las calles se extendió a varios departamentos del país, según reportes de los medios.
Varias personas fueron agredidas y golpeadas, entre ellos periodistas que fueron atendidos por paramédicos. Videos mostraron cómo la policía arrastraba y golpeaba a por lo menos tres mujeres que protestaban.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó la fuerte respuesta policial a las manifestaciones, al tiempo en que solicitó una investigación de los actos de vandalismo contra el Congreso.
“De acuerdo con los estándares interamericanos sobre el derecho a la protesta y los derechos humanos, los estados deben respetar la manifestación pacífica”, indicó.
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En esa misma dirección, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, dijo sentirse preocupado por las denuncias de uso excesivo policial.
“El gobierno debe respetar los derechos de los manifestantes y garantizar investigaciones creíbles sobre uso excesivo de la fuerza, así como sobre los ataques vandálicos contra el Congreso”, señaló.
La Procuraduría de Derechos Humanos, que vigiló de cerca la protesta, condenó el actuar policial y dijo que entre los heridos y detenidos hubo manifestantes y periodistas.
“Los hechos represivos representan un claro retroceso en el respeto de las libertades civiles y políticas garantizadas en la Constitución, debilitando el estado de derecho y perturbando gravemente la gobernabilidad democrática del país”, indicó.
La Procuraduría también pidió la destitución del ministro de Gobierno y del director de la Policía.
Los guatemaltecos salieron a protestar por varios motivos pero principalmente por la aprobación del presupuesto nacional para el 2021 por parte del Congreso por unos 12 mil 700 millones de dólares que según los críticos recortó fondos para la atención primaria del Covid-19, los programas de nutrición, educación y lucha por los derechos humanos, entre otros.
El Congreso también se recetó unos 65 mil dólares para comidas de diputados en el hemiciclo, algo que indignó a la población porque en ese momento la tormenta Iota entraba al país causando destrozos, dejando incomunicadas y sin alimentos a comunidades pobres, ya afectadas por el paso reciente de otro potente meteoro, Eta.
Según las autoridades, hasta el momento ambos fenómenos dejaron 59 muertos y casi 100 desaparecidos.
El Congreso también aumentó fondos a ministerios como Comunicaciones, Infraestructura y vivienda que se encargan de contratar obra pública y que han sido focos de corrupción y de botín político durante varios gobiernos.
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