La peor crisis política de la democracia española afronta su hora más dramática. Hoy el presidente catalán, Carles Puigdemont, decidirá si declara la independencia, como le exigen sus aliados, o cede ante las presiones de la derecha y la izquierda.
El último llamado a Puigdemont para que renunciara a la proclamación lo hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien aseguró que esa medida pondría en peligro “la cohesión social”.
“Los resultados del [referéndum del] 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia”, dijo en una declaración institucional, solicitando al mismo tiempo al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, que no suspenda la autonomía de Cataluña y que retire los refuerzos policiales enviados a la región.
El gobierno central fue más allá: si Puigdemont sigue adelante “habrá que tomar medidas”, advirtió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en declaraciones a la emisora de radio COPE.
Pidió a los independentistas “que no se tiren al precipicio” y eludió concretar si el gobierno aplicaría el artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión e intervención del gobierno regional catalán, pero dijo que el Senado debería ser parte de la respuesta, y es la Cámara Alta la que debe dar el visto bueno a la medida.
Puigdemont tiene hoy una primera oportunidad de proclamar la independencia de Cataluña en su comparecencia ante el Parlamento regional catalán, tras el referéndum de autodeterminación que obtuvo 90% de votos en favor de la secesión pese a que fue declarado ilegal por el gobierno de Rajoy.
La última vez que un gobierno catalán declaró la independencia, en 1934, su presidente Lluís Companys acabó en la cárcel, un hecho que el dirigente del gubernamental Partido Popular, Pablo Casado, recordó ayer a Puigdemont.
El líder del primer partido de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez, también pidió al presidente catalán que “pare las máquinas y no haga la declaración unilateral de independencia”.
Por su parte, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), aliado de Puigdemont, rechazó “las amenazas” del gobierno. “Nosotros vamos a seguir con este proceso”, aseguró su portavoz Sergi Sabrià, aunque mantuvo “una puerta abierta al diálogo”.
El más radical de los socios de Puigdemont, el partido de extrema izquierda CUP, defendió una declaración unilateral. “La única forma de poder asumir un escenario de diálogo y de mediación con el Estado es poder hacerlo como iguales, (...) hacer emerger un nuevo Estado que es la República Catalana”, dijo su portavoz Benet Salellas.
Además, una eventual independencia de Cataluña no sería bien recibida en Europa. Ayer la cancillería francesa advirtió que no los reconocerán como Estado independiente. La canciller alemana, Angela Merkel, reafirmó el respaldo de su país a la “unidad de España” en una conversación telefónica que sostuvo el sábado con Rajoy. Tampoco han recibido amparo o apoyo de algún país de la Unión Europea.