San José.— Arrinconado por los escándalos en su familia y sus anillos de confianza y por el desgaste de sus alianzas, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, le apostó su cada vez más escuálido capital político a un cese del fuego que pactó ayer en Cuba con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla comunista de América, en busca de la paz total y de revertir una crisis de creciente ingobernabilidad.
Petro inició la semana con una bomba mediática al revelarse, el domingo anterior, que socio político suyo —Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela— sugirió que habría recibido 3 y medio millones de dólares (supuestamente del narco) para pagar segunda ronda electoral (19 de junio de 2022) que el 7 de agosto lo llevó a presidencia.
Petro negó sugerencias, pero está golpeado en ámbito legislativo y político interno; alto temporal de hostilidades bélicas con el ELN podría servirle para intentar volver a reflotar como primer presidente izquierdista en historia de Colombia con multitudinario caudal de apoyo popular.
“Petro trata de aprovechar políticamente un cese del fuego con una organización ilegal para mostrar algún éxito que en todos los otros campos del gobierno no tiene y bajar el volumen a los escándalos, que le explotan hasta por debajo del piso”, afirmó el abogado y economista colombiano Rafael Nieto, exviceministro del Interior y de Justicia de Colombia. “La combinación de los escándalos hace que Petro haya perdido el relato, la narrativa, el discurso de izquierda de que había un cambio contra la corrupción y el narcotráfico. Eso se cae al piso. Por eso su afán de encontrar escenarios alternativos: la calle y la negociación con el ELN”, dijo Nieto a EL UNIVERSAL. En deterioro de margen interno de maniobra y sin completar un año en el poder, Petro pareció blandir ayer desde Cuba un acuerdo que su gobierno y el ELN lograron tras tercer periodo de negociaciones directas, que empezó el 2 de mayo anterior y acabó ayer en La Habana.
“En mayo de 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre ELN y el Estado”, proclamó desde la capital cubana, a donde viajó antenoche para presidir la firma de un pacto que allanaría la ruta a la paz total en un conflicto que estalló en 1964.
La paz incompleta llegó a colombianos en 2016, cuando la entonces guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se sublevó en 1964, suscribió la paz con el gobierno y se disolvió para emerger como partido político.
El ELN, que declaró la guerra en 1964, y el gobierno pactaron en Cuba un calendario que fijó en mayo de 2025 el límite para rubricar las tres primeros partes —participación (política), democracia y transformaciones socioeconómicas— de las seis del acuerdo final. El objetivo es suscribir la paz con el ELN a finales de 2025, según fuentes oficiales.
El ELN y el gobierno definieron que el cese del fuego entrará a regir por etapas: del 9 de junio al 5 de julio será la de “alistamiento”; del 6 de julio al 2 de agosto será la de “desescalamiento”, y el 3 de agosto empezarán a contarse 180 días de tregua en firme que vencerán el 29 de enero de 2024.
“Aquí nace un nuevo mundo, aquí se acaba una fase de la insurgencia armada en América Latina con sus mitos y realidades”, anunció Petro ayer en Cuba. La frase resonó en un país que, como ocurrió con Cuba a partir del triunfo revolucionario de 1959, sirvió de inspiración, santuario y base de entrenamiento para expandir las guerrillas comunistas latinoamericanas y caribeñas en los últimos cuatro decenios del siglo XX.
El guerrillero colombiano Antonio García, máximo jefe del ELN, acudió sorpresivamente al acto de ayer. Al evitar plantear expectativas ambiciosas, aclaró que “no hemos firmado acuerdos sustanciales”, ya que son sólo “acuerdos de procedimiento”, pero solicitó que “este proceso de paz tiene que ser distinto, tenemos que ver cambios”.
El arreglo de La Habana fue precedido por negociaciones bilaterales en México (febrero y marzo de 2023) y Venezuela (noviembre de 2022), tras reanudarse en octubre del año pasado luego de diálogos y rupturas entre 2017 y 2022.
EL ELN, acusado de narcotráfico por la policía colombiana y declarado en 2001 por Estados Unidos como fuerza terrorista global, logró en febrero de este año que Petro le otorgara rango “jurídico legal” de “organización política armada rebelde”.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), vital en Colombia para desarrollar los términos de la paz desde 2016 con las FARC, alabó al gobierno y al ELN por silenciar los fusiles, factor clave en el plan de Petro de pacificar al país con diálogos que ya inició con paramilitares, narcotraficantes y demás bandas criminales.
Pero marzo, abril, mayo y junio de 2023 complicaron su mapa político. En marzo, le estalló un escándalo por el presunto nexo de su hijo mayor —Nicolás— con financiamiento electoral vía narcotráfico de su país, principal productor mundial de cocaína, y de su hermano —Juan Fernando— con tráfico de influencias.
En abril, desbarató la baraja partidista que armó para cogobernar con fuerzas tradicionales. En mayo, se lanzó más hacia la izquierda y asustó a la derecha: “jauría de privilegiados” y “revolución en marcha”.
Ese mismo mes apareció un escándalo de intervenciones telefónicas ilegales atribuidas a su ahora exjefa de gabinete (Laura Sarabia), mientras junio arrancó con la sospecha de que recibió dinero sucio en campaña.