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LIMA
.- La fiscalía peruana pidió el lunes la prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado por presunto lavado de activos y por su supuesta injerencia en la adjudicación de obras de infraestructura a la constructora brasileña Odebrecht en las que se gastaron millonarios fondos del Estado.
Durante una audiencia judicial en la que estaba presente Kuczynski, el fiscal adjunto Hernán Mendoza pidió al juez de apelaciones Guillermo Piscoya enviar al exmandatario, a su secretaria y a su chofer ante otro magistrado para que se inicie la sustentación de una prisión preventiva que se extendería por un tiempo aún no conocido. Kuczynski cumple una breve detención de 10 días que vence el viernes.
El juez suspendió la audiencia para analizar el pedido del fiscal.
La fiscalía afirma que Kuczynski realizó supuestos “actos de blanqueo de capital” mientras era ministro entre 2001 y 2006 durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una vía terrestre que conecta Brasil con Perú, así como una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país.
Kuczynski, un exbanquero de Wall Street, fue presidente de Perú entre 2016 y 2018, cuando renunció por un escándalo ligado a la presunta compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos. Lo reemplazó su primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien gobierna Perú hasta 2021 y ha iniciado una cruzada contra la corrupción. Vizcarra no se ha pronunciado sobre el caso hasta el momento.
Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Toledo (2001-2006) está pedido en extradición pero reside en Estados Unidos, Alan García (2006-2011) tiene impedido salir del país por 18 meses e intentó asilarse sin éxito en la embajada de Uruguay en Lima, mientras que Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.
El caso Odebrecht ha remecido a la élite política de Perú, al igual que a la de otros países de la región, luego de que en 2016 la compañía constructora admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica.
