Una ciudad "bombardeada". Así se ha descrito a Valparaíso luego de que la violencia se apoderara de sus calles la noche del martes 26 de noviembre.
El pavimento destrozado, un centenar de locales hechos pedazos y diversos objetos convertidos en cenizas es la triste imagen que hoy se ve de ese puerto conocido por sus funiculares y coloridas casas.
La desoladora postal quedará grabada para siempre en la historia de esta localidad de la costa central de Chile. Y lo mismo sucederá en otras ciudades de ese país donde esta semana los incendios simultáneos, saqueos y ataques a diversos espacios públicos volvieron a apoderarse de cada esquina.
A 43 días de que se iniciara la crisis política y social más grande de los últimos treinta años, Chile no ha logrado controlar la violencia ni los saqueos.
La pregunta que todos se hacen ahora es por qué: por qué se siguen presentando escenas como la de la ciudad de La Serena, donde un hotel fue desvalijado y luego, los responsables, se toman una fotografía jactándose de su acción.
Por qué en otra ciudad, Antofagasta, un grupo de vándalos logró incluso hacer un asado en medio de una barricada tras saquear un supermercado.
Por qué encapuchados han conseguido quemar bancos, medios de comunicación e incluso hospitales.
Algunos le echan la culpa a las protestas pacíficas pues, dicen, delincuentes y anarquistas las usan como "escudos" para el vandalismo, mientras otros plantean que la policía solo reprime a la gente pacífica.
Lo cierto es que no hay una respuesta clara. Como tampoco se tiene claridad de quién realmente está detrás de los destrozos.
Para muchos, hoy el país se encuentra en un punto de inflexión. Las legítimas demandas sociales, poco y nada tienen que ver con la destrucción de los últimos días, dicen las autoridades.
Y entre la gente afectada -muchas que incluso han perdido sus empleos-, se repite una sola frase: Chile parece ser un "país sin ley".
BBC Mundo consultó a distintos expertos en seguridad para intentar dar una respuesta a esa pregunta que parece imposible. Asimismo, se buscó entrevistas con el gobierno y Carabineros, pero al momento de publicar este artículo no obtuvimos respuesta.
Aquí te presentamos tres factores que pueden explicar por qué Chile no logra calmar la furia de la calle.
No han sido días fáciles para los dirigentes políticos chilenos.
El presidente Sebastián Piñera hoy alcanza un mínimo histórico de un 12% de aprobación, siendo ampliamente cuestionado por su manejo ante la crisis.
El parlamento, por su parte, tampoco cuenta con gran respaldo e intenta sellar acuerdos a contra reloj para controlar la seguridad ciudadana.
Recién el miércoles 27 de noviembre, senadores oficialistas y de oposición lograron acordar una declaración en conjunto en la cual no solo se reconoce que la crisis de violencia está "amenazando la democracia", sino que también respaldan al presidente para que restablezca el orden público recordando que "dispone de todas las herramientas constitucionales" para ello.
La declaración, sin embargo, "llegó tarde", dicen algunos.
Al mismo tiempo, se están tramitando dos proyectos de ley que se supone que podrían ayudar a hacer frente a los actos vandálicos: el relativo a sancionar a los "encapuchados" y el que busca que las Fuerzas Armadas colaboren con la "protección de infraestructura crítica".
Pero ambas iniciativas son polémicas: para una parte de la opinión pública, estas solo buscan reprimir las protestas.
Y es que, con una evaluación de la clase dirigente política en el suelo, es difícil que sus consensos sean los que destraben la crisis social.
Esto último quedó demostrado luego de que se firmara el acuerdo para una nueva Constitución pues, en contra de las predicciones de muchos expertos, no consiguió calmar la violencia.
Además, se dice que ha habido graves problemas de comunicación: por una parte, no se ha sabido transmitir los avances, y por otra, ha habido declaraciones -como la realizada por el presidente que hacía alusión a que Chile está en "guerra"- que solo han contribuido a tensionar aún más el ambiente.
En conversación con BBC Mundo, el ex ministro del Interior y de Defensa de Chile, Jorge Burgos, señala que ha existido "ineficiencia" por parte del gobierno pero también una falta de voluntad desde la oposición para que se resuelva la crisis.
"El gobierno ha mostrado ineficiencia en momentos muy problemáticos, es indudable. Pero también es cierto que la oposición ha sido bastante egoísta a la hora de crear condiciones para que el gobierno pueda actuar mejor", dice.
El problema de la violencia también pasa por el control del gobierno por sobre Carabineros (la fuerza policial). Así lo cree Eduardo Vergara, director ejecutivo del centro de estudios Chile 21, quien asegura que, desde el retorno a la democracia, ha habido una "incapacidad de gobernar" a las fuerzas de seguridad.
"Los gobiernos han optado por delegar la seguridad pública a las policías. No es que la policía se haya sublevado", explica.
El también ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de la ex presidenta Michelle Bachelet afirma que "da la sensación que el gobierno ha renunciado a gobernar".
"El presidente se equivoca pensando que entre Carabineros y las Fuerzas Armadas van a poder contener esta situación", agrega.
De esa forma, para el analista la única manera de superar el vandalismo es que las autoridades ofrezcan "reparación".
"Si el gobierno no logra pedir disculpas y ofrecer reparación, el nivel de fricción de la calle, especialmente para los sectores marginales, va a profundizar una relación de lucha con el Estado", dice Vergara.
Durante las protestas en Chile, se ha exhibido un alto rechazo a Carabineros o "pacos", como se les llama de forma despectiva.
"¡El que no salta es paco!", ha sido una consigna protagonista en estos días.
Un crudo informe emitido por la organización internacional Human Right Watch (HRW) sugirió la necesidad de impulsar una reforma policial "urgente". Esto, ante las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar desde el comienzo de las manifestaciones, el 18 de octubre.
Según el Instituto de Derechos Humanos, más de 2 mil 800 ciudadanos han resultado heridos (220 de ellos con serios daños oculares). Y de las 23 muertes registradas, la fiscalía investiga cinco que pueden haber estado relacionadas con el actuar de las fuerzas policiales.
En algunos casos, el incorrecto uso de sus herramientas -como las escopetas de balines- sumado al uso excesivo de la fuerza, han dejado al descubierto profundos problemas de formación entre las policías.
"Claramente la formación policial está desactualizada en al menos una década", dice Eduardo Vergara.
"En Chile y Latinoamérica se han desarrollado nuevos mecanismo de manifestación que ya no son centralizados. Este fenómeno ha decantado en que las policías no saben cómo reaccionar si no es con los mecanismos convencionales que normalmente deberían usar para casos extremos. Y eso ha quedado al descubierto no solo en Chile, sino también en Colombia, Bolivia y Ecuador", agrega.
Por su parte, Jorge Abbot, profesor de criminología de la Universidad de Chile, explica que si bien todos los Carabineros debieran conocer la norma relativa a los derechos humanos, muchos no hacen la interpretación correcta de ella.
"La policía puede saber que existe la gradualidad en el uso de la fuerza. Pero otra cosa es que, llegado el caso, la correcta interpretación de la norma arribe a idénticos resultados", dice a BBC Mundo.
"En ese contexto, en la medida en que se intensifica la manifestación, se puede exagerar la respuesta de la policía y se genera un círculo vicioso. Los manifestantes se sienten agredidos y el funcionario policial reacciona con más violencia", agrega.
Como resultado, en estos últimos 43 días, los Carabineros se han enfrentado duramente no solo con quienes protagonizan actos vandálicos, sino también con quienes acuden a las protestas pacíficas.
Y eso, para muchos manifestantes, ha sido combatir las protestas "con fuego".
"La represión ha sido tan violenta que dan ganas de devolver la mano, dan más ganas de pelear. La violación a los derechos humanos es gasolina para el enojo", explicó a BBC Mundo la estudiante Rosario Hurtado, quien sigue acudiendo a las protestas.
Para Eduardo Vergara, es importante que los chilenos entiendan que se puede recuperar el orden público sin violar los derechos humanos.
"Si no se entiende que sí es posible tener unas policías transparentes, democráticas, que actúan en el marco de los derechos humanos, la verdad es que estamos mal, dice.
El problema es aún mayor si se considera que, además, en muchos casos los Carabineros se han visto sobrepasados, con poca capacidad de reacción.
"Los policías se han visto superados y para evitar que se agrande una manifestación, disparan balines al boleo. Les ha costado distinguir entre lo que es una manifestación masiva, con actos delincuenciales", explica el ex ministro Jorge Burgos.
De lo anterior, deriva otro problema: la dotación de Carabineros. Según explica Rodrigo Alberto Salas, del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, en algunas ciudades ni siquiera existen los carros lanza agua ni otras herramientas para ayudar a calmar la violencia.
"El contingente que hoy tiene Carabineros no es compatible con las demandas de seguridad ciudadana y de control de orden público", dice.
"El volumen de movilizaciones ha sido tan masivo que simplemente no da abasto. La proporción de carabineros que tiene entrenamiento para el control de delincuencia común es precaria", agrega.
Así, varios oficiales también han resultado heridos. De acuerdo con cifras del ministerio del Interior, 2 mil 210 carabineros han tenido que ser hospitalizados.
Según Rodrigo Alerto Salas, se han visto expuestos a una situación extrema, trabajando más de 16 horas diarias sin descanso y con varios de sus propios inmuebles saqueados.
Por otro lado, de acuerdo con los expertos, un factor que también incide en la incapacidad de controlar la violencia es que las policías parecen haber perdido el respeto de la población, viéndose mermada su reputación desde hace algunos años, cuando salieron a la luz algunos casos de corrupción.
"Los Carabineros gozaban de un prestigio nacional e internacional. Era vista como una policía honesta, rigurosa y formativa. Pero ha tenido serios problemas pues hay investigaciones que indican que durante largos años se crearon condiciones para defraudar al fisco", dice Burgos.
"En consecuencia, ese prestigio se acabó. Y eso produjo una disminución en el respeto", agrega.
Además, en medio de estas investigaciones por corrupción, varios oficiales del alto mando tuvieron que dejar sus puestos, dándole espacio a Carabineros menos experimentados.
Esto, también es parte del problema, dice Rodrigo Alberto Salas.
"En alguna medida, el haber descabezado al alto mando también aporta a esta crisis de autoridad que estamos viviendo hoy", explica.
La imagen se repite: jóvenes que tapan sus rostros con capuchas y que van arrasando con lo que encuentran en su camino.
Los llaman "vándalos", "encapuchados", "lumpen" o "violentistas". Como sea, estos son los responsables de los graves destrozos que tienen a Chile paralizado desde hace más de un mes.
Algunos dicen que son delincuentes. Otros, narcotraficantes. Y otros, pertenecientes a las "barras bravas" o anarquistas.
Pero lo cierto es que son todos jóvenes que, por una u otra razón, se sienten abandonados por el sistema, que han crecido en la violencia y que, de acuerdo a sus propias consignas y grafitis, consideran que lo que están haciendo es legítimo pues han sido "abusados" durante años.
"Es gente que en tantas sociedades ha quedado al margen, muchachos que no han trabajado, que no han estudiado, que han pasado por el Servicio Nacional de Menores (Sename)", explica Jorge Burgos.
Durante los últimos años, el Sename -organismo estatal encargado de regular y vigilar menores sin familia- ha sido ampliamente cuestionado en Chile. En 2018, la polémica creció en torno a esta institución luego de que una niña de 11 años muriera en uno de sus centros.
Para Eduardo Vergara, este organismo ha sido uno de los responsables de esta violencia subterránea que hoy emergió en Chile.
"El Sename ha generado capital humano prácticamente infinito a los círculos de crimen organizado y narcotráfico transformando a estos jóvenes en eslabones desechables para la actividad criminal", explica.
De esa manera, según varios sociólogos y expertos, en este país sudamericano existe una masa importante de jóvenes que no creen en la democracia ni la convivencia pacífica, porque no ven en ellas nada de valor.
"No ven que la democracia sea capaz de protegerlos o que tenga la capacidad de promoverlos... Ven las reglas de la convivencia pacífica como una hipocresía, y responden violencia con violencia", dijo el sociólogo Daniel Chernilo aBBC Mundo.
A esto, se suma otro grupo de personas que avala la violencia.
"Lo que está ocurriendo en varias ciudades es que hay gente a la que esto no le parece mal, que valida el saqueo. Esa violencia, entonces, no forma parte de una excitación momentánea, sino de un profundo razonamiento", dice Eduardo Vergara.
Hoy, el gobierno y otras figuras públicas están pidiendo que cesen las manifestaciones pacíficas para que, de esa manera, se calme la violencia.
Sin embargo, el llamado hasta ahora ha sido inútil.
Y así, con una economía débil, con miles de personas perdiendo sus empleos y con un centenar de locales y espacios públicos incendiados, Chile se está convirtiendo en una país donde la "normalidad" dejó de existir.
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