Perú rompió este miércoles una tradición de más de 21 años de democracia y pagó el costo institucional de elegir como presidente a Pedro Castillo: maestro, sindicalista magisterial, novato, inexperto, con escasas habilidades de político y rondero o vigilante campesino.
Con las apuestas divididas sobre el futuro de Castillo de apenas en las próximas horas y ni siquiera en los días venideros, Perú también está pagando una onerosa factura de caos institucional que se acumuló en el siglo XXI por las cuestionadas actuaciones de corrupción y desprestigio de sus fuerzas políticas tradicionales.
“La situación caótica, disfuncional y deficiente del Estado peruano lamentablemente no tiene visos de solución y la solución pasa por la salida de Castillo del gobierno”, afirmó el abogado y politólogo peruano Josef Zielinski, profesor de Ciencias Políticas de la (no estatal) Universidad de Lima.
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“Es por errores propios que él mismo ( Castillo ) se ha hundido en una espiral de debilidad e ilegitimidad. Esto se debe no solo a los escándalos de corrupción que rodean su gestión y en los que él se encuentra involucrado como principal sospechoso, sino principalmente por su manifiesta y supina incapacidad de gestión”, adujo.
En un golpe de Estado todavía con desenlace incierto, Castillo anunció este miércoles la disolución temporal del Congreso de Perú para restablecer la democracia, instalar un “gobierno de excepción” que se regirá por decretos y someter a revisión el aparato judicial y otras
instancias estatales.
Castillo adoptó la ronda de medidas a solo horas de que el Poder Legislativo se dispusiera a iniciar hoy mismo en la tarde el debate de una propuesta para declarar su destitución o vacancia por denuncias de que cometió actos corruptos.
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En un mensaje al país, Castillo informó que decidió “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”.
El Tribunal Constitucional de Perú desconoció por completo las órdenes emitidas por Castillo y lo acusó de ser un gobierno usurpador. Varios ministros de Castillo ya dimitieron en desacuerdo con el todavía gobernante.
En un panorama sacudido por la tensión en las calles peruanas mientras el Congreso se dispone esta misma tarde a definir si aprueba la vacancia de Castillo, cuya presidencia, que se inició el 28 de julio de 2021, estuvo marcada por la profunda inestabilidad política.
Como los soldados en una guerra en campo abierto, Castillo aprendió a correr en zigzag y en diagonal hacia adelante para burlar el ataque enemigo.
Desde que juró al cargo, Castillo esquivó con éxito —en noviembre de 2021 y en marzo de 2022— dos procesos de vacancia o sustitución en el Congreso por “incapacidad moral”, en una secuencia de casos por denuncias de corrupción en contra del Jefe de Estado.
Castillo llegó al poder como un novato e inexperto, pero sus predecesores en el siglo XXI dejaron una estela de corrupción política.
El vicepresidente Martín Vizcarra asumió el 23 de marzo de 2018 en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski por otro conflicto de supuestos sobornos.
Kuczynski, conocido como PPK, quedó obligado a dimitir el 21 de marzo de 2018 por presuntos nexos con transacciones para favorecer a la empresa constructora brasileña Odebrecht, nervio central de un polémico caso de coimas para ganar licitaciones públicas en 10 países de América Latina y el Caribe.
Vizcarra cayó el 9 de noviembre pasado por otro escándalo de presuntas irregularidades. El Congreso lo destituyó ese día tras descubrirse que, como gobernador o presidente regional del sureño departamento (estado) de Moquegua, de 2011 a 2014, recibió sobornos millonarios por contratos de públicas.
Vizcarra rechazó las acusaciones, pero el Congreso declaró su vacancia del puesto por “incapacidad moral permanente” y en su lugar primero designó a Manuel Merino, pero prevaleció la incertidumbre política.
Merino ocupó el cargo del 10 al 15 de ese mes y dimitió en medio de un mortal estallido de violencia callejera y de un vacío político, por lo que el Congreso nombró el 17 a Francisco Sagasti. Con tres mandatarios en una semana, Perú prolongó la incertidumbre generalizada: quitar y poner presidentes se transformó en moda.
En su capítulo peruano, la trama Odebrecht también salpicó a los ex presidentes Ollanta Humala (2011-2016), Alan García (2006-2011 y se suicidó en 2019) y Alejandro Toledo (2001-2006).
Aunque juró para completar los últimos 40 meses de los 60 para los que Kuczynski debió gobernar desde el 28 de julio de 2016 hasta el 28 de julio de 2021, Vizcarra fracasó en su plan de construir un pacto social anticorrupción.
La hora le llegó ahora al novato e inexperto de Castillo.
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