San José. – Desgaste… la palabra que describe el panorama gubernamental, parlamentario y económico de Perú.
En un panorama de creciente deterioro institucional, los principales pesos y contrapesos de la política peruana —la administración de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso—perdieron credibilidad, en una carambola que complicó la gobernanza desde los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Luego de más de siete meses desde que, el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente peruano, el sindicalista magisterial Pedro Castillo, fue destituido tras fracasar en su intento de asestar un golpe de Estado para gobernar por decreto y sin balanza legislativa y judicial, una mezcla de erosión política, hastío social y descontento popular se agudizó esta semana en Perú.
Sin violencia, la agitación golpeó anteayer a varias ciudades peruanas, en movilizaciones callejeras pacíficas para exigir que Boluarte y el Congreso dimitan y que las elecciones generales, previstas para 2026, se adelanten a 2025 en un proceso que podría permitir a Perú normalizar salir de una prolongada inestabilidad.
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“Se puede ganar (una elección) con la mitad de los electores, pero no se puede gobernar con la otra mitad en contra. Boluarte no tiene la otra mitad en contra: tiene el 80% de desaprobación. El Congreso está desaprobado por el 90%”, afirmó el médico peruano Luis Solari, exprimer ministro de Perú, basado en encuestas.
“El 82% opina que el mejor camino para Perú es que haya elecciones antes de 2026. Entre los jóvenes de 17 a 24 años, que son un tercio del electorado, el 92% pidió adelantarlas. Entre el 80% y el 90% está en contra (del gobierno y del Congreso)”, describió Solari a EL UNIVERSAL.
“Los congresistas no pueden visitar sus departamentos (estados) porque les tiran piedras, tomates, huevos. Boluarte no puede ir a ningún lado. Pasamos de la desaprobación en las encuestas al repudio ciudadano. Es una situación delicada que confío en que la presidenta esté evaluando: el único camino constitucional es que el Congreso la destituya o que ella renuncie”, subrayó.
Al aclarar que “tampoco es que hay 200 mil personas protestando en las calles” y que son unos 20 mil en un país de 33 millones de habitantes, planteó que “el gobierno se siente cómodo de flotar… en nada y ha encontrado un contubernio con el Congreso”.
“No se hacen acuerdos (legislativos) por el bien (de Perú). Se piensa solo (…) en la pequeñez política (partidista). En esas alianzas Congreso-gobierno no habrá votos para destituir a Boluarte. Así, el único camino constitucional para lo que la gente quiere, adelantar elecciones, es que Boluarte renuncie”, alegó.
Como vicepresidenta de Castillo, en un dúo que asumió el 28 de julio de 2021 para gobernar cinco años, Boluarte anunció antes de diciembre de 2022 que si el mandatario dejaba la Presidencia por cualquier ruta constitucional—destitución por el Congreso o renuncia—, también se iría del gobierno por integrar su misma fuerza política. Sin embargo, Boluarte decidió quedarse y ahora pretendería completar el periodo para el que Castillo fue electo en 2021.
“Si se hubiera ido (con Castillo) no hubiera habido los casi 70 muertos que ha habido, sin explicaciones, sin que renuncie ningún ministro y sin responsabilidad política. No estaríamos con una caída dramática de la inversión privada en Perú y a las personas les alcanzaría el dinero para comprar lo que compraban antes en los mercados”, aseguró Solari.
Si Boluarte dimite, y sin alguien en vicepresidencia, su puesto lo asumiría el presidente del Congreso para que llame a comicios generales en los siguientes cuatro meses y ordene una transición. El presidente parlamentario es el general de División en retiro, José Williams.
Después de que el Congreso separó a Castillo de su cargo por la intentona golpista y fue sustituido por su vicepresidenta, Perú se hundió en más de dos meses de violencia política y de intensa represión militar y policial que se saldó con más de 60 muertos y gran número de heridos y detenidos.
Castillo, cuyo gobierno siempre navegó en la zozobra, está preso desde el 7 de diciembre por presuntos actos corruptos y por rebelión y conspiración.
Ante las demandas callejeras de que dimita y se adelanten las elecciones, Boluarte destacó ayer en Lima que “entre la paz y el diálogo sincero podemos llegar a buenos consensos”.
Tras instar a que “no estén por delante intereses políticos”, porque “eso se resolverá en las próximas elecciones”, invitó—sin entrar en detalles—al “diálogo natural como personas que nos respetamos para poder ponernos de acuerdo entre sus diferencias y las nuestras”.
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Perú quedó así en un cruce político, jurídico y económico con riesgos de agudizar el deterioro institucional.
El (no estatal) Instituto Peruano de Economía (IPE) alertó en mayo de este año que, aunque se previó un crecimiento del 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2023, será necesaria una revisión del pronóstico “a la baja”.
“La magnitud” de la caída de 1.4% de la economía en mayo “es grandísima” y “el peor resultado en lo que va de 2023”, recalcó.
“No es correcto hablar de recesión”, respondió ayer el ministro peruano de Economía, Alex Contreras, al anticipar que julio registrará la tasa de crecimiento del PIB “más alta” de 2023, pero sin dar cifras y mostrar un cuestionado optimismo.
“Hay un claro desgaste. Boluarte y el Congreso tienen niveles ínfimos de aceptación”, advirtió el abogado peruano Francisco Belaúnde, profesor de Derecho Internacional Público en la (no estatal) Universidad de Lima.
Tras relatar a este diario que los desfiles de anteayer se realizaron sin violencia y que al final si hubo “escaramuzas” atribuibles a excesos policiales y a manifestantes violentos “que nunca faltan”, señaló la relevancia de que convocaron a grupos “castillistas” de izquierda y a fuerzas de izquierda moderada y de centroderecha.
“La marcha ha sido importante. Con eso no será suficiente para que las elecciones sean adelantadas. Pero es un paso”, enfatizó.