San José.— Concebido en 1998, diseñado en 1999 y ejecutado de 2000 a 2016, el Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado —Plan Colombia— significó el mayor involucramiento político, militar, financiero y de inteligencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe en el siglo XXI, en una ofensiva contra las estructuras del narcotráfico insertadas en la guerrilla comunista, el paramilitarismo anticomunista y la delincuencia organizada de ese país.
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A 23 años del inicio del Plan Colombia y más de siete de su final, las posibilidades de reproducir en México en 2023 una iniciativa similar enfrentaron una duda: ¿quedó Colombia como ejemplo o modelo internacional para atacar y derrotar a las mafias del contrabando de estupefacientes y sus aparatos afines o paralelos?
Luego de que EU gastó unos 15 mil millones de dólares en atacar a narcotraficantes, insurgentes, paramilitares y criminales, Colombia se afianzó en 2023 como principal productor mundial de cocaína: en el mercado global hoy hay más toneladas de esa droga surgida de laboratorios clandestinos colombianos que en 2000.
Pactada por los entonces presidentes de Colombia, Andrés Pastrana (1998-2002), y de Estados Unidos, William Clinton (1993-2001), la iniciativa buscó esencialmente reducir en 50% el área de cultivos de hoja de coca, materia prima de la cocaína, y de amapola, base de la heroína.
“El Plan Colombia tuvo aspectos positivos. Fortaleció la capacidad de la justicia y de la Fuerza Pública [militar y policial]. A veces se reduce el plan a una estrategia contra cultivos ilícitos. Eso fue lo menos efectivo y menos importante”, adujo el economista colombiano Jorge Restrepo, director del (no estatal) Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, de Bogotá.
“Lo más importante fue fortalecer las instituciones de justicia, la Fiscalía General y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Si bien no fue hacia allí donde se dirigió la mayor parte de recursos, sí fue donde hubo mayor efectividad. Colombia está hoy mejor que en 2000. Hay menos violencia”, declaró Restrepo a EL UNIVERSAL.
“Se resolvió el conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC] de manera negociada, lo que hubiera sido imposible sin el esfuerzo militar que hizo la Fuerza Pública porque el plan permitió que muchos recursos que antes se dirigían a luchar contra el narcotráfico, se dirigieran a los esfuerzos militares”, explicó.
Al plantear un “paralelo que se puede hacer con México”, subrayó que “entre más se dirijan esfuerzos en seguridad y justicia a la lucha contra el tráfico de narcóticos, menos recursos se dirigen a la seguridad interna ciudadana”.
El gobierno colombiano y las ahora disueltas guerrillas comunistas de las FARC firmaron en noviembre de 2016 un acuerdo de paz que entró a regir en diciembre de ese año y terminó con 52 años de conflicto bélico. Pero la paz quedó incompleta ya que la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se sublevó en 1964, todavía en 2023 está en guerra y acusada de involucrarse en el narcotráfico.
Tras recordar que el plan llegó en un escenario bélico, Restrepo destacó que EU “incluyó una disposición” que impidió que recursos materiales y financieros exclusivos para el plan fueran desviados por la Fuerza Pública a la guerra civil.
El plan “tuvo un efecto político muy importante porque unió a la sociedad colombiana en la lucha contra el narcotráfico, algo que no ocurría antes”, insistió.
“Estamos mucho mejor en gran parte gracias al plan. Dado que Colombia vivía en ese momento un muy intenso conflicto armado interno con los paramilitares, el ELN y las FARC, cualquier tipo de ayuda militar hubiese sido vista como intervención [de Estados Unidos] en un conflicto interno, con las consecuencias que eso pudiera desatar”, destacó.
Las FARC y el ELN, como los paramilitares y otras redes criminales, se involucraron en el narcotráfico, en un negocio que les facilitó financiar el reforzamiento de su capacidad de fuego. El ELN negó repetidamente estar involucrado en contrabando de drogas.
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Sembradíos
El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó que Colombia pasó de 163 mil 290 hectáreas de hoja de coca en 2000 a 77 mil 870 en 2006, con un aumento a 98 mil 899 en 2007 y una nueva caída al mínimo histórico de 47 mil 788 en 2012. Esa cifra tocó piso precisamente en ese año en el que las FARC y el gobierno iniciaron en Cuba sus pláticas de paz.
Pero el total volvió a ascender a partir de 2013, llegó a 146 mil 140 en 2016 —cuando el plan concluyó— y a 171 mil 495 en 2017 (ya en paz con las FARC) para bajar a unos 143 mil en 2020 y remontar a unas 204 mil en 2021, según SIMCI.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EU determinó que los cultivos de amapola se redujeron 50% y los de hoja de coca crecieron 15%.
El saldo del plan tampoco permitió calificar a ese país en la actualidad como prototipo a emular en otros escenarios conflictivos de América Latina y el Caribe, como México, el más importante puente para introducir drogas de origen natural (cocaína o heroína) y sintético (fentanilo, éxtasis u otros alucinógenos y variaciones químicas y estimulantes de la anfetamina o metanfetamina) a EU.
En una marcada diferencia con México, Colombia entró al plan con la experiencia de 36 años de estar enfrentada a la subversión izquierdista desde 1964. Colombia todavía combate en 2023 al ELN, declarado en 2001 por EU como fuerza terrorista global y pieza central del narcotráfico en ese país en asociación, entre otros, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México.
La última insurgencia de izquierda de México fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al que nunca se ligó al narcotráfico y en 2006 pasó de fuerza militar a política.
En una similitud crucial entre ambos países, los cárteles mexicanos y colombianos dominan la narcoactividad mundial, desde la siembra de hoja de coca y su cosecha para producir la droga y dirigir la distribución y el tráfico en los mercados, hasta la infiltración política, militar, policial, judicial y empresarial, así como el blanqueo de dinero.
En ambas naciones hay poderosos bloques paramilitares derechistas implicados en el narcotráfico.
El plan fue concebido por Pastrana todavía como candidato presidencial en 1998, cuando ganó la carrera electoral para iniciar ese año su cuatrienio.
En una entrevista que concedió en 2016 a este diario, Pastrana acusó a las FARC de multiplicar “los cultivos ilícitos” porque en el diálogo de paz logró que el entonces presidente, Juan Manuel Santos (2010-2018), aceptara suspender la fumigación aérea de los sembradíos de hoja de coca, con lo que esa guerrilla aumentó “sus ingresos en cerca de 60%” por narcotráfico.
Al condenar a Santos por negociar con las FARC un acuerdo en el que “no se condena el cultivo ilícito, sino el uso ilícito del cultivo”, reprochó: “Santos enterró el Plan Colombia”.
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