El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, anunció ayer que incluirán el Petro, la criptomoneda del país lanzada por el presidente Nicolás Maduro, en el sistema oficial de subasta de divisas que controla el Estado.
“Hemos tomado la decisión de que el Petro sea también subastado a través del sistema Dicom (Divisas Complementarias)”, dijo El Aissami durante una reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva que es auspiciado por el gobierno y lo integran algunos empresarios.
El vicepresidente aseguró que esta medida “facilitará que el sector productivo nacional pueda hacer operaciones de compra y venta” a través de esta divisa digital, e indicó que han recibido “propuestas en firme para hacer intercambios comerciales en Petro” por parte de varias empresas que prefirió mantener en secreto.
Informó que a las empresas del sector bancario y de finanzas “se les va a autorizar registrar [el Petro] como parte de su patrimonio y con ello [obtendrían] recapitalización”, y aclaró que estas operaciones las podrán hacer en dólares, euros, otras criptomonedas o “cualquier divisa intercambiable”.
Según El Aissami, la implementación del Petro traerá estabilidad al sistema financiero nacional y les permitirá en un futuro próximo “avanzar en la reindustrialización” de Venezuela.
“El Petro va a ser nuestra divisa poderosa internacional, por encima del dólar”, aseguró.
Por su parte, el Parlamento, de mayoría opositora, declaró nula dicha preventa y alertó a los potenciales compradores sobre la “ilegalidad” del Petro.
Los diputados acordaron “declarar nula la preventa y todas las obligaciones que emanan de la circulación del Petro por ser violatorio de la Constitución y las leyes”.
Asimismo, acordaron “alertar a los potenciales inversionistas y actores del mercado de las criptomonedas sobre la inconstitucionalidad de la emisión del Petro o cualquier otra obligación por parte del Estado venezolano, que tenga como garantía las reservas petroleras o de cualquier otro mineral”.
De acuerdo con los legisladores, con el Petro el gobierno busca burlar el control del Parlamento sobre las operaciones de crédito público, viola las competencias exclusivas del Banco Central en materia de política monetaria y choca con un apartado constitucional que establece al bolívar como la única moneda de curso legal en el país.