El Comité Internacional de la Cruz Roja ( CICR ) denunció hoy en Bogotá que pese al avance del proceso de paz en Colombia , en 2017 hubo numerosas violaciones a los derechos humanos con desaparecidos, amenazas de muerte, homicidios selectivos, violencia sexual, desplazamientos masivos, extorsiones, confinamiento y reclutamiento de menores de edad a grupos armados y pandillas.
La advertencia fue planteada en la capital colombiana por el suizo Christoph Harnisch , jefe de la delegación del CICR en Colombia , al presentar el balance anual “Retos Humanitarios 2018” para evaluar el impacto del acuerdo de paz pactado en noviembre de 2016 en ese país entre el gobierno y la guerrilla de las FARC para poner fin a más de 52 años de guerra.
“Es alarmante que continúen los casos de desaparición, las amenazas, los homicidios selectivos, la violencia sexual, los desplazamientos masivos y gota a gota, las extorsiones, el confinamiento, las minas antipersonal y otros explosivos, el control social y la vinculación de menores de edad a grupos armados y pandillas”, puntualizó el balance.
Al urgir a ejecutar las “dimensiones humanitarias” del acuerdo para enfrentar la inseguridad, el drama de personas desaparecidas y la grave crisis carcelaria, Harnisch alertó que “la disminución de las acciones armadas en varias regiones del país contrasta con la continuidad de graves fenómenos de violencia y con la falta de mejoras concretas en las vidas de las comunidades que más han sufrido las consecuencias del conflicto armado”.
“La implementación efectiva de las dimensiones humanitarias del acuerdo de paz no puede retrasarse más”, afirmó, al insistir en que “es hora de que las víctimas de tantos años de conflicto reciban la atención que merecen. Si Colombia quiere realmente superar tantos años de dolor, debe asegurarse de que las víctimas ocupen un lugar central en la agenda pública del país”.
La pacificación total colombiana es una meta en ese país, mientras sigue avanzando con dificultades el pacto de paz que, tras cuatro años de negociaciones en Cuba, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos suscribió en noviembre de 2016 con las ex guerrilleras y comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya legalizadas como partido político, para poner fin a más de 52 años de un conflicto bélico que estalló también en 1964.
El gobierno y las FARC siguen sin pronunciarse acerca del balance emitido por el CICR.
Cifras oficiales emitidas con la firma de la paz mostraron que los más de 52 años de enfrentamiento bélico dejaron 8 millones 68 mil 272 víctimas, con más de 225 mil muertos, unos 45 mil desaparecidos, más de 6,4 millones de desplazados a la fuerza y un abultado saldo por terrorismo, secuestro, torturas, delitos contra la libertad e integridad sexual, pérdida de propiedades y abandono o expulsión de tierras.
El CICR informó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, en ese país hay más de 85 mil personas desaparecidas.
Vulnerables. Harnisch explicó que “las estructuras” de las FARC que rechazaron acogerse al proceso de paz “siguen afectando gravemente a la población civil más vulnerable”.
Otro de los factores que complican el panorama, dijo, es “la incertidumbre ante las negociaciones” de paz del gobierno con el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última insurgencia comunista colombiana, que están suspendidas desde el 10 de enero de este año por recientes y reiterados ataques de esa fuerza rebelde, creada en 1964, en contra de objetivos militares y policiales y de la infraestructura petrolera.
En un recuento que envió hoy a EL UNIVERSAL sobre la situación colombiana, tras la entrada en vigencia del acuerdo en diciembre de 2016 y con los mecanismos de desmovilización, desarme y reinserción social de unos 7 mil guerrilleros de las FARC, el CICR reportó que “en particular, nos preocupan” los hechos de violencia en los departamentos como Chocó (noroccidente), Nariño (suroccidente), Norte de Santander (oriente), Cauca (suroccidente), Guaviare (suroriente), Antioquia (noroccidente), Arauca (oriente) y Caquetá (sur).
En 2017 “dimos seguimiento a más de 550 casos de violaciones recientes al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, tanto en zonas históricamente vulnerables como en lugares donde hubo reordenamiento de grupos armados”, refirió.
“Por eso, insistimos con vehemencia en que el cumplimiento de las normas humanitarias no es una opción. La fuerza pública y todos los grupos armados en el país deben respetar y mantener a la población civil al margen de las hostilidades”, sentenció.
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