San José.— Al ultraderechista presidente de Argentina, Javier Milei, los vientos de crisis nacional se le arremolinaron. A la conflictiva hoguera de miseria creciente, inflación, devaluación, descontento popular, masivo desempleo, estancamiento económico y zozobra social se le sumó este mes el súbito agravamiento de la incontrolable inseguridad en Rosario, tercera ciudad principal de Argentina, por la incursión del narcotráfico y de otras redes del crimen organizado.
“¡Uh, sonamos!”, acostumbran exclamar los argentinos en casos extremos, como al toparse con la realidad de que, aunque “éramos pocos” y “no cabíamos en la casa”, en el momento más inoportuno “parió la abuela”.
“La crisis de violencia en Rosario no es nueva: lleva más de 10 años. Las fuerzas provinciales están desbordadas”, afirmó el periodista Mariano D’Arrigo, columnista político del diario La Capital, de Rosario. “Hay mucho lavado de dinero que circula de exportaciones en negro. Se mezcló el dinero de exportaciones no declaradas con el del narcotráfico, que necesita ser lavado y reintroducido al circuito formal. En Rosario hay factores estructurales que explican esta violencia, en un tejido social cada vez más desgastado”, dijo D’Arrigo a EL UNIVERSAL.
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“Hay fragmentación de las bandas y hay complicidad policial. Todo es un caldo de cultivo muy explosivo para la violencia que se suma en este último tiempo al deterioro de la situación económica nacional y que se profundiza por las políticas [de severo ajuste financiero] de Milei”, agregó. “Es esperable más violencia si no se atacan las cuestiones estructurales: reconstruir el tejido social, ofrecer a jóvenes una expectativa de salida de desarrollo social en vez de ser soldaditos del narcotráfico y una reforma policial y judicial, con mayor efectividad en la tasa de condenas como disuasivo para cometer crímenes”, subrayó.
Tras revelar que hay nexos de “amplios sectores” de la policía provincial con la delincuencia, aclaró que son redes con “un anclaje muy local. No están operando grandes organizaciones criminales transnacionales” de México, Brasil, Colombia o Venezuela que consiguieron desplegarse por América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Pese a esos y otros datos, este diario no logró obtener una confirmación independiente sobre el presunto contubernio policías-mafiosos.
Ubicada en el área norcentral de Argentina y capital de la central provincia (estado) de Santa Fe, Rosario registró este año un repunte de la violencia, con cuatro asesinatos —dos taxistas, un chofer de autobús y un trabajador de una estación de servicio de combustibles— la semana anterior en repudio a las nuevas restricciones carcelarias contra los prisioneros. Al imitar las medidas anticriminales que el presidente de El Salvador, el derechista Nayib Bukele, implantó en su país desde marzo de 2022 contra las pandillas, el gobierno de Santa Fe, que asumió como Milei el 10 de diciembre anterior, endureció las restricciones en los penales para narcotraficantes y otros delincuentes, los aisló al quitarles beneficios y reducirles visitas.
La respuesta criminal callejera apareció con incesante violencia.
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Las fuentes consultadas en Argentina describieron que, pese a sus pugnas por territorios, las bandas se unieron para enfrentar a las autoridades provinciales con atentados, forzarlas a abrir una “negociación” y obligarlas a aceptar que alivien las condiciones de detención a las que sometieron a los líderes narcotraficantes y a otros presos.
Encarcelados los rangos superiores o de primera, segunda y tercera líneas, las calles quedaron dominadas por “las cuartas líneas: jóvenes sin nada que perder, muy violentos y con escasa planificación estratégica”, narró D’Arrigo.
Milei desplegó esta semana en Rosario a casi medio millar de efectivos militares y de las distintas instancias policiales federales, en un contexto de profunda amenaza: el peligro de que el conflicto de inseguridad en esa urbe se extienda a otras partes del país.
En un acto que evidenció las preocupaciones por el riesgo de propagación nacional de la ofensiva mafiosa, los 24 gobernadores de Argentina advirtieron anteayer en una declaración conjunta que “el narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos”.
“En mayor o en menor medida, la nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que —con distintas formas— afecta a todas las jurisdicciones”, precisaron.
“La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía: decide el Estado y la sociedad o deciden las mafias”, advirtieron.
La crisis del narcotráfico en Argentina se agravó en el siglo XXI, pero sumió al país en una pesadilla en la madrugada del 2 de marzo de 2023 en Rosario con un ataque a balazos de pandilleros contra un comercio de los argentinos José Roccuzzo y Patricia Blanco, progenitores de Antonela, esposa del futbolista Lionel Messi. Los agresores dejaron un mensaje escrito en el negocio de los suegros del jugador: “Messi te estamos esperando”.
Las alarmas por la penetración de los contrabandistas de drogas ilícitas resonaron desde inicios del siglo XXI en Rosario.
Las fuentes coincidieron en que Santa Fe, y Rosario en especial, marcó diferencia con otras provincias que sí aplicaron un pacto entre criminales y estructuras estatales.
En una vía ilegal, clandestina y solapada para intentar contener el problema, las ventas de narcóticos ilícitos fueron operadas en centros urbanos de las demás provincias bajo un pacto implícito o no escrito: aparatos estatales asumieron como “reguladores” con poder de designar a los vendedores de estupefacientes de cada zona, garantizar una convivencia y sancionar a los que quiebran esa insólita… paz secreta en las calles.