San José.— Pese a que Estados Unidos pactó con México, Guatemala y Honduras implantar un muro militar y policial para detener a los migrantes irregulares, la administración Biden se topó con la resistencia de autoridades gubernamentales del área a unir la nueva política migratoria de la Casa Blanca con el ataque a la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Fuentes sociales de la zona revelaron que, tras asumir el 20 de enero pasado, el presidente Joe Biden notificó al Triángulo —Honduras, Guatemala y El Salvador— que sepultó la actitud de su predecesor, Donald Trump, de ser complaciente con la corrupción y, a cambio, sólo pedirles contener a los migrantes sin visa que viajan a EU.
“Al Triángulo le incomoda Biden”, dijo la socióloga guatemalteca Carmen Rosa de León, directora ejecutiva del (no estatal) Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala.
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“Los tres quisieran que volviera Trump y su lógica es hacer fracasar a Biden. Sin duda que Biden está durmiendo con el enemigo”, explicó De León a EL UNIVERSAL tras unirse este mes a sectores no gubernamentales del istmo en citas presenciales o virtuales con emisarios de la Casa Blanca para evaluar el panorama migratorio.
“No podemos pensar que esos tres gobiernos están recibiendo con mucha alegría los cambios en la política migratoria de EU, ahora más basada en seguridad humana y en que la raíz del problema es la corrupción, como nos lo plantearon miembros del gobierno de Biden”, relató. En respuestas a estos cuestionamientos, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras garantizaron que trabajan con EU en resolver las dificultades migratorias.
Empeñado en priorizar la contención a los migrantes más que la corrupción, Trump nunca presionó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por su presunto nexo con el narcotráfico, concedió en 2019 un estatus especial a El Salvador en el lío migratorio y tampoco se opuso a la disolución en 2019 de una instancia contra la impunidad y la corrupción en Guatemala.
“Las causas profundas de la inseguridad humana y la migración irregular (...) incluyen deficiencias en la gobernanza democrática, (...) la corrupción”; Departamento de Estado de EU.
Las fuentes consultadas por este diario indicaron que Biden, del Partido Demócrata, optó por el acuerdo militar y policial regional para mostrar firmeza ante la agudización de la crisis migratoria en su límite suroccidental y rechazar la hostilidad del Partido Republicano.
Los republicanos culparon a Biden de que, tras su ascenso a la presidencia y en contraste con Trump y su política antiinmigrante, se desató un incontrolable ingreso a EU de migrantes, en especial mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, cubanos y haitianos, que se agravó con el arribo de menores de edad sin compañía.
Desmienten acuerdo para reforzar fronteras
EU anunció el lunes anterior que México mantendrá el despliegue de efectivos en su frontera sur, mientras que Guatemala y Honduras aceptaron reforzar su presencia militar y policial en los pasos fronterizos, para crear un muro de contención de migrantes. Sin embargo, tanto Honduras como Guatemala negaron haber alcanzado un acuerdo reciente en la materia.
El gobierno de Guatemala aclaró que los mil 500 efectivos a los que aludió la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, los desplegó desde enero ante la llegada de caravanas de migrantes. El gobierno hondureño dijo que acuerdos para movilizar más militares “no existen”. Y un funcionario de EU se limitó a señalar que los países del Triángulo Norte ya han “desplegado personal” para “hacer frente a este desafío compartido [la migración]”, sin aclarar si hubo un convenio reciente.
Lo cierto es que Washington atizó la presión sobre Guatemala, Honduras y El Salvador para que la lucha contra la corrupción sea pilar de su plan para enfrentar al fenómeno migratorio desde su germen de marginación socioeconómica y violencia e inseguridad con una inversión de unos 4 mil millones de dólares.
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Batalla
El Departamento de Estado de EU anunció ayer un plan anticorrupción para facultar a la sociedad civil a “combatir la corrupción” en El Salvador, Guatemala y Honduras”. “Las causas profundas de la inseguridad humana y la migración irregular derivada del Triángulo Norte incluyen deficiencias en la gobernanza democrática, la violencia criminal y la corrupción endémica”.
“Los esfuerzos” en Guatemala y Honduras para enjuiciar a actores corruptos fueron “socavados” por el cese de misiones anticorrupción, “sustituyéndolas por organismos nacionales contra la impunidad que tienen poderes limitados y respaldo político insuficiente para hacer frente a la corrupción rampante”, agregó.
Con 20,000 efectivos México, Guatemala y Honduras buscan contener a los migrantes.
La declaración aludió a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fundada en 2006 con aval de la Organización de Naciones Unidas y que cesó en 2019 luego que desde 2007 destapó hechos emblemáticos de corrupción.
Honduras disolvió en 2020 la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en 2016 al amparo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) nació en 2019 en un acuerdo del gobierno salvadoreño con la OEA y opera con fragilidad.
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