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Si se juzga por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Iván Duque, el paro nacional convocado en Colombia para este jueves 21 de noviembre será una manifestación realmente excepcional.
El lunes, la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, informó que el Ejecutivo colombiano le otorgaría facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes para que estos puedan prohibir el porte de armas y el consumo de bebidas alcohólicas e, incluso, aplicar un toque de queda en sus respectivas jurisdicciones.
Además, Migración Colombia anunció el martes el cierre de todas las fronteras terrestres y fluviales desde la medianoche de ese día hasta las 05:00 de la mañana del viernes.
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Así mismo, desde el lunes se ordenó el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.
En Bogotá, por petición de las autoridades locales, hay militares en labores de "acompañamiento" junto a las patrullas de la policía.
Este martes se presentaron allanamientos en varios colectivos de artistas y en un medio de comunicación alternativo, lo que generó protestas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
"Todas estas agresiones, crean un ambiente de miedo y censura entre los medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público", indicó la FLIP.
Estas medidas son reflejo de la creciente tensión que se vive en ese país de cara a una jornada originalmente convocada el mes pasado para protestar por una reformas gubernamentales en el ámbito laboral y de las pensiones que consideran lesivas a los intereses de los ciudadanos.
Después de hecha la convocatoria, Duque se reunió con empresarios y con varias confederaciones sindicales, a quienes aseguró que este tipo de temas van a debatirse en una Mesa de Concertación Laboral y destacó que hasta ahora su gobierno no ha presentado ninguna reforma sobre estos temas.
La aclaratoria no sirvió, sin embargo, para desactivar la protesta que, por el contrario, solamente ha crecido en el número y en la variedad de sus adherentes, entre los cuales se encuentra la nueva Señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal, quien sorprendió al hacer público su apoyo a la protesta.
Artistas e intelectuales se han unido a la convocatoria del paro.
Desde un paro general de 1977, que marcó un antes y un después de la protesta social en Colombia, no se vivía tanta tensión por un paro nacional. Y esta vez alimentado por las redes sociales.
¿Qué es lo que está pasando?
Razones para protestar
La convocatoria a la protesta tuvo su origen en una confluencia entre los sindicatos y varios movimientos sociales. Desde allí creció y ahora suma a organizaciones de estudiantes, de campesinos, de mujeres, de indígenas, de afrodescendientes y, por supuesto, a opositores del gobierno.
Entre las razones iniciales del descontento se encuentran iniciativas como la propuesta de reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo y los supuestos planes para eliminar la parte pública del sistema de pensiones. También se acusa al gobierno de querer privatizar empresas estatales como Ecopetrol.
Aunque el Ejecutivo de Duque ha negado la veracidad de muchas de estas medidas, varias de ellas han sido esbozadas públicamente por personas u organizaciones próximas al gobierno, incluyendo al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, líder del oficialista Partido Centro Democrático.
Otros señalamientos se basan en intenciones que sus críticos le atribuyen al gobierno.
"Los organizadores del paro nacional dicen que se podría dar una eliminación de la pensión cómo derecho de los trabajadores", señala un texto sobre "las 10 razones del paro nacional" publicado en la web de la Escuela Nacional Sindical.
En respuesta, desde el gobierno se afirma que la convocatoria se basa en falsedades.
"Hay muchas voces que llaman a incendiar la sociedad y a la violencia basados en mentiras", señaló Duque la semana pasada.
Sea como sea, la convocatoria lo único que ha hecho es crecer.
"Hay sectores de muy diversa índole y de diferentes tendencias ideológicas, con razones muy diferentes y todos están dispuestos a protestar", dice Sandra Borda, profesora asociada del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, a BBC Mundo.
"Esto no es solamente una marcha de sindicatos y sectores de izquierda, también participan muchos sectores sociales con distintas reivindicaciones, entonces de ahí surge la angustia que tiene el partido de gobierno", añade.
Otra causa del descontento surge por el asesinato de numerosos líderes sociales de zonas rurales, así como del incumplimiento de parte de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
"La impresión que tengo es que esto va a terminar convertido en un paro antigobierno más que en una protesta en la que se busque la satisfacción de demandas particulares. En ese sentido, creo que va a ser muy parecido a lo que ocurrió en Chile, en donde la protesta empezó por el precio del Metro pero terminó sumando una cantidad de sectores sociales que, por diversas razones, no están contentos con el desempeño del gobierno", agrega.
Ecuador, Chile, Bolivia, ¿Colombia?
Para la politóloga y analista política Marcela Prieto Botero son precisamente situaciones como las fuertes protestas antigubernamentales en Chile, las que en parte explican las medidas extraordinarias con las que el gobierno está respondiendo ante la convocatoria del paro nacional.
"En Colombia jamás se ha restringido la posibilidad de realizar un paro, basados en un principio legal de respeto a la libertad de expresión. El temor se centra en las realidades que se han vivido recientemente en países como Chile o Ecuador", comenta en entrevista con BBC Mundo.
La experta señala que aunque hay sectores que tienen una serie de reclamos legítimos por temas como la reforma laboral o la de las pensiones, hay organizaciones o intereses que quieren infiltrarse en esta manifestación y asegura que en Chile, por ejemplo, se han visto acciones que "no son fortuitas ni espontáneas".
"Colombia es un actor relevante a nivel regional. No es menor que nosotros seamos un país estratégico desde el punto de vista geopolítico, como vecino de Venezuela", señala.
Prieto destaca que políticos venezolanos como el presidente Nicolás Maduro o el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, han insinuado que la ola de protestas ocurridas recientemente en América Latina forman parte de un plan ideado en el Foro de Sao Paulo, una agrupación que reúne a partidos y movimientos de izquierda y de ultraizquierda.
"Estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso", dijo Maduro durante un acto público el pasado 20 de octubre.
El mandatario venezolano ha sido acusado por el secretario general de la OEA y por varios gobiernos de estar detrás de "intentos de desestabilización" en países de la región.
Cuando en julio pasado el Foro de Sao Paulo realizó en Caracas su reunión anual, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, los acusó de querer "dominar América Latina" con un proyecto de "poder totalitario".
En Colombia, Álvaro Uribe se hizo eco de esta idea cuando a inicios de noviembre dijo que el paro nacional en ese país "hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina".
Marcela Prieto Botero coincide con esta visión.
"No me cabe la menor duda. Ellos aprovechan un descontento legítimo para intervenir y cambiar la naturaleza de la protesta pacífica para causar brotes de violencia que generan, por lo tanto, inestabilidad en términos de seguridad", afirma al ser preguntada sobre la supuesta injerencia del Foro de Sao Paulo en lo que ocurre en Colombia.
"Ese escenario de inestabilidad es propicio para quienes tienen una agenda política regional diferente como Venezuela y sus aliados del ALBA. Hablamos de gobiernos que rayan en la criminalidad, que quieren un control político para actuar de manera mafiosa", afirma.
Sandra Borda, por su parte, desestima la supuesta injerencia del gobierno de Venezuela ni de otro país para intervenir en la convocatoria al paro en Colombia.
"No he visto ninguna evidencia de que eso sea cierto, no hay un preso, ni documentos. Es una hipótesis que nadie ha logrado comprobar", señala.
"Esa es una estrategia que funciona relativamente bien dentro de la derecha colombiana para desprestigiar y deslegitimar la protesta social. La forma más fácil de argumentar que quienes protestan no tienen razón en sus demandas es simplemente acusarlos de ser parte de una conspiración castrochavista internacional o del Foro de Sao Paulo", añade.
La campaña de algunos seguidores del gobierno contra el paro ha sido polémica. con uno anunciando que crearía un "grupo antidisturbios" de civiles en Medellín, mientras que el esposo de una senadora uribista difundió en su cuenta de Twitter fotos de una "perfomance" artística diciendo que se trataba de un rito satánico que se hacía 13 días antes del paro porque ese número era el símbolo de la rebeldía (después se disculpó diciendo que había sido engañado).
Las dos expertas coinciden, en cualquier caso, que este es un mal momento para el gobierno de Duque cuya popularidad pasa por sus horas más bajas desde su llegada al gobierno en agosto de 2018.
Una encuesta de la empresa Gallup correspondiente a octubre de 2019 ubicó el nivel de desaprobación de Duque en 69%, mientras que su aprobación era de 26%.
Ese bajo nivel de respaldo colocaría al gobierno en una posición desventajosa ante la convocatoria a protesta.
Mucho más después de la reciente renuncia forzosa del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras conocerse la muerte de varios menores de edad durante un bombardeos del Ejército contra grupos disidentes de las FARC.
Borda, sin embargo, no cree que el objetivo del paro sea intentar derribar el gobierno.
"Si el paro es masivo puede debilitar un poco al gobierno pero no compro la tesis de que esto será una cosa que lo termine tumbando ni mucho menos. No creo que los organizadores tengan esa idea en la cabeza sino que más bien lo que buscan es interlocución, que el gobierno se acerque a esos sectores sociales y empiece a negociar un poco más", afirma.
"Los colombianos tenemos un sesgo constitucionalista fortísimo y creo que si alguien se pusiera a decir quiero un paro para tumbar al presidente mucha menos gente saldría a marchar", asegura.
Haya o no intenciones desestabilizadoras en la convocatoria, lo que sí parece seguro es que el gobierno de Duque se enfrenta a una de las pruebas más difíciles de su mandato.