La policía argentina usó agua y gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes, previo a la votación de un proyecto de ley crucial para la gobernabilidad del presidente Javier Milei.
Al menos cinco diputados que participaban de la multitudinaria manifestación frente al Congreso argentino, en Buenos Aires, fueron hospitalizados.
"Es un día muy violento, en 40 años de democracia nunca había visto una represión así", dijo la diputada opositora Cecilia Moreau a la AFP al confirmar que cinco colegas que acompañaban la manifestación fueron alcanzados por los gases.
La policía antidisturbios repelió a los manifestantes para evitar que se acerquen al Congreso, aislado por vallas. Al menos 40 personas recibieron atención médica en el lugar con irritación en la piel, dijo a la AFP la Asociación contra la Violencia Institucional, sin aclarar el total de hospitalizados.
"Necesitamos que esta represión cese. Le pedimos que intervengan para cesar con estos actos", exigió en el recinto la senadora opositora Nora Giménez. La policía no hizo comentarios en lo inmediato sobre lo ocurrido.
El Senado debate la ley Bases que en sus 238 artículos incluye incentivos a las grandes inversiones por 30 años, una reforma laboral, privatizaciones y una polémica delegación de facultades legislativas al presidente ultraliberal, a quien le urge un respaldo legislativo tras seis meses de gobierno sin lograr la aprobación de ninguna ley.
La reforma laboral en particular "vuelve al siglo pasado cuando el empleado no tenía ningún derecho laboral; no resiste el análisis constitucional y va a generar conflicto y litigiosidad", acusó el senador opositor Mariano Recalde.
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La ley ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados en abril. Si los senadores le dan apoyo, el texto volverá a la Cámara Baja para su sanción definitiva.
"El esfuerzo de los argentinos en estos meses es mayúsculo, esperamos (con esta ley) sentar las bases del progreso", dijo en su discurso de apertura el senador oficialista Bartolomé Abdala al defender el proyecto del Ejecutivo.
El debate, que puede extenderse hasta la madrugada del jueves, es repudiado en las calles por organizaciones sociales, partidos de izquierda, jubilados, docentes y sindicatos, algunos de los cuales lanzaron una huelga contra el proyecto.
"No podemos creer que en Argentina estemos discutiendo una ley que nos lleva a 100 años atrás", dijo en la manifestación Fabio Núñez, un abogado de 55 años.
El presidente Milei volvió a defender su paquete de reformas: "Llevan seis meses discutiendo la Ley Bases que hubiera hecho que el ajuste sea menos doloroso, pero a la política eso no le importa", aseguró en un foro de finanzas en Buenos Aires antes de partir de gira a Europa, adonde participará de la cumbre del G7 en Italia.
La ruta legislativa ha sido cuesta arriba para La Libertad Avanza, el pequeño partido de Milei, minoritario en ambas cámaras.
"Desde el FMI hasta los inversores extranjeros, muchos actores dicen que, para que la propuesta de Milei sea creíble, se necesitan leyes del Congreso, se necesitan acuerdos, se necesita un Estado más o menos funcionando", comentó a la AFP Iván Schuliaquer, politólogo de la Universidad de San Martín.
El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo el martes que la ley es "un acelerador, un potenciador de la recuperación de la situación económica".
El debate se realiza en un contexto de economía en recesión, con desplome de la actividad industrial y el consumo, miles de despidos y una inflación en desaceleración pero aún en torno al 300% interanual.
El peso del ajuste recayó sobre todo en las jubilaciones y en el poder adquisitivo del salario en un país con la mitad de su población en la pobreza.
El proyecto naufragó en su primer intento en la Cámara de Diputados y para reflotarlo el gobierno hizo numerosas concesiones hasta reducir su contenido original de 600 artículos a un tercio.
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En medio de los tironeos, Milei calificó al Congreso como "nido de ratas", entre otros improperios contra legisladores y gobernadores.
En el Senado, el presidente cuenta apenas con siete de las 72 bancas y necesita el voto de 37 legisladores para que la sanción.
De ellos tiene garantizados unos 35 gracias al apoyo de la derecha tradicional y negociaba hasta último momento para intentar conseguir los votos restantes.
Si el paquete es rechazado, Milei tendrá que esperar un año para volver a impulsarlo, una posibilidad que debilitaría políticamente a un presidente ya golpeado en varios frentes.
En particular, el mastodóntico ministerio de Capital Humano, que reúne cuatro carteras más la administración de seguridad social, está bajo fuego tras el hallazgo de 5.000 toneladas de alimentos que estaban guardados mientras el gobierno se negaba a enviar comida a los comedores populares.
El Senado también debatirá una reforma fiscal paralela, que incluye reinstalar un impuesto a las ganancias para gravar los salarios y jubilaciones.
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