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San José
.- En una medida de represalia por las sanciones que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos impusieron en los últimos 16 días a Nicaragua , el régimen gobernante nicaragüense atizó hoy la represión en contra de los signos de oposición o disidencia interna y canceló la personería jurídica de dos organizaciones no estatales de defensa de los derechos humanos y de la democracia.
La medida fue adoptada hoy por la Asamblea Nacional (Congreso unicameral), que está bajo control oficialista, a solicitud del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
La acción afectó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y a la Asociación Hagamos Democracia (HADEMOS) , organizaciones no estatales de Managua que se dedican a la promoción del respeto a las garantías civiles y ciudadanas y a las prácticas democráticas.
En un acto similar dictado este martes 11 de diciembre, la Asamblea derogó la personería jurídica del (no estatal) Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) , una institución de análisis e investigación sociopolítica con sede en Managua.
El gobierno aseguró que las tres participaron en diversas formas en las protestas callejeras que estallaron el pasado 18 de abril en Nicaragua con masivas marchas antigubernamentales opositoras que demandaron democracia, justicia y libertad y repudiaron la instalación de un régimen dinástico dictatorial y represivo en esa nación.
“Más maniobras de represión”
del gobierno de Ortega , denunció Amnistía Internacional (AI) , organización de defensa de los derechos humanos, en su cuenta de Twitter. El CENIDH es “una de las organizaciones de mayor trayectoria y legitimidad en la defensa” de los derechos humanos, añadió.
“Jamás nos rendiremos. Nicaragua vencerá”, proclamó el nicaragüense Gonzalo Carrión , abogado del CENIDH .
Las acciones legislativas se produjeron luego de que la Cámara de Representantes de EU aprobó este martes, con votos de legisladores de los partidos Republicano (oficialista) y Demócrata (opositor), una serie de nuevas sanciones económicas en contra del gobierno de Ortega , lo que cerrará fuentes de financiamiento externo a Managua , entre otros efectos directos y colaterales.
El acuerdo de la Cámara, aprobado el 27 de noviembre anterior por el Senado y pendiente solo de que sea suscrito por el presidente de EU, Donald Trump , responsabilizó a Ortega de la represión política con fuerzas policiales y paramilitares que se desató en Nicaragua a partir de abril pasado.
Ese mismo día, Trump declaró a Nicaragua como “extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional” y la política exterior estadounidense y sancionó a la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo —esposa de Ortega —, al responsabilizarla de corrupción generalizada, abuso grave de los derechos humanos y uso de la violencia indiscriminada y de tácticas represivas contra los civiles en el país centroamericano.
En el transcurso de casi ocho meses de crisis, Ortega negó haber recurrido a la represión política, advirtió que su gobierno es víctima de un golpe de Estado, con terrorismo y actos vandálicos, promovido por el gobierno de EU en asocio con las fuerzas derechistas nicaragüenses.
Los decretos que cancelaron las dos personerías jurídicas fueron remitidos con carácter de urgencia por el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación de Nicaragua , en una carta que envió el lunes pasado al diputado Gustavo Porras , presidente de la Asamblea.
De manera coincidente, ese día se conmemoró el 70 aniversario de que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por esa efeméride, cada 10 de diciembre se recuerda como el Día Internacional de los Derechos Humanos , pero el gobierno de Ortega prohibió al CENIDH y a la no estatal Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) que realizaran actos públicos.
El impedimento minimizó la fecha en Nicaragua aunque evidenció la grave situación de derechos humanos en ese país, según los activistas de derechos humanos no afines al gobierno.
Alegatos.
En la nota, Gobernación precisó que el CENIDH , registrado en 1992, “se encuentra acéfalo y en incumplimiento de distintas regulaciones financieras y legales".
Tras recordar que el objetivo del CENIDH es “defender y promover la vigencia real y efectiva de los derechos humanos para alcanzar” la justicia en Nicaragua , Gobernación planteó que las actuaciones de esa organización “han sido totalmente parcializadas hacia un sector social de la sociedad nicaragüense, ya que la luchas de los seres humanos” de ser para “toda la sociedad nicaragüense sin distingo de credo político, social y religioso”.
El CENIDH desnaturalizó su personalidad jurídica “al no actuar” apegado a los fines y objetivos por los cuales fue constituido como organismo sin fines de lucro y se le autorizó a funcionar legalmente, “como es alcanzar la paz”.
En el caso de HADEMOS , Gobernación argumentó que su registro, en 1996, fue autorizado porque sus propósitos fueron fortalecer el proceso de democratización de Nicaragua y promocionar el sentido de responsabilidad ciudadano en la toma de decisiones políticas.
Sin embargo, ese sentido fue “desnaturalizado” ya que la agrupación desnaturalizó su personería jurídica “al realizar actividades que no estaban de acuerdo a los fines y objetivos por los cuales se constituyeron en organismo sin fines de lucro y se les otorgó” el permiso legal de funcionamiento, alegó.
El esquema organizacional de HADEMOS fue utilizado “para la comisión de delitos al gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas, para el adiestramiento de grupos de personas que posteriormente participaron en las acciones desestabilizadoras del país” lanzadas desde abril pasado, adujo Gobernación.
El recuento del comportamiento está “sustentado mediante información recibida del Ministerio Público ” (Fiscalía General), como “resultado de la investigación realizada con la Policía Nacional, habiéndose violentado con esta acciones lo establecido” en los principios fundacionales de la Asociación, puntualizó.
Con respecto al IEEPP , el gobierno de Ortega le acusó, entre otros cargos, de gestionar, canalizar y facilitar fondos para la comisión de “actos terroristas” en las protestas antigubernamentales.
El diputado Edwin Castro , del oficialista y ex guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) , dijo que organizaciones como el IEEPP “se prestan para preparar, financiar asesinatos, muertes y torturas como las que tuvimos en el golpe fallido de abril”.
El prolongado conflicto surgió luego de que Ortega emitió, en abril de este año, una reforma a la seguridad social que provocó un repudio masivo y que debió ser derogada por el gobernante, aunque las protestas continuaron y derivaron en una exigencia de democracia, en una crisis sin visos de solución.
Ortega
adujo que en los choques hubo 198 muertos, pero grupos humanitarios independientes dijeron que ya son 550 pese a que otros aducen que son al menos 327.
agv
