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Juezas y magistradas convocan a manifestación pacífica contra reforma judicial este lunes 26 de agosto
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Elección extraordinaria en Chicomuselo, Chiapas, transcurre en calma con alta participación ciudadana
“Queremos la independencia para tener las herramientas necesarias y construir un país más justo y democrático. No la deseamos para hacer un simple cambio de banderas, porque el independentismo catalán no va contra nadie, no es un proyecto antiespañol, sino que tiene por objetivo edificar un país más libre”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña.
Rechaza las condenas a prisión que emitió el Tribunal Supremo español contra nueve de los 12 líderes catalanes por el referéndum y la declaración ilegal de independencia de 2017, y advierte que así continúe la represión, no habrá renuncia a la búsqueda de la autonomía.
¿Por qué quiere Cataluña ser independiente de España?
—En Cataluña siempre han existido anhelos de libertad, voluntad de autogobierno y soberanía, pero el independentismo se convierte en mayoritario a partir de 2010, cuando el Tribunal Constitucional español tumbó el Estatuto de Cataluña, el marco legal pactado con España y refrendado posteriormente.
Este hecho supuso un punto de inflexión porque se demostró que, pese a los esfuerzos de la sociedad catalana, España había renunciado definitivamente a ser el Estado de los catalanes. A partir de ese momento, el independentismo crece de forma exponencial con una voluntad muy clara: conseguir un Estado propio y dejar de tener un Estado en contra como el actual.
Entendemos que la independencia es la mejor manera de ayudar a la sociedad catalana, [por eso] la queremos para tener las herramientas necesarias y construir un país más justo y democrático. No la deseamos para hacer un simple cambio de banderas, porque el independentismo catalán no va contra nadie, no es un proyecto antiespañol, sino que tiene por objetivo construir un país más libre.
Esto es imposible en un Estado que encarcela a líderes políticos y sociales sólo por permitir que la gente votara [en el referéndum de 2017] para decidir su futuro político.
Mi antecesora, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio de prisión, sólo por permitir que en el Parlamento de Cataluña se pudiera hablar de todo. Esto es un escándalo democrático de primera magnitud, que tiene que preocupar no sólo a los independentistas, sino al conjunto de demócratas.
¿Qué significa permitirles hacer el referéndum?
—Es nuestra aspiración desde hace tiempo y así lo demostramos con movilizaciones masivas de más de un millón de personas año tras año. Entendemos que el referéndum es la solución idónea para resolver el conflicto político existente en la relación entre Cataluña y España.
Imponer por la fuerza una opción sólo conllevaría a prolongar el problema. En democracia, los conflictos se resuelven votando, como se ha hecho en Quebec o en Escocia, para que la ciudadanía decida libremente y con el compromiso absoluto de respetar el resultado. Si gana el no a la independencia, lo respetaremos, no puede ser de otra forma.
¿Cómo revertir el “proces” que se dio el 14 de octubre, cuando fueron condenados los líderes independentistas catalanes?
—Estos días pasados vivimos la máxima expresión de la deriva autoritaria que se produce en España, que está dispuesta a degradar la democracia con tal de impedir que los catalanes voten y decidan su futuro.
El Tribunal Supremo condenó a un total de 100 años de prisión a nueve líderes políticos y sociales pacíficos, cuyo único delito ha sido manifestarse y poner las urnas.
Cabe recordar que los presos políticos han recibido condenas por sedición, ilícito que requiere del uso de la violencia, cuando la única que hubo durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 fue la que ejerció la policía española.
Por esto, decimos que esta sentencia limita el ejercicio de los derechos fundamentales y afecta al conjunto de demócratas, no sólo al independentismo. Hoy fuimos nosotros, pero mañana pueden ser los sindicalistas, las feministas, los ecologistas o cualquier colectivo que cuestione el orden establecido.
La única manera de revertirlo es poner fin a la represión y avanzar hacia una solución democrática, que pasa por el referéndum.
¿Cuál será la salida a la actual situación en Cataluña?
—Sabemos que la represión ha venido para quedarse, que el gobierno español no tiene ninguna voluntad de sentarse a dialogar ni quiere hacer política. [No obstante] por más prisión y represión que haya, no renunciaremos nunca a conseguir la independencia democráticamente. Por esto entendemos que al gobierno español no le queda más opción que dejar de esconderse, debe aceptar la realidad y dialogar.
Con las protestas que ha habido, ¿no se prevé un acercamiento con las autoridades para la liberación de los presos políticos?
—Somos realistas y sabemos que no será fácil, pero las protestas seguirán, porque no podemos aceptar que haya presos políticos ni exiliados. No pararemos hasta que sean libres.
¿Es la misma situación para Carles Puigdemont?
—Está en el exilio y aunque se ha reactivado la orden para extraditarlo, creo que la justicia belga —donde reside— no la aceptará, como antes la alemana, ya que los hechos por los que han sido condenados no son delito en las democracias maduras.
Si tuviera usted que hacer un llamado en estos momentos, ¿cuál sería?, ¿y a quién?
—Hacemos un llamado a la comunidad internacional [incluido México] y a los demócratas de todo el mundo, a que observen lo que sucede en Cataluña y se solidaricen con un pueblo pacífico que tiene todo el derecho del mundo a decidir su futuro, y que, en la medida que sea posible, nos ayuden a encausar el conflicto político instando al gobierno español a negociar y a respetar la opinión mayoritaria de la sociedad catalana.
Sabemos que en el mundo hay conflictos de gran calado y con vulneraciones de derechos humanos enormes, pero también somos conscientes de que la forma con que se resuelvan las aspiraciones de Cataluña determinarán qué tipo de Europa queremos construir: si una abierta y dispuesta a resolver los conflictos dando voz a la ciudadanía, o una que permite que los Estados que la componen vulneren derechos fundamentales.