Lima.- El juez supremo peruano, Juan Carlos Checkley, ordenó este miércoles que el expresidente Pedro Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar .
Lo anterior, mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la Fiscalía contra el exgobernante, que se postergó para la mañana del jueves a pedido de las partes implicadas en el caso.
"Se reprograma la audiencia para mañana jueves 15 a las 08:30" (13h30 GMT), dijo el juez Checkley tras aceptar los alegatos de la defensa de que no recibió de la fiscalía todos los documentos de la causa contra Castillo.
El magistrado indicó que el exmandatario seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su fallido autogolpe hace una semana.
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"Considero razonable y necesario concederles un plazo para que puedan tener todos los elementos" del pedido fiscal, señaló Checkley al inicio de la audiencia de este miércoles, a la que no se presentaron Castillo ni sus abogados defensores.
Tras indicar que el pedido fiscal llegó a su despacho "a la medianoche", señaló que iba a reprogramar la audiencia para las 08.30 hora local (13.30 GMT) del jueves.
Ante la insistencia del representante de la Fiscalía para que se pronuncie sobre la situación de Castillo, ya que este miércoles se cumplen los 7 días de arresto preliminar que se dictó en su contra, Checkley prorrogó esta detención durante 48 horas más.
Detalló que "de conformidad" con lo establecido en el Código Procesal Penal para estos casos, si el fiscal requiere prisión preventiva "la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas"
"Ese es el plazo en el cual deberá mantenerse en detención el señor Castillo hasta que se realice la audiencia", remarcó.
El juez supremo también sostuvo que ha notificado "de inmediato" a las partes del caso sobre el pedido fiscal y consideró que la decisión de postergar la audiencia para la mañana del jueves es "un tiempo prudencial".
"Se va a tratar de verificar, si es posible a través de la propia área de la Policía, una constancia sobre la negativa del señor Castillo a participar en la audiencia, que es su derecho, pero debe contar con abogado", remarcó.
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Antes del inicio de la audiencia de este miércoles, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, afirmó que la Justicia de su país está "violando todos los procesos", al haber programado en pocas horas la vista del pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva para el exgobernante peruano.
El abogado, que estaba acompañado por Raúl Noblecilla, otro de los defensores de Castillo, aseguró que iba a conversar con el exmandatario para decidir los pasos a seguir, pero luego dijo que las autoridades no le permitieron el ingreso al penal con el argumento de que no había una autorización.
"Al no tener las garantías necesarias para ejercer un derecho de defensa eficaz, definitivamente no tengo nada que hacer en esta audiencia", remarcó antes de anunciar que se retiraba del lugar junto a Noblecilla.
Castillo también reclamó, mediante una carta publicada en Twitter, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a "coactar" (sic) su libertad.
En el breve mensaje manuscrito, también hizo "responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país" y envió "millones de gracias" a los peruanos "por su cariño y apoyo".
El juez Checkley aprobó durante la noche de este martes la formalización de la investigación preparatoria contra Castillo y su exprimer ministro y asesor jurídico Aníbal Torres por la presunta comisión del delito de rebelión y otros, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.
Tras esta decisión, el fiscal supremo Uriel Teran, encargado de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, presentó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Castillo y Torres.
A diferencia de Castillo, Torres está libre y pasó a la clandestinidad, al conocer la acusación en su contra presentada por la fiscal general peruana, Patricia Benavides.
La investigación de este caso ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.
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