México
, Estados Unidos , España , Austria , República Checa , Brasil , China , Argentina e Italia deben bloquear la transferencia y venta de armas y municiones al gobierno de Nicaragua , para impedir que sean utilizadas en la intensa represión que el presidente Daniel Ortega y su esposa , la vicepresidenta Rosario Murillo , lanzaron contra las masivas protestas callejeras antigubernamentales que estallaron desde el pasado 18 de abril.
La petición fue hecha hoy por la (no estatal) Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano , con sede en Costa Rica, como parte de intensas gestiones ante la comunidad internacional por la crisis que hundió Nicaragua en la violencia política y al denunciar una intensa represión oficialista con sus estructuras policiales y parapoliciales que recurrieron al uso desmedido de la fuerza sobre los opositores.
EL UNIVERSAL tiene copia de los documentos distribuidos por la Fundación, creada por el ex presidente costarricense Óscar Arias Sánchez , a quien se le confirió el Premio Nobel de la Paz 1987 por sus gestiones para la pacificación de Centroamérica. Arias fue presidente de Costa Rica de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010.
La Fundación reveló parte de la lista de proveedores externos de armas y municiones al gobierno de Ortega , basada en “datos recientes” emitidos por comtrade.un.org, un repositorio oficial de estadísticas de comercio internacional de la Organización de Naciones Unidas ( ONU ).
Según esos datos, en los últimos dos años (2016 y 2017) Nicaragua “ha importado armamento de Estados Unidos, España, Austria, República Checa, Brasil, China, Argentina, Italia y México , entre otros países, a los cuales, hacemos una solicitud especial para que en lo sucesivo tengan siempre en cuenta sus obligaciones jurídicas internacionales a la hora de realizar transferencias”, precisó.
“El uso de la fuerza por parte del gobierno de Nicaragua, debe ser una alerta para los Estados Parte” del Tratado sobre Comercio de Armas ( TCA ), una propuesta lanzada en 1997 por el ex presidente Arias que en diciembre de 2014 se convirtió en tratado internacional legalmente vinculante y que en la actualidad tiene 95 ratificaciones, alertó.
Bajo esos términos, hizo un “llamado urgente a los países de la región centroamericana y a la comunidad internacional para que bloqueen la transferencia de armas y municiones ” al gobierno de Ortega.
“La represión”, reiteró, “estuvo a cargo de la Policía Nacional , sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales. La Policía Nacional habría utilizado diferentes tipos de armas y municiones ”.
“Hacemos un especial llamado a los países de la región centroamericana, ya que todas las armas que nutren al gobierno de Nicaragua–utilizadas para agredir al pueblo—están ingresando a ese país por tierra, es decir, utilizando como tránsito o trasbordo a los países de nuestra región, todos Estados Parte del Tratado ”, insistió.
“De igual manera, queremos llamar la atención de aquellos que realizan exportaciones a Nicaragua, para que tomen en consideración la situación interna y revisen cuidadosamente la autorización de exportaciones”, solicitó.
“El uso de la fuerza por parte del gobierno de Nicaragua, debe ser una alerta para los Estados Parte del TCA . Reiteramos que es responsabilidad de los países involucrados en procesos de transferencias realizar el análisis de riesgo y garantizar que cuando estas se autoricen no van a incumplir con el espíritu del TCA, sea quien sea el país involucrado en la transferencia”, puntualizó
Asimismo, la Fundación instó en una misiva a la ministra costarricense de Relaciones Exteriores, Epsy Campbell Barr, a cumplir con el TCA, y alegó que ese tratado exige a Costa Rica “como uno de sus firmantes evaluar los riesgos para la paz y los derechos humanos el autorizar el paso de armas por suelo costarricense”.
“El TCA tiene un importante componente de derechos humanos, que solicita a los países no autorizar transferencias de armas ni municiones a países que, entre otras cosas, puedan utilizarlas para violar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, o para desestabilizar una región, e incluso para perpetrar situaciones de violencia de género”, añadió en la carta a la canciller.
Consultada por este diario, la Fundación precisó que Nicaragua sigue sin ratificar el TCA.
CONFLICTO
Nicaragua
quedó inmersa, a partir del 18 de abril anterior, en una profunda crisis política que estalló por el masivo repudio popular a una reforma de Ortega a la seguridad social.
El gobernante debió derogar la reforma al enfrentar un movimiento opositor de estudiantes universitarios, empresarios, campesinos y otros sectores de la sociedad civil que derivó en reclamos por una verdadera democracia en ese país, La pareja gobernante rechazó la exigencia que el movimiento opositor lanzó reiteradamente en las últimas semanas, para demandar la inmediata renuncia de Ortega y Murillo y abrir una etapa para transitar hacia la democracia.
El número de muertos tras 44 días de violencia política se aproximó ya al centenar, con al menos un millar de heridos y una cifra indeterminada de presos y desaparecidos, según organismos no estatales nicaragüenses de derechos humanos.
En sendos informes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Amnistía Internacional (AI), institución mundial (no estatal) de defensa de los derechos humanos, acusaron al gobierno de Ortega de haber desplegado una intensa y desmedida represión sobre las protestas antigubernamentales.
La Fundación recordó que, en un informe que emitió el 21 de mayo pasado, la CIDH “establece que se está utilizando la fuerza—potencialmente letal—como forma de restituir el orden público, y reitera que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas en los operativos de control de las protestas”.
En la nota a Campbell, detalló que a los países firmantes del TCA “se les recomienda realizar análisis de riesgo cuando se sospecha que las armas y municiones pueden ser utilizadas con esos fines”, como el sufrimiento humano.
Al respecto, y tras subrayar que “siendo Costa Rica país de tránsito para el armamento que va hacia Nicaragua”, le exhortó a que el gobierno costarricense “realice un profundo análisis de riesgo ante cualquier transferencia que se dirija a ese país, y si es del caso, proceda a desautorizarla en cumplimiento del espíritu del tratado”.
La Fundación instó a la diplomática a indagar la transferencia de armas por suelo costarricense hacia Nicaragua, para “tener la certeza de que no somos cómplices, del asesinato indiscriminado del cual es objeto el pueblo nicaragüense”.
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