Más Información
Lima/Uruguay.— El gobierno de Perú comunicó ayer al de Uruguay que no existe persecución política “de ningún tipo” contra Alan García, al tiempo que las autoridades de Montevideo indicaron que definirán “a la brevedad pero sin precipitaciones” el asilo solicitado por el ex mandatario peruano, quien ingresó el sábado pasado a la residencia del embajador uruguayo en Lima, mientras es investigado por un presunto caso de corrupción.
La posición oficial de Perú fue expuesta en una nota diplomática entregada por el vicecanciller Hugo de Zela al embajador uruguayo Carlos Barros durante una reunión.
La información “recalca que en Perú impera la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales”, indicó la Cancillería en una nota de prensa.
Puntualiza que en Perú “no existe persecución política de ningún tipo” y que “el Poder Judicial y el Ministerio Público han actuado en el caso del ex presidente García con respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías de la administración de justicia”.
Al término del encuentro, el embajador uruguayo aclaró que su gobierno se tomará “todo el tiempo que sea necesario” para decidir sobre el pedido de García.
Desde Montevideo, el vicecanciller uruguayo Ariel Bergamino, reiteró que su país definirá “a la brevedad pero sin precipitaciones” sobre el asilo solicitado.
“Uruguay determinará, de acuerdo con la urgencia que le asigne al caso, en un plazo prudencial, si accede o no al asilo solicitado”, agregó.
Alan García ingresó a la residencia del embajador uruguayo en Lima el pasado sábado para solicitar el asilo, bajo el argumento de ser un perseguido político y sólo horas después de haber recibido el impedimento de salida del país por una investigación por colusión agravada y lavado de activos.
El fiscal José Domingo Pérez amplió las investigaciones contra García tras recibir indicios de que la empresa brasileña Odebrecht le pagó 100 mil dólares por una charla en Sao Paulo en 2012, un año después de que dejó su segundo gobierno.
El ex presidente (1985-1990, 2006-2011) es investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.
