Bruselas.— El proyecto de ley por medio del cual Colombia podría convertirse en el primer país del mundo en regular la producción y venta de cocaína, finalmente espera ser debatido este miércoles en el Senado de ese país.
Para Lorenzo Uribe, responsable de la redacción de la propuesta de texto legislativo, la discusión marcará un antes y después, a pesar de que “es baja la posibilidad de que pase”.
“La idea es poner el debate en la agenda, y pasar por primera vez del diagnóstico del fracaso de la guerra contra las drogas a una propuesta concreta en la arena política”, dice Uribe. “Hasta ahora, sólo cuando están en el retiro, los políticos comienzan a debatir y hablar sobre regulación en Colombia. Ahora son políticos en activo”. El Proyecto de Ley No. 236 lleva la firma de 21 congresistas y “la respuesta política ha sido sorprendentemente positiva, de todos los espectros políticos”, señala Uribe. En sesión mixta, el documento será expuesto por los ponentes, los senadores Luis Fernando Velasco Chaves y Armando Benedetti.
En un evento celebrado en paralelo a la sesión 64 de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, Uribe expuso los motivos por los que hay que regular la hoja de coca y sus derivados, así como la forma como se aplicaría la ley. En el foro virtual patrocinado por Transform Drug Policy Foundation y México Unido Contra la Delincuencia aseguró que la política represiva sólo ha tenido un costoso precio humano y económico.
Leer también: Marina asegura tonelada y media de cocaína al sur de las Islas Marías; detiene a 7 personas
Unas 3 mil 800 personas mueren cada año en Colombia en el contexto del combate al narco, y se calcula que el costo de las políticas de erradicación de coca entre 2005 y 2014 equivale a 50 años del gasto público en apoyo al campo.
También ha sido factor de destrucción ambiental, en 2017, 24% de las áreas deforestadas en el país estuvieron relacionadas a los cultivos de coca; y de sobrecarga carcelaria, entre 2005 y 2014 fueron detenidas 720 mil personas por delitos asociados a los estupefacientes, lo que equivale a la detención de nueve individuos cada hora. La política antinarcóticos ha provocado la militarización, fomentado la corrupción y la infiltración del narco en la política, así como ha generado las condiciones para la criminalización de las comunidades indígenas, en zonas con plantaciones de coca.
Dice que un mercado regulado ayudaría a recomponer los daños causados por una estrategia fallida y dotaría al Estado de recursos para la prevención y mitigación por el consumo de estupefacientes. La iniciativa regula los procesos de transformación, distribución y comercialización de la hoja de coca y sus derivados, partiendo de tres niveles.
El primero abarca a los derivados no sicoactivos, como bebidas, alimentos y cosméticos, productos que serían comercializados en todo el territorio, sin más condiciones que las establecidas comúnmente para el mismo tipo de productos. Recibirían un tratamiento similar al de la venta de café, apuntó Uribe.
El segundo grupo incluye los estimulantes, como la cocaína. Aquí el gobierno definiría el monto anual de hoja de coca que le comprará a los cultivadores. Las autoridades públicas trabajarían conjuntamente con centros de investigación y laboratorios para la transformación controlada.
En los casos de consumo ocasional o recreativo los productos serían distribuidos a través de farmacias y los usuarios tendrían que registrarse, con carácter anónimo, en una base de datos y asistir previamente a un control médico. Si hay abuso, el acceso sería bajo control de las secretarías locales de salud. El uso será exclusivo de mayores de edad, no habrá publicidad ni promoción de los productos, y el uso no será permitido en establecimientos educativos, instalaciones deportivas ni medios de transporte.
Leer también: El narcoenlace de Caro Quintero
El tercer apartado incluye a los derivados que seguirán prohibidos, como el crack. “Esto no resolverá todos los problemas en tanto los mercados internacionales mantengan la ilegalidad, pero Colombia es un buen lugar para comenzar”, indicó.
La directora de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, abogó por una solución similar para México. Aseguró que el tráfico de cocaína es causa de violencia, empoderamiento de las bandas criminales, militarización y sobrepoblación carcelaria.
“La falta de fuentes legales para el acceso y uso responsable de cocaína por parte de adultos está provocando que se acerquen a los mercados ilegales, empoderando a los criminales, causando violencia y propagando el conflicto en México”. Sostiene que si hubiera fuentes de suministro reguladas, la gente con problemas de consumo podría ser atendida por los sistemas de salud y el sistema de justicia tendría posibilidad de reorientar sus capacidades al efectivo combate a la delincuencia.