"Gritaron en mi cara: 'Lo mataste'".
Cuando el padre de Mónica Paulus colapsó y falleció de un infarto al corazón, su hermano la acusó de asesinarlo usando brujería. La amenazaron con tortura y muerte.
"Fue impactante para mí. Todos los amigos que tenía, toda la familia, todos se alejaron de mí y me hicieron sentir como una mala persona", cuenta. "Cuando me acusaron, podía sentir la vergüenza, el estigma".
La obligaron a abandonar su ciudad y vivir en el exilio en una provincia distinta de Papúa Nueva Guinea, una nación isleña en el suroeste del Pacífico.
Pero la historia de Mónica no es única; y pudo haber sido mucho peor.
La violencia relacionada a acusaciones de brujería (SARV por sus siglas en inglés) es común en Papúa Nueva Guinea. A pesar de que no hay datos confiables disponibles para entender con qué frecuencia ocurre, las cifras del gobierno revelan aproximadamente 6.000 incidentes en los últimos 20 años.
Y aún así, estimaciones apuntan a que la cifra es más alta, con miles de víctimas -normalmente mujeres y niñas- a las que se les acusa cada año. Muchas veces son víctimas de violencia brutal y sexualizada.
Las acusaciones a menudo vienen después de muertes o enfermedades sin explicación.
"Estamos hablando de niveles extremos de violencia, de los peores que he visto", dice Stephanie McLennan, administradora senior de iniciativas asiáticas en Human Rights Watch (HRW), quien ha trabajado extensivamente la problemática SARV.
"Hay muchos ataques crueles a manos de multitudes, en los que a las víctimas se les retiene en contra de su voluntad, se les tortura, se les quema con varillas de hierro, se les quita la ropa y, muchas veces, se les asesina. Es barbarismo, realmente".
El caso de Mary Kopari llegó a los titulares internacionales este año cuando la mataron después de la muerte de un niño de 2 años.
Estaba vendiendo papas en un mercado cuando una multitud la capturó y la quemó viva. No se han presentado arrestos a pesar de que el incidente fue registrado en video y fue reportado por los medios locales.
Se ha señalado a otras mujeres, pero han logrado escaparse a la jungla, explica McLennan.
Cuando Mónica se enfrentó a su propia acusación de brujería, también logró escaparse.
"El momento en el que me acusaron de asesinar con brujería, me cortaron de todo. No necesitaban evidencia", recuerda.
"Me vetaron del funeral de mi padre, no pude participar en nada. Yo sabía que ya no iba a tener un lugar en mi familia, comunidad o tribu".
Ella cree que su hermano la acusó de brujería solamente para poder recibir la casa en herencia. Pero no todas las acusaciones tienen motivaciones financieras: muchas nacen de creencias muy arraigadas.
"La brujería está tan interiorizada en la gente", explica Mónica.
"Incluso cuando era una niña pequeña, había asesinatos, pero se aceptaban en la comunidad. Aunque la tortura a la que se les sometía no era tan terrible como lo es ahora", señala.
"Antes, asesinaban silenciosamente. Ahora a las mujeres las llevan a la calle y las crucifican. Es realmente inhumano".
Los aumentos en casos confirmados de covid-19 de los últimos dos años podrían relacionarse con los incrementos en la violencia relacionada con brujería, dice Human Rights Watch.
"Sin duda ha habido una gran preocupación de que la covid exacerbaría esta crisis. Y la crisis de la violencia de género es una crisis", enfatiza McLennan.
Y esto es porque la reticencia a la vacunación y la negación de la covid-19 son "inmensos" en el país, dice McLennan, queriendo decir que las muertes por covid son atribuidas a la brujería.
Este año, la policía rescató a una mujer y a su hija luego de que las hubieran mantenido secuestradas y las hubieran torturado, acusadas de practicar brujería cuando su esposo murió de una infección de covid-19. Según reportes locales de noticias, las mujeres, de 45 y 19 años, resultaron con fracturas en los brazos y quemaduras con varillas de hierro caliente.
El gobierno del país ha puesto en funcionamiento un comité parlamentario para afrontar esta violencia.
Su presidente, Hon Charles Abel, dice: "La violencia es un cáncer que se está comiendo a Papúa Nueva Guinea y a la comunidad. Somos un país cristiano, pero matar gente en nombre de la brujería no es una actitud cristiana".
"Están matando gente de manera brutal y esto no se puede tolerar. La covid-19 está empeorando todo, porque la gente lo está usando como una excusa para tildar a la gente de hechiceros. Debe parar", agrega.
Después de sus experiencias, Mónica ha puesto su propia vida en riesgo para proteger a otras de las cacerías de brujas.
"He notado una variación durante el tiempo en el que he estado trabajando esta problemática, pero no veo que un cambio vaya a ocurrir pronto, especialmente con el coronavirus", dice.
Mientras Mónica vivía en exilio en otra parte de Papúa Nueva Guinea, dice que vio a una mujer apedreada a muerte en una plaza pública. Un hombre había intentado violarla, así que ella le quitó la lengua de un mordisco, y él la acusó de ser bruja.
"La asesinaron al frente de funcionarios del gobierno que simplemente vieron lo que pasaba", cuenta. "En ese momento supe que tenía que hacer algo".
Mónica es la cofundadora de la organización sin ánimo de lucro Movimiento de los Defensores de los Derechos Humanos de las Mujeres Highlands y estima que ha salvado a más de 500 personas en 15 años desde que empezaron a asistir a víctimas de SARV.
Los voluntarios ayudan en una variedad de maneras, incluyendo relocalizaciones y búsqueda de nuevos hogares, suministrar alimentos y ayuda legal para responsabilizar a los perpetradores.
"Reubicar a la gente y salvar vidas es importante, pero necesitamos conseguir justicia para las mujeres. Si las comunidades ven justicia, de pronto podemos cambiar mentes en lo que tenga que ver con acusaciones de brujería", agrega Mónica.
Desde que empezó con este trabajo, la casa de Mónica fue incendiada. Ahora se ha escapado del país del todo, y vive como refugiada en la vecina Australia.
"Es muy difícil estar lejos de mis tres hijos", cuenta. "Si están a salvo, yo estaré en paz, pero estoy sufriendo".
Papúa Nueva Guinea se enfrentó a un Examen Periódico Universal (EPU) ante Naciones Unidas el mes pasado, el cual concluyó que su gobierno debía afrontar seriamente los problemas de derechos humanos en el país, particularmente la violencia de género.
Italia y Chipre presionaron al gobierno de Papúa Nueva Guinea específicamente en referencia a la SARV y le urgieron a tomar pasos para prevenir incidentes.
El gobernador Allan Bird, presidente encargado del comité parlamentario sobre la violencia de género, le contó a la BBC que por primera vez se ha reservado una "cantidad significativa" de fondos en el presupuesto del gobierno para 2022 para combatir SARV.
Agregó: "Esto debería permitirles a las agencias responsables y a las Organizaciones No Gubernamentales que han estado pidiendo a gritos ayuda poder, finalmente, responder… [aunque] todavía queda por verse si podemos sobrepasar retos significativos de implementación".
Mientras tanto, la protección de víctimas recae mayoritariamente en voluntarios.
"Durante tanto tiempo, Mónica y otros activistas han llenado los vacíos que el gobierno debería estar enfrentando",sostiene McLennan. "Sin ellos, hubiéramos tenido tantas muertes en nuestras manos".
Y Mónica no va a dar el brazo a torcer.
"Necesitamos acción a escala completa para ver un cambio cultural", defiende. Solamente hemos salvado unas cuantas vidas, hay tantas que no hemos podido salvar".
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