San José.- La Presidencia de Colombia es un campo minado… y Gustavo Petro lo sabe.
La más reciente detonación en los dominios del primer presidente izquierdista colombiano se saldó con el suicidio de un teniente coronel y atizó la caldera política por los escándalos de presuntas intervenciones telefónicas ilegales —“chuzadas”— ejecutadas desde oficinas presidenciales y de supuestos aportes del narcotráfico a la campaña electoral de Petro.
Los explosivos ingredientes agravaron con inusitada rapidez la tensión política en Colombia, cuando todavía faltan 53 días para que Petro cumpla apenas el primero de sus cuatro años de mandato, iniciado el 7 de agosto de 2022.
“Hay una obsesión por bloquear al presidente Petro y no dejarlo gobernar por parte de la mayoría de actores de la oposición”, describió el politólogo y consultor político colombiano Leonardo García, de Speak Consultoría de Reputación, firma privada de Bogotá.
“Se equivoca el presidente en no buscar consensos, no ajustar un equipo de gobierno competente, no tener un método y un plan consistente de ejecución y provocar diariamente desde su cuenta de Twitter”, dijo García a EL UNIVERSAL.
“Se equivoca también el establecimiento (político) tradicional que busca acorralar al gobierno y exigir sin ceder en un escenario que hace evidente un ejercicio de acuerdos para los cambios de fondo”, subrayó.
En una arenga callejera el 7 de este mes en Bogotá ante denuncias de que en 2022 habría recibido unos 3 millones y medio de dólares de procedencia dudosa para su lucha electoral por la Presidencia, Petro deslizó una controversial sugerencia: “Pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio como está aconteciendo”.
“¿Palabras premonitorias?”, planteó anteayer Semana, influyente revista colombiana que destapó parte de los escándalos que acorralan a Petro, en referencia a un nuevo ingrediente que alimentó la hoguera: el teniente coronel colombiano Óscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia, se suicidó el viernes anterior de un balazo en la cabeza en Bogotá.
Dávila murió el viernes… “solo días después” de que el presidente mencionó a personas “al borde del suicidio”, publicó Semana.
Reiteradas insinuaciones circularon en Colombia acerca de que Dávila fue asesinado para callarlo porque, como oficial con una posición clave en la estructura presidencial, habría conocido entretelones de los escándalos.
“La ley del silencio u omertà, el viejo código de honor de la mafia siciliana, hace rato depositó su espíritu en Colombia”, advirtió el periodista colombiano Melquisedec Torres, en su columna el domingo pasado en el periódico El Colombiano, de Medellín, la segunda más importante ciudad de ese país y capital del noroccidental departamento (estado) de Antioquia.
Dávila “es el nuevo nombre en el intrincado listado de las víctimas estratégicas de la alta criminalidad en Colombia, aquella que conecta con las escalas mayores del poder político nacional” y su caso “sin considerar si lo suyo es homicidio o suicidio, apunta a esa omertà que prohíbe, so pena de muerte, la cooperación con las autoridades o emplear sus servicios, aún si se es la víctima”, puntualizó.
Petro desmintió el sábado que Dávila fuera asesinado e instó a que una indagación judicial “busque las causas de su suicidio” y al porqué “se sintió tan acolarrado (sic) como para llegar a tan terrible decisión”. Se supone que el presidente quiso decir acorralado.
Al aducir que Dávila murió de “un disparo en la cien (sic)”, narró que “no hay más disparos en el lugar. No es cierto” que haya “dos disparos en su cuerpo”. Se supone que Petro quiso decir sien.
Dávila emergió como ficha clave de unos presuntos operativos ilegales de escuchas telefónicas revelados en mayo anterior por Semana ante una controversia que involucró al núcleo más cercano a Petro en la Presidencia.
La colombiana Marelbys Meza relató a la revista que en enero de este año fue llevada a un edificio de la Presidencia y sometida a interrogatorio y a un polígrafo o detector de mentiras por el robo de gran cantidad de dinero en la residencia de su patrona, la politóloga colombiana Laura Sarabia, exjefa de Gabinete de Petro.
Dávila debía comparecer ante la Fiscalía General de Colombia por esos hechos.
Meza fue niñera de Sarabia, pero antes sirvió al político y comunicador colombiano Armando Benedetti, cercano a Petro en el andamiaje político-partidista en las dos rondas electorales que en 2022 le llevaron a la Presidencia.
Benedetti fue involucrado en el lío de la niñera y Sarabia y dimitió el 2 de este mes como embajador de Colombia en Venezuela. Sarabia renunció ese mismo día a su puesto como la más cercana colaboradora de Petro en el Palacio de Nariño, sede de la Presidencia.
En un audio de una conversación telefónica entre Sarabia y Benedetti que Semana reveló el 4 de este mes, el exembajador insinuó que Petro recibió 3 millones y medio de dólares de origen dudoso. Benedetti nunca citó a las mafias del contrabando de drogas, pero el presidente sí lo hizo y desmintió haber captado recursos financieros del narcotráfico.
En defensa de Petro y en un intento por revertir el desgaste del mandatario, el gobierno colombiano realizó la semana pasada multitudinarias movilizaciones políticas callejeros en Bogotá y en otras partes del país.
En esos actos y en Twitter, el gobernante acusó a la derecha, la ultraderecha y los principales medios de comunicación de Colombia de atacarlo por rechazar las reformas socioeconómicas a favor de los sectores colombianos más desprotegidos.
“Los poderosos” se oponen a las reformas “porque viven del Estado” y se niegan a “perder sus privilegios”, “se les invita a pactar y responden con la burla y el engaño” y “quitan la salud, la pensión y la estabilidad laboral solo por ganar más y más dinero mientras el resto de Colombia tiene hambre”, alegó.
En un país que lucha por despojarse de las minas como saldo de casi 60 años de guerras, los campos políticos en la ruta de Petro siguen minados.