Bruselas.— Si una nación se ha beneficiado de la membresía en la Unión Europea (UE) es Polonia, la sexta economía más grande del bloque y el quinto más poblado.
Varsovia se sumó al club comunitario en 2004 y es hoy el mayor receptor neto de fondos europeos. El año pasado recogió de las arcas colectivas 14 mil millones de euros, equivalente a 3.5% de su Producto Interno Bruto (PIB).
A los subsidios europeos les espera un cheque adicional equivalente a 36 mil millones de euros como parte del paquete financiero para luchar contra la recesión heredada de las medidas de confinamiento ante el Covid-19.
No obstante los beneficios, el nacionalista gobierno polaco se ha distinguido por ser junto con el húngaro, el más hostil ante el proyecto comunitario. En cada oportunidad, emplea toda herramienta a su disposición para torpedear cualquier intento de una mayor integración.
En su última embestida, el gobierno nacionalista de Ley y Justicia (Pis), utilizó su control sobre el Tribunal Constitucional para conseguir una decisión favorable a desvincular a Polonia del cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, máximo órgano de decisión del bloque.
El primer ministro, Mateusz Morawiecki, recurrió al tribunal para preguntarle si la UE podía impedir que Polonia reorganizara su poder judicial y, ésta contestó, como era de esperar de una instancia con 15 jueces instalados por nombramientos políticos, afirmando que la Constitución y la legislación nacional tienen prioridad sobre la legislación europea.
Dharmendra Kanani, director Estratégico de Friends of Europe, afirma a EL UNIVERSAL que el fallo del tribunal no debe interpretarse como un acto más de rebeldía del régimen polaco, constituye un ataque directo al derecho europeo y un peligro para los valores que justifican la existencia de la Unión.
“Esto va más allá, claramente el gobierno polaco está diciendo que quiere ser parte de la UE, pero sólo bajo sus propios términos”, es decir, no quiere escuchar cuestionamientos por cuestiones que van desde los derechos del colectivo LGBT hasta la independencia judicial y la libertad de prensa.
“A Polonia sólo le interesa el efectivo y está tratando de crear un nuevo tipo de membresía, una de pagas y te vas, una especie de cajero automático comunitario del que se saque dinero sin necesidad de respetar las reglas de juego”.
Asegura que no es algo nuevo, Polonia ha venido construyendo desde 2016 esta retórica basada en mentiras y culpar a la UE de los problemas domésticos, una táctica usada por los promotores del Brexit en el Reino Unido.
“De manera que se acerca el momento de la verdad, para la continuidad del proyecto de la UE”. Por un lado están las implicaciones del Brexit y por el otro, hay dos socios, Polonia y Hungría, que están ejerciendo un nuevo enfoque liberal de la democracia acercándose peligrosamente a las autocracias del pasado.
“La UE emergió como una bella idea tras la Segunda Guerra Mundial y ha funcionado por sus valores y el mercado común, dos elementos que no pueden separarse porque se pierde el mensaje.
“Por tal motivo, la UE debe mostrar fortaleza y ser clara en que los valores y el respeto al Estado de derecho importan”.
Ante el fallo polaco, la presidenta de la Comisión Europea mantiene las formas.
Dijo estar “profundamente preocupada”, al tiempo que giró instrucciones para decidir los próximos pasos.
La UE no tiene el poder para expulsar a uno de sus miembros, pero un Estado miembro sí está en condiciones de solicitar su retirada conforme al artículo 50 del Tratado Europeo.
No obstante, en Polonia no hay ánimo para un Polexit. La gran mayoría de los polacos apoya la membresía europea. De acuerdo con el último Eurobarómetro, 43% tiene una imagen positiva de la UE y 39% se dice neutral.
Además, el gobierno quiere los beneficios, más no la carga. Dice sí a los subsidios y a los beneficios de la libre circulación de personas y mercancías, pero “no” al reclamo de que cumpla las reglas sobre trato humanitario de refugiados, clima, legalidad y equidad.
Tampoco hay apetito en Bruselas para empujar el conflicto hacia esa dirección, saben que la mayoría de los polacos son proeuropeos y nadie está en condiciones de asumir las consecuencias económicas y geopolíticas de dicho escenario.
“No sabemos a dónde nos llevará esta situación, dependerá de que tanto Polonia esté decidida a continuar por esta ruta, pero lo que sí es claro, es que no es posible tener a un socio que no respete el derecho europeo”, dice a este diario Fabian Zuleeg, director Ejecutivo del European Policy Centre (EPC).
El experto sostiene que la apuesta del gobierno polaco es insostenible si quiere seguir participando en el club.
“No hay forma para una expulsión forzada, pero habrá consecuencias si no se sigue el marco de trabajo de la UE en términos de dinero. Polonia también podría potencialmente perder su poder de voto, lo que implicaría que las decisiones se tomarían sin que tenga algo que decir. Ninguna opción es cómoda para el gobierno polaco”.
Por lo pronto, los dineros del rescate por el coronavirus están parados y podrían perderse si la Unión activa el reglamento de condicionalidad de los fondos al respeto del Estado de derecho.
