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Túnez.— Mientras la comunidad internacional reclama el regreso del orden constitucional en Túnez, el presidente Kais Saied destituyó ayer al ministro de Defensa, un día después de hacer lo propio con el primer ministro, quien anunció que acatará la decisión.
“Estamos preocupados por los acontecimientos en Túnez”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca. “Instamos a la calma y apoyamos los esfuerzos tunecinos para avanzar en línea con los principios democráticos”.
Sobre si la destitución del gobierno, por parte de Saied, constituye un golpe de Estado, Jen Psaki dijo que se trata de una “definición legal” que examina el Departamento de Estado.
Farhan Haq, portavoz de Naciones Unidas (ONU), señaló que “todas las disputas y desacuerdos deben resolverse con diálogo. Llamamos a todas las partes a ejercer moderación, evitar la violencia y asegurar que la situación se mantiene en calma”. Cuestionado por el asalto de las oficinas de la cadena Al Jazeera en Túnez por parte de fuerzas de seguridad denunciado por la empresa catarí, Haq dijo que la ONU está “consternada” por esas informaciones y confió en que se permita a todos los periodistas seguir con su trabajo sin ningún tipo de acoso.
En el mismo sentido, el presidente del Parlamento Europeo, Savid Sassoli, pidió “restaurar el orden y volver al diálogo” en Túnez. “La lucha contra la pandemia y por el interés del pueblo debería ser el centro de toda acción política”, tuiteó.
Después de un domingo de manifestaciones en numerosas ciudades contra la gestión de la pandemia de Covid, el presidente Saied destituyó al primer ministro Hichem Mechichi y anunció que “suspendía” la actividad del Parlamento durante 30 días.
Asimismo, anunció que se hará cargo del poder Ejecutivo “con la ayuda del gobierno”, asignándose la competencia de nombrar ministros. Ayer, la presidencia de la República anunció en un comunicado la destitución de Ibrahim Bartaji, ministro de Defensa, y de Hasna Ben Slimane, que era portavoz del gobierno, ministro de la Función Pública y ministro interino de Justicia.
El partido gobernante, Ennahdha, de orientación islamista, criticó duramente la medida de Saied, que denunció como “un golpe de Estado contra la revolución y contra la Constitución”.
Por contra, la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), un influyente sindicato, apoyó implícitamente las decisiones indicando que eran “conformes” a la Constitución, aunque pidió la continuación del proceso democrático más de una década después del levantamiento que terminó con la dictadura de Zine el Abidine Ben Alí.
La presidencia también anunció una ampliación del toque de queda nocturno, inicialmente establecido para reducir los casos de Covid-19, que ahora empezará a partir de las 19:00, hora local, y durará hasta las 06:00.
Además, se prohibieron las reuniones en la calle de más de tres personas y se dieron dos días de fiesta a los funcionarios.
Varios centenares de simpatizantes de Saied y de Ennahdha se enfrentaron ayer con piedras y botellas delante del Parlamento, en la ciudad de Túnez, observaron periodistas de la AFP.
Rached Ghannouchi, jefe de Ennahdha y presidente del Parlamento, llamó a la movilización y estuvo casi 12 horas frente a la puerta cerrada del lugar, al que no pudo acceder porque los militares desplegados para custodiar la Cámara se lo impidieron.
El premier Mechichi expuso ayer en una carta compartida en las redes sociales que aceptaba dejar el cargo: “Me comprometo a garantizar el traspaso pacífico de poderes a la persona que será designada por el presidente, respetando las tradiciones del Estado y deseándole éxito al nuevo equipo de gobierno”.
“Para evitar al país más colapso en un momento en el que necesita todas sus fuerzas para salir de la crisis que vive, no puedo ser de ninguna manera un elemento perturbador o parte de un problema que complique la situación de Túnez”, concluyó.
Túnez inició su transición democrática en 2011 con la llamada “Revolución de los Jazmines”, que puso fin a dos décadas de la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, y en la que se han sucedido 10 gobiernos que han agravado todavía más la crisis económica y social.
