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San José. – El terremoto político que el 7 de diciembre de 2022 sacudió a Perú registró gran cantidad de réplicas en los siguientes 12 meses… y los damnificados y los escombros continuaron esparcidos en el turbio panorama institucional de la sexta principal economía de América Latina y el Caribe.
El futuro del gobierno de la abogada peruana Dina Boluarte, primera presidenta en la historia de Perú, siguió en duda al cumplir hoy un año.
Boluarte tiene la mira puesta en el 28 de julio de 2026 como fecha final de su mandato, pero las apuestas políticas evidenciaron que persisten hondas dudas acerca de si logrará llegar a ese día como gobernante, porque podría sufrir el mismo destino de cuatro de sus cinco antecesores en el cargo—Pedro Pablo Kuczynski, Martin Vizcarra, Manuel Merino y Pedro Castillo—desde 2016: la destitución por la vía del Congreso de Perú.
Boluarte asumió al pasar de vicepresidenta, que ganó en comicios de 2021 como candidata del partido marxista--leninista Perú Libre y con el que rompió en enero de 2022, a presidenta que osciló de centroderecha a derecha.
Con una confusa postura ideológica de marxismo—leninismo a derecha como presidente desde el 28 de julio de 2021 por Perú Libre, Castillo fue destituido hoy hace un año por el Congreso peruano luego de que, sin éxito, intentó ejecutar un golpe de Estado, disolver el Poder Legislativo, cerrar instancias judiciales y otras instituciones e instalar un régimen de excepción para gobernar por decretos urgentes.
“Perú está a la deriva y muy fraccionado. El muy mal gobierno de Castillo hizo que Perú entrara en una crisis espantosa”, afirmó el abogado peruano Víctor García Belaúnde, escritor, político y cinco veces congresista por el opositor partido centroderechista Acción Popular.
“Sí hay un problema (en Perú) de institucionalidad. Hay guerras internas. El gobierno está paralizado por pugnas en su partido (Perú Libre) y carece de partidos en el Congreso que lo defiendan. No hemos avanzado, tampoco retrocedido”, dijo García a EL UNIVERSAL.
“(El gobierno) quiere negociar a como dé lugar para poder gobernar y está dispuesto a ceder muchas cosas que tampoco son bien vistas ante una oposición bastante elemental y básica y prebendaria: le guste venderse por platos de lentejas. La oposición es muy débil, fraccionada y algo corrupta”, aseguró.
Al insistir en que el gobierno “cultiva la demagogia y la improvisación”, adujo que “esperar hasta 2026 es una exageración. Los congresistas y el gobierno deberían adelantar un año las elecciones para empezar a salir del entrampamiento, que no ayuda a nadie y perjudica al país. Un país parado es un país que retrocede”.
En línea directa de sucesión, Boluarte fue posicionada hace un año por el Congreso para concluir el quinquenio para el que Castillo asumió tras ser electo en segunda ronda en julio de 2023, con Perú sumido en su recurrente ingobernabilidad e inestabilidad institucional.
Al ser sustituido, Castillo quedó preso de inmediato para enfrentar medio centenar de casos de presunta corrupción y, por la fallida asonada golpista, de rebelión, conspiración y abuso de autoridad. Con 18 meses de cárcel preventiva, Castillo cumplirá hoy un año de estar encarcelado.
Perú se desbordó en un convulso y sangriento conflicto de violencia que se saldó con unos 60 muertos (las cifras varían) por la represión atribuida a Boluarte para contener una oleada de marchas, bloqueos y protestas callejeras en apoyo a Castillo para exigir que la gobernante dimitiera y que las elecciones de presidente, vicepresidentes y legisladores fueran adelantadas a 2023.
Sin acuerdo en el Congreso para anticipar los comicios, están programados para abril de 2026 en un calendario en ruta empinada para Boluarte, cuyo primer aniversario quedó marcado por otro polémico hecho dentro y fuera de Perú: la controversial liberación ayer del expresidente peruano Alberto Fujimori.
Gobernante de 1990 a 2000, el exmandatario quedó libre por un fallo del lunes pasado de la Corte Constitucional de Perú, basado en causas humanitarias por su deterioro de salud y a partir de un indulto de 2017.
Extraditado de Chile a Perú de 2007, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por dos masacres en Lima en 1991, con 15 muertos en Barrios Altos, y en 1992, con dos decesos y ocho desapariciones forzadas en la (estatal) universidad de La Cantuta. La condena vencería en 2032.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), máximo tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuestionó anteayer el indulto y pidió al Estado de Perú (gobierno de Boluarte) abstenerse de liberar a Fujimori “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas” de Barrios Altos y La Cantuta.
Por “la extrema gravedad y urgencia de la situación” y para evitar “un daño irremediable” al derecho de justicia de las víctimas, la Corte “estima necesario (…) ordenar al Estado del Perú que se abstenga” de dejar libre a Fujimori, precisó.
La Corte declaró culpable a Perú de ambos casos en sentencias de 2001, 2006 y 2007. Las matanzas fueron cometidas por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte o comando paramilitar creado por Fujimori para combatir también a guerrillas maoístas y comunistas.
Fujimori recibió también cuatro condenas de la justicia de Perú por 27 años y medio de cárcel de 2007, 2009, 2015 y 2020 por corrupción y otros delitos. Fujimori defendió su inocencia en todos los procesos.
Al preguntarle este diario si liberar a Fujimori en el primer año de Boluarte significará una nueva réplica del terremoto político que estremeció hace 12 meses a Perú, el médico peruano Luis Solari, exprimer ministro de ese país, alegó: “Nada al azar. Todo sincronizado”.
