Brasilia.— El expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro fue declarado ayer inelegible durante ocho años por “abuso de poder”, al haber difundido desinformación sobre el sistema electoral en Brasil antes de su derrota frente al izquierdista Lula da Silva.
La inhabilitación política deja a Bolsonaro, de 68 años, fuera de las presidenciales en 2026 y puede abrir una carrera por el liderazgo de la derecha en Brasil, por ahora sin alternativas claras.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) alcanzó una mayoría de cinco votos a dos en favor de condenar al exmandatario por haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas con informaciones “falsas” durante una reunión con embajadores en julio de 2022, tres meses antes de perder las elecciones.
Bolsonaro tachó el fallo de “puñalada en la espalda”, pero no se dio por vencido y dijo que apelará ante la Corte Suprema. “No estoy muerto, vamos a seguir trabajando”, afirmó el líder ultraderechista a periodistas en Belo Horizonte (Minas Gerais, sureste).
“Mi apelación será ante el Supremo Tribunal Federal”, añadió, estimando que con la decisión judicial, Brasil se encamina “hacia una dictadura”. En esta cuarta y última sesión del juicio, votaron tres jueces. Para una condena por los cargos de “abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación” era necesaria una mayoría del pleno (al menos cuatro de siete votos).
Alexandre de Moraes, presidente del TSE, dijo que la decisión representa un rechazo al “populismo renacido de las llamas del discurso odioso y antidemocrático que promueve la desinformación atroz”.
“Mentir no es una herramienta legítima para el ejercicio de una función pública”, reaccionó el ministro de Justicia, Flávio Dino. “La democracia superó la prueba de estrés más dura de las últimas décadas”, agregó.
Los jueces que votaron para condenarlo criticaron duramente la conducta del excapitán.
El instructor del caso, Benedito Gonçalves, asoció a Bolsonaro a un “discurso violento y mentiras” que pusieron “en jaque la credibilidad de la justicia electoral”, y dijo que la reunión con los diplomáticos “sirvió para incitar un estado de paranoia colectiva” sobre el sistema electoral.
La presidenta del Partido de los Trabajadores de Lula, Gleisi Hoffmann, dijo: “La extrema derecha necesita saber que la lucha política se lleva a cabo dentro del proceso democrático y no con violencia y amenazas de golpe”.
El expresidente Fernando Collor de Mello y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva fueron declarados inelegibles en el pasado, pero el caso de Bolsonaro marca la primera vez que un presidente es suspendido por violaciones electorales en lugar de un delito penal.
Bolsonaro perdió por un estrecho margen las elecciones de octubre (50.9% para Luiz Inácio Lula da Silva, frente a 49.1% de los votos), mientras su conservador Partido Liberal es mayoritario en el Congreso actual.
El 8 de enero, una semana después de la investidura de Lula, miles de bolsonaristas invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, del Congreso y de la corte suprema en Brasilia. El ultraderechista enfrenta más de una decena de otros procesos administrativos en el tribunal electoral y es objeto de cinco investigaciones en la Corte Suprema, con penas susceptibles de prisión. La esposa de Bolsonaro, Michelle, salió en su defensa, declarándole su apoyo incondicional.