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Por corrupción, América Latina combate pandemia sin capacidad financiera

Debido a enriquecimientos ilícitos con recursos públicos, países de América Latina y El Caribe combaten pandemia sin capacidad financiera de reacción, señalan especialistas

Un bombero rocía desinfectante ayer sobre su colega después de limpiar una terminal de autobuses como medida de precaución, durante una cuarentena preventiva luego del brote de la enfermedad por coronavirus, en Santiago, Chile. Foto: REUTERS
28/03/2020 |01:19José Meléndez / corresponsal |
Redacción El Universal
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San José.- Por el lado de Centroamérica aparecieron La Línea, en Guatemala; La Trocha, El Cementazo y El Préstamo finlandés, en Costa Rica, así como La Piñata, en Nicaragua, Mi Rosa y El Desfalco a la Seguridad Social, en Honduras, y Los Expresidentes de El Salvador.

Por el de Sudamérica surgieron Operación Lava Jato, en Brasil; El Club de la construcción, en Perú; El Cártel de la toga, en Colombia, así como Las Bolsas del convento y Los Cuadernos de la corrupción, en Argentina.

Por ambas zonas emergieron El Blanqueo de capitales, Los Barones de la droga y, en 10 países latinoamericanos y caribeños, una joya: Los Sobornos de .

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A la corrupción de finales del siglo XX e inicios del XXI en América Latina y El Caribe se le bautizó con nombres que parecen salidos de rutilantes producciones cinematográficas internacionales o de apasionantes tramas de lujo y poder plasmadas en la creatividad literaria interamericana.

Sin embargo, el multimillonario enriquecimiento ilícito con recursos públicos dejó un saldo en rojo y el dinero ahora perdido habría podido auxiliar a las naciones de la región a sofocar, en parte, el ataque de la pandemia del Covid-19.

“Por la gran corrupción de las últimas décadas, el coronavirus encuentra a los estados sobrepasados en su capacidad de respuesta y mutilados en sus funciones”, afirmó Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, agrupación no estatal que representa en Guatemala a Transparencia Internacional, foro mundial promotor de la honestidad en la labor pública.

“Es evidente que, sin la corrupción de los últimos años, los países tendrían mejor capacidad financiera de reacción. Por la emergencia de la pandemia, responden de manera parcial y débil”, explicó el experto a EL UNIVERSAL.

“Es lamentable: la emergencia traerá más corrupción, con gobiernos que eluden informar de las compras de emergencia. Lejos de dejar atrás la oleada de corrupción, hay una nueva. Se aprovechan para hacer compras sin rendición de cuentas”, alertó.

Por la inesperada crisis sanitaria del primer trimestre de 2020, tras el brote en China a finales de 2019, América Latina y El Caribe recurrieron a maniobras presupuestarias financieras extraordinarias o a pedir préstamos en el exterior.

“La falta de rendición de cuentas en el pasado está pasando la factura fuertemente a las economías” de estas naciones, dijo a este diario Andrés Araya, presidente de Costa Rica Íntegra, capítulo de Transparencia en este país.

Números

Todavía se ignora cuánto costará a América Latina y El Caribe la guerra contra el Covid-19 ni su golpe económico. No obstante, sí están registradas algunas cifras de la corrupción.

La constructora brasileña Odebrecht confesó en 2017 que su “departamento de sobornos” usó 3 mil 390 millones de dólares para ganar contratos de obras públicas, penetrar poderosos trillos políticos del área y comprar favor y privilegio.

El caso Operación Lava Jato desnudó, en 2014, los viejos negocios ilícitos en Brasil por unos 2 mil 600 millones de dólares de la paraestatal Petrobras.

A dos expresidentes de El Salvador se les acusó, en 2016, de apropiarse por separado de dos botines que sumaron más de 500 millones de dólares.

Una exprimera dama de Honduras cayó presa desde 2018, porque, en 2014, al final del mandato de su esposo se transfirió más de medio millón de dólares de una cuenta gubernamental a una personal.

Unas monjas escondieron en una bóveda en Argentina, en 2016, unos 9 millones de dólares vinculados a la corrupción política estatal.

Constructores privados peruanos ligados a Odebrecht y Lava Jato se repartieron contratos públicos por más de 25 millones de dólares desde al menos 2011. Pero a la lista se suman financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero y otras prácticas, con nombres de películas o de libros.

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