Santiago.— La jornada de protestas de ayer en Chile dejó una dualidad entre marchas pacíficas y disturbios, que fueron dispersados con gas lacrimógeno y balines de goma, dos caras que comienzan a convertirse en la rutina de las manifestaciones que se dan contra la desigualdad social.
Volaron piedras de ambos lados de la gran avenida donde está enclavado el Palacio de La Moneda, sede presidencial.
La llamada Segunda Gran Marcha de Chile en redes sociales convocó a 10 mil personas en la misma Plaza Italia donde el viernes más de un millón de personas sin líder ni color político se manifestaron pacíficamente por una sociedad más igualitaria. “¡Chile despertó!”, corearon cientos de personas que se acercaron al cordón policial más próximo a la Presidencia, mientras policías con trajes antimotines esquivaban piedras y palos que lanzaron los más radicales, que gritaron: “¡Piñera, renuncia!”, en alusión al presidente Sebastián Piñera. Tras 11 días del estallido social, ninguna medida del gobierno ha logrado bajar la tensión en las calles.
Las voces que reclaman un proceso constituyente que derive en una nueva Constitución son cada vez más y varios miembros de la oposición así lo expresaron tras el cambio de ministros que hizo el gobierno este lunes, que no les convenció. El gobierno de Piñera ofreció otra ronda de conversaciones a los partidos para superar la crisis.
Las protestas han dejado desde el pasado 18 de octubre un saldo de 20 muertos y 997 personas imputadas por destrozos, incendios, saqueos o enfrentamientos con las fuerzas del orden. Karla Rubilar, la nueva ministra vocera, designada el mismo lunes en que nuevos enfrentamientos violentos dejaron el centro de Santiago entre escombros y cenizas, señaló el contraste entre los actos violentos y la gran manifestación festiva y pacífica del viernes.
La misión de observadores de Derechos Humanos de la ONU retrasó su llegada a Chile, pero ya llegó al país la investigadora de Amnistía Internacional (AI) Pilar Sanmartín para documentar las más de 100 denuncias de abusos policiales y posibles crímenes de derecho internacional cometidos desde que estalló la crisis.
La representante de AI externó a la agencia de noticias EFE su preocupación ante la “masividad” de los casos que se han denunciado.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, reconoció que algunas situaciones que involucran a las fuerzas del orden “parecen ser violaciones a los derechos humanos”. Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, estatal), aseguró que durante los días de manifestaciones se han presentado “más querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que durante todo 2018”.
