La destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó ayer ante la Corte de La Haya una serie de pruebas contra el presidente Nicolás Maduro y varios de sus ministros para que sean investigados por supuestos crímenes de lesa humanidad.
La ex fiscal dijo que también solicitó una orden de captura internacional contra el mandatario venezolano, a quien pide investigar por “crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma”.
Ortega señaló previamente que no se pueden presentar denuncias; sin embargo, sí aportar pruebas para pedir que la fiscalía las evalúe.
Las denuncias alcanzan a Maduro y a su ministro de Defensa, general Vladimir Padrino; al ministro del Interior, Néstor Reverol; al jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Gustavo González; y al jefe del Gobierno del Distrito Capital y ex jefe de la Guardia Nacional (policía militarizada), Antonio Benavides Torres.
“Han cometido crímines de asesinatos, torturas, encarcelamiento, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. En mi condición de fiscal he cedido un cúmulo de pruebas, una carga probatoria, con que cuenta el Ministerio Público”, explicó. Agregó que se vio obligada a acudir a esta instancia internacional porque en su país “no hay justicia y no es posible que se logren sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
“Estamos denunciando que en 2015 fueron asesinadas mil 777 personas por funcionarios policiales y militares; en 2016 4 mil 477, bajo las mismas condiciones y hasta junio de este año se registraron mil 846 personas. Todas por órdenes del Ejecutivo, amparado en un plan que persigue el gobierno de limpieza social”, alegó Ortega.
Dijo que también incluyó en la denuncia a 505 personas “asesinadas en las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), ejecutadas por grupos tácticos de combates, fuerzas especiales. [Incluyó] más de 17 mil detenciones arbitrarias, cientos de casos de tortura, la militarización de la seguridad ciudadana a través de una resolución. No sólo la militarización, sino que permitió el uso de armas de fuego en manifestaciones”, afirmó.
Ortega fue destituida en agosto pasado por la Asamblea Constituyente, la cual está dominada totalmente por el chavismo y asumió poderes constitucionales. Denunció en marzo que el Tribunal Supremo de Justicia perpetró una ruptra del ordne constitucional del país, a través de dos setencias que despojaron de sus atribuciones a la Asamblea Nacional.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que la decisión de Ortega de denunciar al gobierno de su país fortalece el proceso en la OEA.
Consideró que se trata de una información “relevante” que, desde el punto de vista jurídico, “fortalece el proceso” de audiencias que él ha impulsado en la OEA para dirimir si hay base suficiente para llevar a los dirigentes chavistas ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En Venezuela, la oposición anunció que la primera semana de diciembre retomará formalmente el proceso de negociación política con el gobierno de Maduro. La Mesa de la Unidad Democrática celebró que el oficialismo “finalmente haya aceptado participar en un proceso de negociación formal con la participación y garantía de la comunidad internacional, específicamente con los cancilleres de México, Chile y Paraguay”.
Maduro dijo que su principal exigencia es que las elecciones presidenciales de 2018 se desarrollen con “garantías económicas, que cesen las sanciones del gobierno de EU, la persecución financiera”. Agencias
