Caracas.— El gobierno venezolano pidió ayer a la fiscalía general emprender una investigación para determinar las causas y responsabilidades del motín en el centro de detenciones de la policía de Carabobo que dejó al menos 68 muertos, y garantizó medidas de reparación para familiares de las víctimas.
En una declaración sobre el suceso ocurrido el miércoles, el gobierno pidio “aplicación implacable y firme de la justicia”. Explicó que junto con la gobernación regional de Carabobo, en el norte del país, conformó un equipo multidisciplinario y la activación de los protocolos necesarios para la protección integral a cada una de las familias afectadas, así como la atención a las personas que resultaron lesionadas.
“De igual manera, se ha acordado el otorgamiento de medidas de reparación de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, señaló. La oposición había criticado al gobierno por su silencio ante lo ocurrido.
Fuentes policiales indicaron a la AFP que ayer sólo quedaban ocho cuerpos por ser entregados a sus familiares, que no los habían reclamado. La ONG Una Ventana a la Libertad —que defiende los derechos de los presos— asegura que las llamas fueron iniciadas por un grupo de detenidos que planeaba fugarse.
La oficina de Naciones Unidas (ONU) había pedido una investigación a fondo del caso y alertó sobre el hacinamiento y las condiciones en las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela.
